AMLO busca convertir a la Suprema Corte en 'legisladora' de sus reformas

Esos recursos versan sobre materias tan relevantes como hidrocarburos y el control que Pemex tendría sobre instalaciones privadas; militarización de puertos comerciales; posibilidad de que no les aplique la veda electoral a servidores públicos y hagan proselitismo durante los comicios, o que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) asegure cuentas bancarias sin orden judicial.

Ahora, estos asuntos señalados como inconstitucionales podrían ser avalados pues “con los ministros de la Corte afines a su proyecto, y ante la falta de mayoría en el Congreso, el presidente López Obrador perfila convertir a los ministros en instrumento para avalar leyes que excedan a la Constitución”, considera el politólogo José Antonio Crespo, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE)

Con argumentos distintos, el profesor-investigador del CIDE y del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Jesús Martín Reyes, plantea también que es “absolutamente posible que se repita ese escenario” que ocurrió con la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), y que la Corte valide normas y leyes que son de interés del presidente, particularmente por dos circunstancias:

La primera, señala, porque al resolver sobre la LIE la Corte instauró, sin justificación ni explicación alguna, un nuevo mecanismo de votación. Y la segunda, porque a juzgar por las votaciones recientes, se aprecia en la Corte a “tres ministros del presidente” que resuelven a favor de temas que le interesan a éste, aun con argumentos "cuestionables".

Eso sienta “un antecedente muy peligroso de cara a las próximas decisiones que va a tomar la Corte y que son muy relevantes...(así) va a ser muy difícil que se invaliden disposiciones y creo que eso es algo que afecta y debilita el papel de la Corte como Tribunal Constitucional y guardián de la Constitución”, advierte el jurista.

La SCJN, el último dique

Para Julen Rementería, coordinador de los senadores de Acción Nacional (PAN), los legisladores de Morena y sus aliados del Partido del Trabajo (PT) y Verde (PVEM) han buscado de manera recurrente “la aprobación de leyes para poder ir más allá de lo que la Constitución establece”.

Muestra de ello, dice, es que la oposición junta o separada ha promovido al menos 17 acciones de inconstitucionalidad frente a los que se consideran "excesos legislativos de la 4T", junto con cámaras empresariales, organizaciones de la sociedad civil u organismos autónomos como el Instituto Nacional Electoral (INE), el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública (INAI) o el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), por lo que los recursos podrían ser ya más de una veintena.

Rementería señala que ese número de recursos “habla de que el gobierno no dialoga; si el gobierno lo hiciera, no habría que acudir a la Corte para inconformarse por leyes, que con su sola mayoría han aprobado y que han buscado poder ir más allá de lo que la Constitución establece, reformando la Constitución a través de la aprobación de leyes secundarias”.

Algunos de estos 17 recursos ya fueron resueltos, por ejemplo, se declaró inconstitucional la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos que topaba los salarios de éstos a la percepción del presidente, y más recientemente se echó abajo el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil o la restricción de 10 años para que los servidores públicos de mando superior pudieran laborar en empresas que hayan supervisado, como establecía la Ley Federal de Austeridad Republicana (LFAR).

Los ministros del presidente

Pero la declaratoria de constitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), validada el 7 de abril por la Corte, aunque con voto dividido, abrió un nuevo camino: que la SCJN sea el escenario para avalar legislaciones inconstitucionales, remarca Crespo.

“Morena no tiene los números para lograr reformas constitucionales pero ahora lo que puede intentar es lo que hizo con la LIE: sacar leyes secundarias que contradigan la Constitución y que por eso no son aceptables para la oposición y mandárselas a la Corte. Y la Corte con 4 de 11 ministros se la pueden avalar como pasó con esa ley, aunque sean inconstitucionales”, alerta Crespo.

El 7 de abril votaron a favor de la constitucionalidad de la LIE el ministro presidente, Arturo Zaldívar, las ministras Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz —ambas propuestas por López Obrador para el cargo y la última, incluso, fundadora de Morena—, además del ministro Alfredo Gutiérrez, a quien el mandatario felicitó al día siguiente y expresó su cercanía ideológica con él por ser nieto del exsecretario de Hacienda, Antonio Ortiz Mena, impulsor de la “nacionalización” de la industria.

De acuerdo al artículo 105 de la Constitución “las resoluciones de la SCJN sólo podrán declarar la invalidez de las normas impugnadas, siempre que fueren aprobadas por una mayoría de cuando menos ocho votos” del pleno, que en total es de 11 ministros.

