De acuerdo con el décimo Reporte Legislativo de la consultora Integralia, que encabeza Luis Carlos Ugalde, entre septiembre de 2012 y agosto de 2015 (la primera parte del sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto) se promovieron 12 demandas de acción de inconstitucionalidad y ninguna controversia ante la Corte.
“El incremento refleja descuido y desinterés respecto a la constitucionalidad y legalidad de las reformas aprobadas”, señala la firma.
La Corte corrige la plana
La Corte ya ha revertido al menos cinco decisiones del Congreso. En mayo de 2019 invalidó disposiciones sobre remuneraciones de servidores públicos; en marzo un artículo de la ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el cual dejó sin efectos varios artículos de la ley sobre la extinción de dominio (junio 2021) e invalidó parte del articulado de la Ley de Educación.
Por ahora, de los casos resueltos solo han validado la abrogación de la Ley de la Lotería Nacional (febrero 2021).
Las acciones de inconstitucionalidad se han interpuesto en contra de nueve leyes y reformas: la de Remuneraciones de los Servidores Públicos, los Presupuestos de Egresos de 2019, 2020 y 2021, las reformas a la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley de Austeridad Republicana y la extinción de fideicomisos.
También se ha litigado sobre el decreto de la Consulta Popular, las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica, la declaración de procedencia de desafuero de Francisco Javier Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, y la Ley sobre contratación de publicidad.
En el caso de los amparos –interpuestos contra 12 leyes, reformas y otras decisiones legislativas–, algunos están por resolverse en la Corte, mientras que otros se encuentran en otras instancias del Poder Judicial.
Algunos de éstos son la emisión de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, la contrarreforma educativa, la reforma laboral, la Ley de la Guardia Nacional, la Nacional de Extinción de Dominio y la creación del Instituto de Salud para el Bienestar.
También se controvirtieron la Ley de Amnistía, la de la Industria Eléctrica, y las normas para establecer la geolocalización bancaria –la que obliga a crear el padrón de datos biométricos (telefonía móvil)–.