Ortiz fue diputada federal de 2012 a 2015 por el Partido del Trabajo (PT) y en 2013 votó en contra de la reforma energética avalada ese año por el Congreso.
El recurso ante la SCJN para que la ministra se excuse fue promovido por la bancada del PAN, el Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), que integran la coalición Va por México.
En este se expone que Ortiz puede tener interés personal en el caso, y de ello deriva la “duda razonable” respecto a si tendrá una actuación imparcial al resolver sobre la inconstitucionalidad de la LIE.
Ortiz Ahlf tiene afinidad con los partidos que la aprobaron (Morena y PT) y en la votación de la reforma constitucional energética, en 2013 –donde el sector se abrió a la inversión privada-, votó en contra y expresó en foros su rechazo al esquema de libre competencia en la generación de energía eléctrica, que se avaló entonces y aun hoy está en la Constitución.
En febrero de 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió una iniciativa, en la que se eliminó el enunciado respecto a la libre competencia en la generación y comercialización de energía eléctrica y se da prioridad a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Los legisladores de Morena y sus aliados aprobaron la propuesta sin cambios.
Por eso, la oposición recurrió a la SCJN para denunciar la presunta inconstitucionalidad de la LIE aprobada por los legisladores de la llamada cuarta transformación.
“En la acción de inconstitucionalidad que se plantea está presente –de manera primordial– el respeto, entre otros, a lo establecido en los artículos 25, 27 y 28 constitucionales. Con los cuales la Ministra Ortiz Ahlf no está de acuerdo, como ya expresó públicamente, al haber votado en contra de las reformas en materia energética de 2013”, establece la petición de recusación de la juzgadora.
“El impedimento (de esta) versa sobre el juicio anticipado que ella ya ha emitido respecto del sentido que a su juicio debe tener la Ley de la Industria Eléctrica, y más allá: la propia política energética en nuestro país”, se añade.
El conflicto de interés –de acuerdo con el PAN, PRI y PRD- es “insuperable, toda vez que (Ortiz) lleva muchos años manifestándose en contra de la política energética constitucional integral que hoy rige”.