Por eso, aunque los 4 ministros citados no fueron mayoría y 7 se pronunciaron a favor de la invalidez, no se emitieron los 8 votos requeridos para la declaratoria de inconstitucionalidad, pero “son suficientes para los propósitos que persigue el presidente”, valora Crespo.

A su juicio eso pervierte y dinamita a los poderes Legislativo y Judicial pero a López Obrador “le tiene sin cuidado porque como buen autócrata le importa solo hacer su voluntad”.

Por eso considera, incluso, que debería de reformarse el marco legal, pues no es congruente que una minoría de cuatro ministros pueda hacer frente a la mayoría de 7.

“Está mal hecha la ley, deberían ser 6 de 11, una mayoría simple los que pudieran incidir en el sentido de una decisión. Pero hoy con 4 se puede contradecir a los otros 7 y avalar una ley que no sea constitucional, pero como siguen las órdenes de su jefe la avalan y tiene validez aunque vayan contra la Constitución”, insiste.

El investigador Jesús Martín Reyes, del CIDE, plantea que, a juzgar por las votaciones, “si hay en la Corte un bloque de tres ministros del presidente, Zaldívar, Ortiz y Esquivel, que sistemáticamente votan en asuntos importantes para él a favor de su visión, y con muy malos argumentos jurídicos”.

En el caso de la LIE "eran extremadamente cuestionables" los argumentos del ministro Zaldivar, "el proyecto de la ministra Ortiz incluso tenía deficiencias que se plantearon en la sesión, mientras que la ministra Esquivel dio a aumentos muy pobres para defender su posición”.

Las votaciones más significativas en donde se ha apreciado esa debilidad de argumentos y en bloque son, recuerda, el de la LIE, el de la consulta popular sobre juicio a personajes políticos del pasado donde “aún no estaba la ministra Ortiz y los otros hicieron una defensa apasionada para defender lo indefendible” y en la pregunta sobre la revocación de mandato.

Votación de la SCJN estilo 4T

Jesús Martín Reyes, del CIDE y del IIJ-UNAM, explica si es posible que lo que ocurrió con la LIE se repita.

“No sabemos qué va a pasar, ojalá no suceda, pero definitivamente así como lo hicieron en la LIE” en la SCJN podría tratarse de volver a dividir la votaciones “y que no se contabilice la totalidad de los votos a favor o en contra de la invalidez de una norma, sino que se cuenten a favor o no de argumentos para invalidar”.

Y explica: la SCJN siempre había votado normas o artículos en particular, y en el caso de las acciones de inconstitucionalidad, los ministros se pronuncian a favor o en contra de la invalidez de ciertas normas o artículos analizados “y cada ministro puede coincidir en las razones para invalidar, o dar razones distintas con el mismo resultado, la invalidez”.

Pero en la LIE hubo 8 votos por invalidar dos artículos, sólo que 6 ministros coincidieron en dos argumentaciones y 2 ministros dieron cada uno distintas razones. Pero lo que se sometió a votación fue la argumentación y eso fragmentó el voto.

Por eso, explica, en una primera votación 7 ministros estuvieron por la invalidez y 4 en contra. En esa mayoría quedó el ministro Juan Luis González Alcántara por la inconstitucionalidad porque a su juicio la LIE vulnera el principio de libre competencia.

Y en una segunda votación de los mismos artículos “hubo un 7-4 diferente, ahora con el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena votando por la invalidez pero con argumentos basados en el medio ambiente”.

“Si se hubieran tomado de manera conjunta las dos votaciones, como típicamente sucede, hubiéramos tenido los ocho votos para que fuera inconstitucional la LIE, seis ministras y ministros con dos razones para declararlo así y luego dos ministros que dijeron, cada uno, que era inválido por una razón diferente”.

Es por eso que Jesús Martín Reyes considera que si bien es probable que votaciones controvertidas como esas se repitan, “habría que ser precavidos en hacer diagnósticos, no sabemos si la Corte va a seguir votando como históricamente lo había hecho, es decir, por artículo, o si en algunos asuntos va a optar por este otro tipo de votaciones, por argumentos”.

Aun así, alerta “pero si se repitiera el antecedente de esta votación, si estaríamos frente a una situación muy preocupante porque eso haría de alguna manera un poco artificial las decisiones y se generaría una barrera adicional para que la Corte pueda cumplir con ese papel de contrapeso y pueda expulsar del ordenamiento normas, artículos y regulaciones que sean inconstitucionales”.

Para el jurista esa votación novedosa que aplicó la Corte tiene dos problemas: el primero, que no se justificó el cambio como debió hacerse, y el segundo, que de mantenerse ese tipo de votación 8 ministros tendrían que coincidir plenamente en todo para que haya declaratoria de inconstitucionalidad.

