La Comisión Permanente del Congreso recibió este jueves la iniciativa de reforma constitucional sobre extorsión, que será el primer paso hacia un marco jurídico que permita la aplicación de la estrategia nacional en contra de ese delito.
Con la reforma se facultará al Congreso a legislar en materia de extorsión y se le ordena a emitir, en un plazo de 180 días, las leyes reglamentarias respectivas.
La propuesta de reforma, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, propone una adición a la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución para agregar el delito de extorsión a las materias que el Congreso puede legislar.
En la exposición de motivos, la presidenta refiere que se requiere homogeneizar la estrategia de combate a la extorsión y también las sanciones (las penas máximas y las mínimas de prisión y las multas) pues hay disparidad entre lo que se establece a nivel federal y en los estados.
“Se puede afirmar que no existe una política criminal unificada sobre la gravedad y la justa punibilidad del delito de extorsión a nivel nacional, a pesar de ser una de las conductas delictivas de mayor incidencia y gravedad en el país”, refiere el documento.
Por eso, agrega, se requiere que el Congreso expida una legislación general, en la cual se establezca, como mínimo, la homogeneización del tipo penal y de sus penas.
También, deberá establecerse la concurrencia de atribuciones entre la Federación y las entidades para que las autoridades de los tres niveles de gobierno tengan más capacidad de respuesta y coordinación entre ellas, además de mayor capacidad de investigación, indica.
Con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se reconoce que en enero de 2025 “se registró un promedio diario de 29.77 extorsiones, lo que representa un incremento del 52.62% en solo seis años”.
De 2022 a 2024 se registraron 32,793 víctimas de extorsión. En 2018, el promedio diario fue de 19 extorsiones.
Establece que la extorsión es un delito que afecta a todo el país, pero no hay homologación de penas y hay entidades que establecen de cuatro a 12 años de prisión, mientras que a nivel federal es de dos a ocho. El estado con mayores sanciones es Chihuahua con 30 años máximo.
En cuanto a las multas, el documento refiere que son once entidades en las que estas oscilan de entre 36,000 y 86,000 pesos. En cambio, en siete entidades, el rango es de 77,000 a 130,000 pesos. En Coahuila se registran las multas más altas: de 345,000 a 691,000.
La propuesta explica que con esta facultad el Congreso puede, en la ley general correspondiente, desarrollar los ejes rectores de las políticas para prevenir el delito de extorsión en los tres niveles de gobierno.
Se argumenta además que la alta incidencia del delito de extorsión se debe a la pluralidad de medios que permiten su comisión, tales como instrumentos telefónicos, electrónicos y tecnologías de apoyo que le permiten al agresor no tener contacto directo con la víctima.
De forma adicional a esas modalidades, ese delito se puede cometer en cualquier lugar o región del país o fuera de este, pero con ejecución en territorio nacional.
La reforma explica que la extorsión es usada por la delincuencia organizada para tener ingresos económicos considerables, por lo que no solo afecta a las víctimas en lo individual, sino también a amplios actores de la sociedad, pues se extorsiona a empresas, negocios y establecimientos involucrados en las cadenas económicas.
Este jueves, el coordinador de los diputados federales de Morena, Ricardo Monreal, expuso que será hasta el miércoles próximo cuando la Comisión Permanente turne la iniciativa a la Cámara de Diputados.
La discusión puede iniciar esa semana, pero su análisis y aprobación esperará al menos tres meses, hasta el periodo ordinario de septiembre.
