Desde que en mayo de 2020 se emitió el acuerdo presidencial por el que se faculta a a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, han sido presentadas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 4 controversias de constitucionalidad.
Estos cuatro recursos en contra de la militarización de la seguridad pública fueron presentados por la Cámara de Diputados, el gobierno de Michoacán, el municipio de Colima (Colima) y el municipio de Pabellón Arteaga (Aguascalientes).
En el foro "La Suprema Corte frente a la militarización", efectuado este jueves por las organizaciones que integran el colectivo #SeguridadSinGuerra, se puso hincapié en el hecho de que el acuerdo presidencial de 2020 le da facultades a las Fuerzas Armadas para detener a civiles, patrullar, intervenir en la prevención del delito, asegurar bienes y otros aspectos que pueden vulnerar los derechos humanos.
"Pensamos que con la gravedad de lo que se estaba facultando habría más controversias ante la Corte, y no fue así, incluso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) no se animó a hacerlo", dijo en su intervención Luis Daniel Vázquez Valencia, investigador de la UNAM.
En este sentido, Vázquez Valencia mencionó que uno de los entes que puede presentar una controversia constitucional por invasión de competencias son los ayuntamientos. En México hay más de 2,400 municipios, y solo dos presentaron impugnaciones contra el llamado "acuerdo de militarización".
El principal argumento de las controversias que hasta ahora han sido presentadas es que la seguridad pública le corresponde tanto a municipios como estados y federación.
"Pero en la medida en que se faculta a los militares, lo que de facto sucede es que ellos no se someten a los mandos civiles, por el contrario son los que toman las decisiones y llevan a cabo los operativos. Hay sometimiento de los mandos civiles por parte de los mandos militares", puntualiza el investigador.
En el caso de los ayuntamientos de Colima y Pabellón de Arteaga, su controversia constitucional indica que, con el acuerdo, podría desaparecer su competencia en la seguridad pública y su trabajo de capacitación de los cuerpos civiles, por eso es que se alega una invasión de competencias.
En el mismo sentido va la controversia presentada por el gobierno de Michoacán. Mientras que la Cámara de Diputados argumenta que el acuerdo viola la reserva de ley, no está fundamentado y no recupera el principal mandato del artículo 5 transitorio del decreto por el que surge la Guardia Nacional, el cual establece:
"Durante los cinco años siguientes a su entrada en vigor, y en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria".
Es decir, señaló Daniel Vázquez, se habla de una posibilidad de "disponer", no una obligación, y el principal mandato de ese transitorio no es regular ni usar a las Fuerzas Armadas, sino regresar a los militares a sus cuarteles de forma gradual, en un plazo de cinco años.
"El principal mandato no está regulado, no se sabe cuál es el programa de política pública que explique cómo va a dar cumplimento a ese mandato en un periodo de 5 años. Estamos hablando de cómo un acuerdo de media página afecta gravemente espacios completos de interacción", enfatizó.
Daniel Vázquez reconoció que las controversias constitucionales presentadas en contra de la Guardia Nacional tiene dos limitaciones. En primer lugar, porque la controversia es un recurso "temático", porque solo se argumenta que hubo invasión de competencias. Y en segundo, es que en el pleno de la SCJN se necesitan los votos de ocho ministros para este fallo, "y es muy difícil en este momento juntarlos".
"La sentencia de la Corte que se esperaría es que se ordene un programa de retiro progresivo de los militares, porque no podemos sacarlos de un día para otro, se tiene que hacer un diagnóstico regional, porque la violencia en México se encuentra regionalizada", indicó.
Incluso en el caso del amparo que presentó la organización civil México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), que fue otorgado por un juez, pero que ahora será discutido por en la Corte, también hay efectos limitantes.
Cristina Reyes, abogada de MUCD, explicó que los amparos solo pueden beneficiar a la persona, o en este caso organización, que lo reclamó.
"Si bien esta sentencia representa un paso importante para defender los derechos humanos, sus efectos son limitados, porque específicamente en el resolutivo que obtuvo MUCD se establece que las Fuerzas Armadas no pueden afectar la esfera jurídica de MUCD, porque digamos que para nosotros (la organización) este acuerdo presidencial no existe", detalló.
Pero, agregó, la sentencia es importante en términos declarativos porque implica que se está reconociendo que el acuerdo no surge a partir de una acción preventiva, sino que constituye una pieza más en el proceso de militarización de la seguridad pública. "Se reconoce que implica un efecto amedrentador", expresó.
Este amparo se encontraba en la Segunda Sala de la Corte, en manos del ministro José Fernando Franco, lo cual preocupa a MUCD porque considera que el ministro ha dado señales claras de no querer entrarle al tema y su proyecto planteaba negarles el recurso.
"Necesitamos que la Corte haga una interpretación de lo que significa el artículo quinto transitorio. Cada día que pasa sin que se pronuncie al respecto, es un día que se comenten violaciones a derechos humanos a causa de la militarización", lamentó Cristina Reyes.