“Con este método de votación complicará muchísimo la posibilidad de que se invaliden otros artículos o leyes suponiendo que en el futuro la Corte decidiera adoptar una metodología así, en el que la invalidez dependa de que haya coincidencia entre ocho ministros por un mismo argumento”, advierte.

Esto sin duda, considera “afectará y debilitará el papel de la Corte de Justicia como Tribunal Constitucional y guardián de la Constitución”.

Los asuntos en la mesa de la Corte

Aunque la SCJN sí ha declarado la inconstitucionalidad de asuntos trascendentes como los ya citados, aún aguardan resolución materias de la mayor relevancia para el gobierno obradorista.

Se trata de leyes o reformas aprobadas en 2020 y 2021, denunciadas ante la SCJN por presuntamente rebasar los mandatos constitucionales, pero que ahora su validez quedó en manos no del pleno de la Corte sino de los cuatro ministros, que podrían contrarrestar una declaratoria de inconstitucionalidad y eventualmente, con el nuevo método de votación referido.

Uno de los asuntos de mayor trascendencia que está por resolverse –aunque en este caso por la vía de la controversia constitucional 90/2020– es la solicitud para que se invalide el Acuerdo presidencial por el que se ordenó disponer hasta el 27 de marzo de 2024 de la fuerza armada permanente para tareas de seguridad pública.

La acción de inconstitucionalidad 173/2021, impulsada por diputados y senadores de Va por México y MC, controvierte algo relacionado: la nueva Ley Orgánica de la Armada de México promulgada el 14 de octubre de 2021 y que amplía las facultades de la Secretaría de Marina en zonas marinas, costeras y recintos portuarios, la creación de una unidad de Policía Naval, la cual asumirá el control administrativo del personal naval comisionado en la Guardia Nacional.

Entre las objeciones se acusa que esa nueva norma representa otro paso en la militarización del país —ahora hacia los puertos de marina mercante— ya que aumenta las facultades a las fuerzas armadas sin protocolo y en contra de la Constitución y sin delimitar de manera clara las funciones de la armada.

La adición de un Capítulo V al Título Quinto a la Ley de Instituciones de Crédito (LIC) que fue promulgada el 11 de marzo pasado y que faculta a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para asegurar cuentas bancarias de personas presuntamente involucradas en algún ilícito , pero sin que medie orden judicial, fue llevada a la Corte a través de una acción de constitucionalidad por senadores de Va por México, conformada por el PRI, PAN y PRD.

Cuatro acciones de inconstitucionalidad fueron promovidas también por Va por México más Movimiento Ciudadano, diputados y senadores, contra el “decreto de interpretación” de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe) y de la Ley Federal de Revocación de Mandato que con votos del bloque oficial se aprobó.

Este decreto que permitirá a todo servidor público hacer campaña en todo tiempo, durante procesos electorales, en aras de la libertad de expresión.

En materia de hidrocarburos está pendiente la acción de inconstitucionalidad 91/2021 presentada por senadores del PRI contra varios artículos y el régimen transitorio de la Ley de Hidrocarburos publicada el 4 de mayo de 2021 en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

La SCJN dio entrada al recurso el 27 de enero y en él se alega que se viola la libre competencia y los principios de legalidad y seguridad jurídica, pues permite la acción arbitraria y unilateral de la autoridad en acciones como, por ejemplo, la renovación de permisos.

Además, dado que se establece que las autoridades podrán, vía Pemex, asumir instalaciones de empresas cuyos permisos sean suspendidos con el fin de garantizar la continuidad de las operaciones y la demanda de combustible en el territorio mexicano se argumenta que permite “la extinción de derechos patrimoniales sin derecho de audiencia”.

Senadores y diputados de oposición también controvirtieron la adición de los artículos 23 y 25 de la Ley General de Partidos Políticos y un artículo 19 Ter a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, además de adiciones a la Ley General de Partidos Políticos para que éstos puedan renunciar parcialmente y reintegrar, en cualquier tiempo, su financiamiento para actividades ordinarias permanentes, en la acción con expediente 52/2022.

También está pendiente en la SCJN la acción de inconstitucionalidad 187/2021 presentada por diputados opositores contra el Presupuesto de Egresos 2022 que desapareció programas y gasto para promover la igualdad entre hombres y mujeres como estancias infantiles, refugios para mujeres violentadas, la atención de niñas, niños y adolescentes; combate a las adicciones, rescate de espacios públicos y promoción de proyectos productivos, entre otros.