Tras un año de protestas, México enfrentará en 2025 la inédita elección judicial

El INE, que ha organizado en lo que va de su historia alrededor de 350 elecciones sin conflictos poselectorales ni problemas mayores, es el responsable de llevar a buen puerto también este proceso sin precedentes, pero al que va con casi todo en contra.

Esta elección se realizará en cumplimiento de la Reforma Judicial aprobada en septiembre por el Congreso, misma que ordenó la renovación total de integrantes del Poder Judicial en dos partes, la mitad en la elección de junio de 2025 y la otra en 2027.

En la primera se elegirán 881 cargos: a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) -ahora de nueve ministros-, amén de magistrados de un nuevo Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), uno de la Sala Superior y la totalidad de cinco Salas Regionales.

También se elegirá en urnas a titulares de juzgados de distrito y magistrados de circuito.

Es decir, en la elección de junio un votante podrá marcar un mínimo de seis boletas, el doble de las tres que marcó cada ciudadano en la elección federal de junio de 2024 en la que se eligió presidencia de la República, una diputación y una senaduría de mayoría y al mismo tiempo en esas mismas boletas se votó por legisladores plurinominales.

Ahora serán seis papeletas, cuando menos, pues habrá entidades –aún no se define cuántas ni cuáles- en las que se elegirá a jueces y magistrados locales, lo que podrá elevar el número de boletas.

Dado que estarán a elección 40% más posiciones que los cargos federales que se renovaron en la elección que acaba de pasar, y en las que se imprimieron 317 millones de boletas, el INE mandará a producir el mayor número de boletas para una elección: 600 millones sólo para cargos judiciales federales.

Para ahorrar, además de papeletas tamaño carta, habrá otras media carta, 60% más baratas, y de paso reducirá el tiempo de producción.

En sólo 75 días deberá imprimir todo y, debido a la premura, cuando inicie la impresión aún no tendrá la Lista Nominal de Electores (LNE) definitiva.

Además del volumen del proceso electoral en curso, está su complejidad, pues la geografía electoral es distinta a la forma de organización del Poder Judicial, y la reforma constitucional ordenó una elección por circuito judicial.

La elección no será así, pese a que lo establezca la Constitución, pues para un proceso manejable el INE dividió los circuitos judiciales (son 32 en el país, casi coincidentes con cada entidad) entre los 300 distritos electorales.

Con esa decisión redujo el número de cargos a elegir, que de otro modo se hubiera disparado aún más.

La austeridad obligará a improvisar modelo

Otro elemento de incertidumbre en la elección es la escasez de recursos.

El INE calculó que aplicar el modelo electoral previsto en la Constitución, que indica que todo ciudadano en LNE debe tener garantizado su derecho al voto en condiciones de igualdad, lo que se traduce en que las casillas deben ser cercanas y debe contar con boletas suficientes.

Eso implicaría instalar 172,000 casillas, pero debido a que la Cámara de Diputados no autorizó los 13, 205 millones de pesos requeridos, el INE optó por un recorte al costo proyectado para la elección judicial.

Así, calcula destinarle 6, 219 millones de pesos, cifra 53.59% menos de lo proyectado originalmente y a la que ya ha aplicado varios reajustes.

Salvo que se le autorice más gasto, irá a esa elección judicial con centros de votación, unos 73, 850, en los hechos una reducción de 57% a la infraestructura para votar.

En ese esquema sería casi un centro de votación por sección electoral, pues los 300 distritos del país se dividen en 70,753 secciones.

En estos centros se concentrarán varias mesas de votación y en una sola urna se recibirían las boletas marcadas por todos los cargos sujetos a elección.

Con ello el INE se ahorraría en equipamiento de casillas, en urnas y en personal responsable, es decir, CAES y SE, quienes auxilian a los ciudadanos que fungen como funcionarios de casilla.

Se había programado contratar a 50,000 de estos trabajadores eventuales, pero dado que no hay dinero serán sólo 29 mil 656 , un recorte de 58% de la cantidad inicial.

Por eso la operación de los centros de votación podría implicar una sobrecarga laboral y tener consecuencias en la elección, escenario que ya anticipan los consejeros electorales.

Por eso se analiza innovar aún más en el modelo y que esta vez los ciudadanos habilitados como funcionarios de mesa de casilla no cuenten votos en cada mesa de votación.

Esto dada la complejidad de asentar en las actas las diferentes combinaciones de votos posibles, para lo cual sería necesaria papelería de mayor tamaño y mega sábanas de resultados donde queden reflejadas todas las posibilidades de votos emitidos.

En el nuevo esquema las urnas serían llevadas a los Consejos Distritales, que es donde se realiza el cómputo distrital de votos en comicios normales, el miércoles siguiente a una votación.

También se analiza, por ahora sólo como una alternativa de ahorro y ante la dificultad de esta novedosa elección, no realizar el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) para anticipar extraoficialmente los nombres de los ganadores del proceso y tampoco concretar un Conteo Rápido, ejercicio estadístico que da con certeza y rapidez los resultados de la elección.

