Paridad judicial: en riesgo de retroceso ante cese masivo de juzgadoras

Claudia Espinosa Almaguer, abogada especializada en estudios de género y feminismo, subraya que la paridad 50-50 "no es a costa de todo”, pues también es importante el respeto a los derechos de las mujeres.

El problema, coincide Patricia Mercado, feminista, diputada de Movimiento Ciudadano e integrante de la Red de Mujeres en Plural, es que la paridad también implica el respeto a los derechos, así como el acceso a reglas de competencia equitativa y a una vida libre de violencia. Eso, advierte, no quedó garantizado del todo.

La Red de Mujeres en Plural considera que ya se vulneraron los derechos político-electorales de las mujeres juzgadoras, quienes para ocupar sus cargos ascendieron a través de estrictos procesos de selección y concursos de oposición, pero ahora se decidió su salida por insaculación.

El principio de paridad pudo salvaguardarse excluyendo a todas las juzgadoras de la tómbola en el Senado, considera la Red.

"Esa hubiera sido una acción afirmativa plenamente válida en materia electoral que hubiera protegido la participación de las mujeres en el Poder Judicial", agrega la asociación civil.

Para Lorena Vázquez Correa, politóloga e investigadora del Instituto Belisario Domínguez del Senado, la exclusión de las mujeres juzgadoras del proceso de insaculación debió ser la vía. No obstante, aclara que existen otros mecanismos para garantizar la paridad.

"De la reforma judicial se pueden analizar y discutir muchos temas, pero sí está la paridad de género en la reforma constitucional, en las leyes secundarias que se reformaron y en los transitorios. Ese fue un avance del Congreso, pues la iniciativa presidencial presentada el cinco de febrero no contemplaba ninguna medida en favor de la paridad", observa.

Sin embargo, para Adriana Ortega Ortiz, magistrada del segundo tribunal colegiado en materia de trabajo del primer circuito, designada en febrero pasado, y quien salió en la rifa, lo que hizo el Senado fue una tómbola ciega que no distinguió entre desiguales.

“Las mujeres participamos en esta rifa sin que se tomaran un montón de factores: estamos sobrecargadas con labores de cuidado, enfrentamos más obstáculos para capacitarnos, no solamente cuidamos a los hijos pequeños, no sólo estamos embarazadas, no solo lactamos”, enfatiza.

También hay, recuerda, mujeres que cuidan a sus padres, con hijos con discapacidad o que padecen enfermedades terminales. Ninguna de esos factores se tomaron en cuenta, por lo que la Asociación Nacional de Jueces y Magistrados (JUFED) propuso posponer la salida de las mujeres del Poder Judicial hasta 2027.

Mujeres en el Poder Judicial

La abogada Claudia Espinosa Almaguer recuerda que el área relacionada con el derecho y la aplicación de la justicia, como fiscalías, juzgados y tribunales, están tradicionalmente "masculinizados", pues décadas atrás las mujeres no tenían acceso a esos espacios.

La muestra de cómo ha sido más difícil para las mujeres ascender y romper ese "techo" es que la primera mujer ministra que llegó a la SCJN nació en 1918 y llegó a ese máximo tribunal muy recientemente, en 1961. Desde esa primera ministra pasaron más de 60 años para que una mujer, Norma Piña, llegara a presidir la Corte.

En 2019, el Congreso aprobó la reforma constitucional en la que se ordenó “paridad en todo” para los tres poderes de la Unión. En 2021, el Poder Judicial se reformó para garantizar la paridad de género en la carrera judicial.

Por eso, si en 2018 se estimaba que en los órganos jurisdiccionales la proporción aproximada era de 80% varones y 20% mujeres, después de las reformas hubo avances.

De 2019 a 2023 se han realizado al menos seis concursos exclusivos para mujeres en el Poder Judicial, de los que han resultado 53 juezas y cinco magistradas, según datos de Vázquez Correa en su análisis “Paridad de género en el Poder Judicial”.

Pero aún hay un importante rezago en la paridad. De acuerdo con datos del INEGI, hasta el cierre de 2022 únicamente 3 de cada 10 titulares de magistraturas y juzgados, en promedio, eran mujeres:

• En los Tribunales Colegiados de Circuito 77.9% son hombres y 22.1 mujeres.
• En los Tribunales Colegiados de Apelación 67.5% son hombres y 32.5 mujeres.
• En Juzgados de Distrito 61.3 por ciento son hombres y 38.7 por ciento son mujeres.
• En Centros de Justicia Federal 83.6 por ciento son hombres y 16.4 mujeres.

La Jufed establece como el dato más reciente que en total hay 548 juezas y magistradas, 224 se irán el próximo año y 324 en 2027. Todas las personas que las sustituyan serán electas en urnas.

