De los 13,205 millones de pesos solicitados por el INE exclusivamente para la elección de jueces, magistrados y ministros, la Cámara de Diputados no se le autorizó ni un peso etiquetado al organismo electoral.
Por el contrario, del monto total solicitado (40,475 millones de pesos), que incluía recursos para esa elección, su presupuesto base, cartera institucional de proyectos, financiamiento de partidos políticos y una eventual Consulta Popular, sólo le autorizaron 27,000 millones de pesos en el Presupuesto de Egresos 2025.
Según cálculos de consejeros electorales, el INE sólo tendrá para la elección alrededor de 4,349 millones de pesos, por lo que tendrá que hacer ajustes al resto de sus partidas -sin tocar los recursos de los partidos- para sacar adelante la elección judicial.
Mediante ajustes y readecuaciones a su presupuesto, la bolsa final para la elección judicial podría ser de 6,132 millones de pesos, de acuerdo con estimaciones del organismo ventiladas públicamente.
La elección de 2025 será la más grande que ha tenido el país -contrario a lo que sostiene el Ejecutivo y Morena-, pues se elegirán 881 cargos judiciales (federales). En el pasado proceso electoral federal fueron 629 cargos federales, el resto fueron locales.
Además, en junio hubo 2,304 candidaturas y ahora se esperan más de 5,000.
Para la elección de jueces, magistrados y ministros se había previsto instalar más de 172 mil casillas, pero eso no será posible y ahora se piensa en 80,000 "centros de votación", según ha admitido la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei.
“El primer ajuste será en la estructura de la elección”, comentó.
Para la instalación de 172,000 casillas se preveían 50,000 Capacitadores Asistentes Electorales (CAES), y ahora se estiman sólo 30,000, además de Supervisores Electorales (SE).
Los CAES serán los responsables de visitar a más de 13 millones de mexicanos nacidos en febrero y mayo, según el sorteo realizado la semana pasada por el INE, para invitarlos a participar.
Además, no se les podrá aumentar el salario y tendrán una excesiva carga laboral, superior a la del pasado proceso electoral, reportó la consejera Dania Ravel la semana pasada, en sesión de Consejo General, el 20 de diciembre.
Para el Proceso Electoral Federal 2024 se contrataron 7,123 supervisores electorales y 42,657 CAE, los sueldos fluctuaron entre 15 mil 785 pesos y 9 mil 500 pesos y, recordó Ravel, se tuvieron bajas de personal debido a que no eran sueldos tan altos.
De acuerdo a la consejera Norma de la Cruz, se analiza incluso que, en vez de casillas con 750 boletas, haya tal vez "centros de votación" con entre 1,500 y 3,000 boletas.
“Tenemos que revisar nuestro modelo. En vez de tener tu casilla a una cuadra será a tres o cinco”, dijo la consejera en rueda de prensa la semana pasada.
Buscarán ahorro hasta en boletas
Debido a que no le autorizaron los recursos, que solicitó el INE acordó -de marea inédita- no realizar las encuestas de verificación nacional muestral para la revisión del padrón electoral previo a una elección.
Ese control se establece para verificar y, en su caso, detener casos de expedición irregular de credenciales para votar con fotografía, o que en el padrón haya personas ya fallecidas.
Otro rubro en el que se buscan ahorros será en las boletas.
“Quizá ya no en papel seguridad, sino con medidas de seguridad. Quizá ya no en papel carta, tamaño carta, sino media carta”, valoró la consejera Carla Humphrey en la sesión citada.
Las boletas, sin embargo, son parte de las medidas de seguridad que se han establecido en las elecciones mexicanas para evitar falsificaciones. Estas son: marca de agua con el logotipo del INE, fibras ópticas visibles, fibras ópticas ocultas, microimpresión, impresión invertida, imagen latente e impresión invisible, candados que están en revisión.
De acuerdo a los consejeros, seguirán a revisión todos los gastos de las distintas áreas ejecutivas, de todas las unidades responsables del INE, para ver dónde es susceptible disminuir algunos gastos y destinarlos a las elecciones judiciales.
Sin embargo, hay otras decisiones ya tomadas y que permitirán ahorros forzados.
Contrario a lo que ha ocurrido desde hace décadas ya, no podrán participar los mexicanos que viven fuera del país (voto en el extranjero), pues la reforma judicial no previó mecanismos para hacerlo posible. Y el actual marco legal obliga realizar auditorías a los sistemas de votación electrónica, antes de hacerlos aplicables, por lo que no podrán aplicarse en la elección de 2025.
Además, también por ahorros, no habrá elección dentro de centros penitenciarios, por lo que tampoco podrán sufragar los reos con o sin sentencia.
El Consejo General del INE aprobó la implementación del voto anticipado sólo para la elección de las ministras y ministros y magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, así como de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que son los únicos cuyo ámbito de elección es en todo el territorio nacional.
Las boletas también serán diferentes, por lo que las personas que opten por esta modalidad de votación dispondrán de más tiempo para que las analicen, identifiquen la candidatura de su preferencia y marquen o escriban su elección en el espacio correspondiente.
El voto anticipado tiene como fin garantizar el ejercicio de los derechos políticos en cumplimiento de diversas convenciones internacionales que promueven la igualdad y la no discriminación.