A esas decisiones se suma la de no realizar la verificación muestral del padrón de electores, no obstante que todo en su conjunto han sido medidas aplicadas históricamente para reforzar la confianza en las elecciones.

Con todas estas decisiones el tradicional modelo electoral que ha brindado certeza a los resultados electorales quedaría modificado sustancialmente

Abstencionismo y acarreo

En la elección judicial se anticipa que habrá algunos centros de votación en los que sí haya concentración o filas de electores, es previsible que haya estructuras partidistas que movilicen electores, o que éstos empleen más tiempo para votar que en una elección normal.

Extraoficialmente se estima que cada votante tarda 40 segundos en unos comicios “normales”; en estos quizá tarden dos minutos, en el supuesto de que medianamente se razone el voto y no sea automático.

Sin embargo, también se cierne sobre el proceso electoral judicial la sombra del abstencionismo, y al mismo tiempo la alerta por “movilización” de ciudadanos, es decir acarreo.

En la elección federal pasada, en que se eligió a la presidenta Claudia Sheinbaum, acudieron a votar 61.04% de los ciudadanos en LNE, menos que seis años antes. Es decir 1.9% de los electores que votaron en 2018, no acudieron a emitir su sufragio en esta ocasión.

De acuerdo a Integralia, en las elecciones de junio pasado la participación electoral cayó en 26 entidades. Tabasco –considerado el bastión de Morena- tuvo una participación 14% menor a la de 2018 y en Oaxaca, Guerrero, Veracruz y Tamaulipas, todas gobernadas por ese partido, también aumentó el abstencionismo.

En 2021 participaron 6.6 millones de ciudadanos, es decir sólo 7.11% y un abstencionismo de 92.8%, en la consulta popular sobre “juicio a expresidentes”

En abril de 2022 en la consulta de revocación de mandato participaron 16.5 millones de votantes, es decir apenas 17.77% o sea un abstencionismo de 82.2%.

En ambos ejercicios hubo amplia difusión a cargo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y de Morena.

Ahora está prohibido que los gobiernos difundan o intervengan en la elección judicial –lo que también estaba vedado en las consultas—pero además hay restricción expresa para impedir que los partidos interfieran en la elección judicial.

Pese a ello, expertos anticipan que el diseño del proceso, en el que los Comités de Evaluación de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial son los que al final deciden a los candidatos que irán a la boleta, hace que prácticamente sea Morena el gran elector de los comicios judiciales.

Esto porque son afines al partido guinda los designados en los Comités de los Poderes Legislativo y Judicial, y ellos definirán dos terceras partes de las postulaciones por las que se votará; por tanto, en los hechos sí habrá injerencia partidista.

Ahora, en la elección de junio, se sumará a la ecuación el desconocimiento sobre quienes serán miles de los candidatos, mínimo 5,000 para la elección judicial federal, lo abonará en abstencionismo, según la consultora Integralia, especializada en temas electorales y riesgo político.

“Será una elección sin certeza, con poca participación, con poco pueblo. Elección con poco pueblo, porque va a haber pocas casillas, porque la gente no va a saber qué se está eligiendo, porque va a haber poca promoción del voto”, anticipó el director de Integralia y experto electoral Luis Carlos Ugalde, en entrevista para Radio Fórmula el 21 de diciembre.

Podría acudir a las urnas “menos de 10% y no va a ser voto informado”, según el exconsejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE).

En todo el país, para elegir nueve ministros habrá, se estima, de 81 a 92 candidatos. Para elegir cinco integrantes del TDJ habría 45 abanderados. Para un magistrado de la Sala Superior del TEPJF y tres de la Sala Regional habrá unos 40 candidatos.

Si, como todo apunta, en la capital el país se concreta la elección de cargos del Poder Judicial local, podría haber otras cuatro boletas, o sea diez en total, en el mejor escenario.

Para jueces y magistrados en la ciudad de México habría otros 30 candidatos. Así, para un elector de la capital implicaría conocer cuando menos a las 20 personas candidatas que apoyará, e informarse sobre los 200 candidatos de entre los cuales discernirá sus votos.

“Siendo francos. ¿Quién va a saber más de tres o cuatro nombres?. Por lo tanto, va a ser de-tin-marín, de tin-marín. Y como la mayoría (de las personas) van a ser movilizadas por partidos, por gobernadores, mucha gente va a llegar con un papelito donde va a decir por quién hay que votar para cada cargo” previó Ugalde.

“El reto será imposible de cumplir: alta votación con voto informado. Va a ser menos de 10% la participación y no va a ser voto informado”, anticipó.

Ese panorama se antoja optimista pues podría ser peor: el problema de recorte presupuestal, austeridad, abstencionismo y acarreo, puede replicarse en las elecciones judiciales de las entidades del país.

Por ejemplo, para seguir con el caso de la capital, de 990 millones de pesos solicitados por el Instituto Electoral de la capital (IECDMX) para la elección de cargos judiciales locales, el Congreso de la ciudad aplicó un recorte y cuando menos le redujo 300 millones de pesos.

Los consejeros locales deberán recortar programas y realizar ajustes para sacar adelante la elección judicial local.

