En el foro "La Suprema Corte frente a la militarización", efectuado este jueves por las organizaciones que integran el colectivo #SeguridadSinGuerra, se puso hincapié en el hecho de que el acuerdo presidencial de 2020 le da facultades a las Fuerzas Armadas para detener a civiles, patrullar, intervenir en la prevención del delito, asegurar bienes y otros aspectos que pueden vulnerar los derechos humanos.
"Pensamos que con la gravedad de lo que se estaba facultando habría más controversias ante la Corte, y no fue así, incluso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) no se animó a hacerlo", dijo en su intervención Luis Daniel Vázquez Valencia, investigador de la UNAM.
En este sentido, Vázquez Valencia mencionó que uno de los entes que puede presentar una controversia constitucional por invasión de competencias son los ayuntamientos. En México hay más de 2,400 municipios, y solo dos presentaron impugnaciones contra el llamado "acuerdo de militarización".
El principal argumento de las controversias que hasta ahora han sido presentadas es que la seguridad pública le corresponde tanto a municipios como estados y federación.
"Pero en la medida en que se faculta a los militares, lo que de facto sucede es que ellos no se someten a los mandos civiles, por el contrario son los que toman las decisiones y llevan a cabo los operativos. Hay sometimiento de los mandos civiles por parte de los mandos militares", puntualiza el investigador.