Para decidir la mitad que será electa en la primera elección judicial, el Senado hizo una tómbola el 12 de octubre y de ahí resultó que en la primera tanda serán sujetos a elección 464 magistraturas y 386 juzgados de distrito.

En esas posiciones, hay actualmente 148 juezas y 76 magistradas en funciones, todas ellas de carrera judicial. De ellas, ocho magistradas y una jueza han notificado al Senado su decisión de no competir, y aún hay plazo para que otras se sumen, lo que significa la aceptación de su salida.

Las bases para elegir a los nuevos funcionarios judiciales sí establecen que se elegirán hombres y mujeres, incluso más de éstas. Por ejemplo, para la SCJN, de los nueve cargos a elección cinco deberán ser mujeres y cuatro hombres.

El Tribunal de Disciplina Judicial, de cinco miembros, deberá tener también más mujeres: tres magistradas y dos magistrados; la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación serán una integrante mujer y un varón, además de 10 magistradas y cinco magistrados de las Salas Regionales de TEPJF.

En tanto, de los 464 cargos a elegir para magistraturas, la mitad deberán ser hombres y la mitad mujeres, y lo mismo para elegir a 386 titulares de juzgados de distrito.

Hasta ahí, las reglas son claras para que lleguen más mujeres al Poder Judicial.

¿Entonces por qué la elección judicial afectará a mujeres?

Además de la salida anticipada de juezas y ministras, están por verse otras consecuencias derivadas de la reforma.

Espinosa Almaguer, también maestra en política criminal, expone que otra problemática que deberán enfrentar las juzgadoras despedidas será su reubicación laboral.

"Las áreas en las que las mujeres abogadas nos desarrollamos son espacios laborales muy arriesgados, muy inseguros laboralmente, es mucho más probable, por los sesgos que tiene el Derecho, que los hombres varones consigan trabajo, a que las mujeres lo logremos", expresa Espinosa.

Además, no se incluyó en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe) -reformada para posibilitar la elección de cargos judiciales- el requisito a los aspirantes de cumplir la llamada 3 de 3 de la violencia contra las mujeres.

Esta consiste en acreditar no haber sido condenados por ejercer violencia contra las mujeres en sus modalidades contra la integridad corporal, libertad sexual, violencia familiar o doméstica, o ser deudor alimentario, entre otros.

Aunque no se especificó ese requisito, éste ya está en la Constitución desde 2023, por lo que el Instituto Nacional Electoral (INE) deberá vigilar su cumplimiento. Empero, hasta el momento esto ha sido poco efectivo, pues se exige la existencia de sentencia judicial firme y para ello pueden trascurrir años de litigio.

“El INE por supuesto que lo puede tomar en cuenta, debería de tomarlo en cuenta, no está obligado. El tema es que no está obligado y bueno, pues ahí tenemos un problema”, agregó la diputada Mercado, de MC.

Vázquez Correa, del Instituto Belisario Domínguez, también reconoce que en este punto podría haber dificultades para su cumplimiento, pues el INE ya las ha enfrentado en elecciones constitucionales.

Ahora que los cargos del Poder Judicial ya son electivos, la reforma en materia de violencia de género les aplica a esas candidaturas.

“Pero por la experiencia que tenemos y las limitaciones que ha enfrentado el INE, creo que el proceso electoral del Poder Judicial no va a estar exento”, reconoce Vázquez Correa.

El obstáculo principal, y que no se consideró en la Legipe, es que las entidades federativas e instituciones no han elaborado y/o no han hecho públicos sus padrones de violentadores, ni siquiera el de deudores alimentarios, y no se impuso un plazo para obligarlos a esa transparencia.

Por ejemplo, la información de deudores alimentarios debió transparentarse hace años y sólo 15 estados tienen actualizado su listado, por lo que el INE ha estado imposibilitado para hacer cruces de datos y cumplir las normas.

Otra dificultad latente, plantea la abogada feminista, Claudia Espinosa Almaguer, es la posibilidad de que haya candidaturas de personas que se autoadscriban como mujeres y ocupen espacios que les corresponden.

No es lejano ese escenario si se considera que, en las elecciones de cargos de gobierno, al estar garantizados los derechos de toda persona a la no discriminación, se ha abusado.

Recuerda, por ejemplo, el caso de su natal San Luis Potosí, en donde “muchos hombres candidatos a presidentes municipales dijeron bajo protesta decir verdad que se sentían mujeres y el organismo electoral admitió sus candidaturas”.

Sin embargo se trató de una estrategia para sacar provecho de las reglas de paridad, por lo que –indica Espinosa- las mujeres también podrían enfrentar ese obstáculo al tener que pelear por sus espacios, ahora también en el Poder Judicial