Con el añadido que no serán, al parecer, sólo cuatro boletas extra: el consejero del IECDMX, Ernesto Ramos, declaró en entrevista que deberán elegir al menos 25% de los jueces y 40% de los magistrados, o sea que no sólo serán cuatro en total.

Además reveló que Talleres Gráficos de México, con el que el Instituto tiene firmado un acuerdo, ya les reportó que no tiene papel seguridad para la elección local.

“No hay cantidad suficiente en este momento de papel seguridad para poder hacer la impresión de las boletas” por lo que el IECDMX deberá decidir qué hacer, si usa otro papel con menos medidas de seguridad, o recurre a otro proveedor.

Se agrega que “los cómputos van a ser muy complejos” y por eso el INE está considerando no hacer PREP por lo que tendrá que innovar los métodos para contar votos y lo mismo ocurrirá en la ciudad, declaró la consejera local Patricia Avendaño.

Litigios sin precedentes y aún vivos

Además de todos esos contratiempos de esta elección se suma el retraso en la organización, pues de por sí el Congreso ordenó realizar todo en tiempo récord, pese que, debido a lo inédito del proceso, todo apunta a que deberá de improvisarse un modelo diferente de elección.

Un proceso electoral federal implica varias etapas que se desahogan en diez meses y las licitaciones y contratos inician un año antes.

Ahora, al menos una semana antes de concluir 2024 no se había convocado a ninguna licitación ni firmado contratos relativos al proceso judicial.

Ni siquiera se había convocado a reclutar CAES y SE que deben recorrer todo el país y visitar, por ley, a cuando menos 13 millones de ciudadanos para que participen en la elección y prepararlos para ser funcionarios de mesas de casilla, etapa que ya tiene al menos un mes y medio de atraso.

Esa tardanza en la organización se debe a que el INE carece de certeza en el financiamiento para detonar procesos de contratación de personal, insumos y servicios.

De hecho, debido al recorte presupuestal que sufrió, por 13, 476 millones de pesos, el mayor ajuste de su historia, ya solicitó reunirse en enero con la presidenta Claudia Sheinbaum para exponer la necesidad de una ampliación presupuestal que le permita organizar la elección como la había programado.

Los retrasos se deben también a que, de forma inédita, la Reforma Judicial, que ya está en vías de cumplimiento, ha sido litigada por juzgadores agrupados en la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED), trabajadores del Poder Judicial y partidos, y de hecho todavía hay procedimientos vivos que buscan cancelar la enmienda.

Por ello aún están pendientes varios escenarios posibles: que se concrete la elección de nuevos juzgadores y eso desate nuevos conflictos jurídicos con los juzgadores que hoy ocupan el cargo; que se resuelva inconstitucional la reforma judicial en la SCJN; que ésta decida no atraer el caso, o que se atraiga y no se dé la razón a los quejosos.

La validez de la enmienda es cuestionada debido a que implicará el cese anticipado de cientos de jueces, magistrados y ministros, lo que motivó decenas de amparos, juicios ciudadanos, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, interpuestos por juzgadores, trabajadores judiciales, partidos.

Entre otros argumentos, se impugnó que cambió la naturaleza del Poder Judicial, al no respetarse la estabilidad en los cargos y el ascenso mediante un mecanismo profesional como lo es la carrera judicial, lo que podría afectar la independencia de ese Poder.

Aunque la SCJN analizó los recursos promovidos por los partidos, no analizó de fondo la reforma. Y además aún hay una petición para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronuncie al respecto.

Por todo eso el asunto aún está en litigio, y el Poder Ejecutivo, el Legislativo e incluso el Judicial y el organizador de los comicios, el INE, están señalados por desacato a la orden de jueces y Tribunales de Circuito que ordenaron la suspensión provisional de todo lo ordenado en la reforma.

Hasta el momento hay ya una sentencia, dictada principios de diciembre por la titular del juzgado sexto de distrito, jueza María Gabriela Ruiz Márquez, en la que se concedió el amparo a un quejoso; se resolvió que la reforma es inconstitucional y se ordenó al Congreso de la Unión, a los Congresos estatales y al Poder Ejecutivo no aplicarla.

Sin embargo, por tratarse de una primera instancia el caso aún podría llegar a un Tribunal Colegiado, si es impugnada. Y eventualmente podría ser atraído por la SCJN, pleno que decidirá si aborda o no el asunto de fondo, y resolver en definitiva.

“Si la Corte lo atrae, por tratarse de un juicio de amparo, para declarar la inconstitucionalidad de la reforma judicial, bastan seis votos. A diferencia de las acciones de inconstitucionalidad que antes hicieron valer los partidos políticos, que se requerían ocho votos y que no se alcanzaron. Aquí bastarían seis votos”, declaró el magistrado Juan José Olvera, de la JUFED al anticipar que todo puede ocurrir.

Por otro lado, sin embargo, de manera exprés Morena y sus aliados en el Congreso aprobaron una reforma a la Constitución en materia de “supremacía constitucional”, por la cual no es susceptible de impugnación ninguna reforma constitucional y todo recurso, incluso previo, debe sobreseerse.