En julio pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó su decisión de dar a las Fuerzas Armadas el control de aduanas y puertos, con el objetivo de combatir el tráfico de drogas, ¿pero esto qué representa para el país?
En términos de seguridad, puede resultar significativo, pero afectaría al comercio si no hay una estrategia y una base jurídica claras, coincidieron este martes especialistas durante un foro virtual de El Colegio de México (Colmex).
"México está muy atrasado en supervisión portuaria (...) pero la 'militarización' y vigilancia sin una estrategia de inspección entorpecería y encarecería mucho el comercio. Los aduaneros y militares deben recibir capacitación, por ejemplo, para distinguir mercancías", expuso el académico Raúl Benítez.
También señaló que, de acuerdo con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), México no cumple con los requisitos del programa de control de contenedores en cuanto a seguridad, y uno de los factores es su tecnología.
Cuando la incorporación de las Fuerzas Armadas fue anunciada, el gobierno indicó que las aduanas son clave para la reactivación económica (pues representan un ingreso anual de 900,000 millones de pesos) y el combate al crimen organizado y a los "delincuentes de cuello blanco".
En este sentido, Benítez mencionó que el tema de las aduanas es distinto a las administraciones de los puertos, pues los militares llegarían por primera vez a resguardar instalaciones, funcionarios y vigilar que no se cometan actos de corrupción.
"(Además), las aduanas de la frontera México-Estados Unidos están como coladera, donde por debajo se pasan la droga y por arriba las armas", refirió.
En su participación, la diputada federal Martha Tagle recordó que para poner en marcha las tareas de las Fuerzas Armadas en puertos y aduanas aún se requiere una serie de reformas de ley, y una de ellas tiene que ser constitucional.
"Pero en los hechos, ya están tomando acciones, como el nombramiento de quienes estarán a cargo. Hay ya 14 nombramientos en marcha porque una de las instrucciones del presidente López Obrador fue esa, tener los nombres de los encargados a más tardar el 1 de agosto (...) Pero si no hay esas reformas, no tendrían que estarse dando estos nombramientos", dijo.
La legisladora de Movimiento Ciudadano agregó que el paquete de reformas se frenó por la inconformidad y posterior renuncia de Javier Jiménez Espriú a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), concretada a finales de julio pasado.
Las reformas mencionadas por Tagle deben ser a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF), a la Ley de Puertos y a la Ley de la Guardia Nacional, además de una modificación a la Constitución Política federal.
La diputada precisó que tanto la Secretaría de Marina (Semar) como la Guardia Nacional ya tienen facultades de vigilancia en cuanto a seguridad sobre aduanas y puertos, pero el control que se les estaría dando con estas reformas es en materia de administración.
"Las Administraciones Portuarias Integrales (APIS) no tienen que ver con actividades de seguridad, esas ya las tenían las Fuerzas Armadas; y ahora tiene que ver con lo administrativo y la regulación del comercio.
"Las facultades que están buscando darles no tienen que ver con lo que el presidente dice, con el combate a la corrupción y la seguridad, porque además su presencia tampoco ha garantizado nada", expresó.
Martha Tagle enfatizó que con esto se le suma a las Fuerzas Armadas una carga de trabajo administrativa en puertos y aduanas. Cabe recordar que estas corporaciones ya se encargan de la seguridad pública, del combate al robo de hidrocarburos, del control de la migración, de la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía y de las sucursales del Banco del Bienestar.
No es nueva la presencia de fuerzas armadas en puertos, el problema es cuando intervienen en lo administrativo.
El académico Jorge Tello coincidió en que antes de dar el control administrativo a las Fuerzas Armadas es urgente revisar el marco conceptual y la base jurídica de lo que está por reformarse.
Aunque Raúl Benítez reconoció que México vive una "militarización endémica", también enfatizó la urgencia de que las Fuerzas Armadas tomen el control de los principales puertos -en este caso Manzanillo y Lázaro Cárdenas- para hacer frente al crimen organizado.
Puso como ejemplo al dominio que en 2015 lograron Los Caballeros Templarios en el puerto de Lázaro Cárdenas y, más reciente, a la expansión lograda por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que hoy en dia tiene el control de los contenedores para el tráfico de drogas por el Pacífico.
Se trata de una demanda para que un grupo criminal no tenga presencia en el comercio exterior.
En tanto, el diplomático Miguel Basañez aplaudió que se le esté dando este control a las Fuerzas Armadas, siempre y cuando, dijo, sea una medida temporal para no debilitar a los puertos y aduanas.
"Veo con optimismo la decisión de involucrar a la Semar en el manejo de los puertos. Estoy consciente en que los expone y debilita, por lo que esta debe ser una medida temporal, pero tenemos un caso gravísimo: el crimen organizado ha ido ascendiendo y expandiendo su influencia", consideró.
