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Tres años de AMLO: los pendientes y contradicciones en el gobierno

AMLO llega a medio mandato con pendientes en rubros como seguridad y anticorrupción. En el primero, la violencia sigue y el Ejército permanece en las calles, aunque él prometió regresarlo al cuartel.
lun 29 noviembre 2021 11:59 PM

El próximo miércoles 1 de diciembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador cumple tres años de haber asumido el cargo. En este tiempo, suma varias metas cumplidas –como ampliar los programas sociales, crear una Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa o echar atrás la reforma educativa aprobada en el sexenio anterior–, y si bien él incluso sostiene que ya sentó las bases de una "cuarta transformación" en el país, también mantiene pendientes en áreas clave y acumula varias contradicciones entre sus promesas y sus acciones, según lo muestran cifras oficiales y especialistas.

Un ejemplo de esto es la postura que ha tenido hacia las Fuerzas Armadas. Cuando estaba en la oposición, López Obrador criticó el uso del Ejército en tareas de seguridad pública y puso como plazo seis meses para regresar a los soldados a los cuarteles, pero ya como presidente no solo ha hecho que los militares sigan en labores de lucha contra la delincuencia, sino que también ha desplegado a más de 200,000 elementos y les ha multiplicado sus responsabilidades.

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A lo largo de 36 meses en Palacio Nacional, esa ha sido una de las contradicciones entre el López Obrador candidato y líder opositor y el López Obrador presidente. En otros ámbitos —desde el combate a la corrupción hasta la política migratoria, pasando por la política exterior—, la realidad evidencia otras inconsistencias.

Corrupción: ¿barrer las escaleras de arriba hacia abajo?

El presidente ha mantenido un discurso constante contra la corrupción, al asegurar que es el principal problema del país. Por ello, prometió "barrer las escaleras de arriba para abajo", pero los datos no muestran un avance significativo ni que este combate haya alcanzado los últimos escalones.

Si bien en dos años el país subió del puesto 138 al 124 en el Índice de Percepción de la Corrupción, los puntajes obtenidos no han variado mucho: en 2019 fue de 29 y en 2020 fue de 31, en una escala de cero a 100 en la que cero es igual al nivel más alto de corrupción percibida y 100 es igual al más bajo.

Además, México sigue siendo el país peor evaluado entre los 37 integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). "Aunque estos datos muestran una tendencia positiva para el país, México no recupera aún su mejor evaluación histórica, que fue de 35 puntos en 2014", señaló el organismo.

Para expertos, esto no significa mucho avance, sobre todo cuando el presidente se había propuesto llegar a los primeros lugares del ranking y los ciudadanos siguen padeciendo la corrupción cotidiana.

María de los Ángeles Estrada González, directora ejecutiva de la Estrategia Anticorrupción en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, señala que la ciudadanía sigue siendo víctima de la corrupción a nivel micro y que el hecho de que se haya detenido a un exfuncionario como Emilio Lozoya no cambia cómo se viven estas prácticas en el día a día.

"El caso Lozoya se resuelve en ámbitos que la mayor parte de la ciudadanía jamás va a poder tocar, aunque no quiere decir que no nos afecte porque es dinero público, pero el hecho de que él esté o no en la cárcel no tiene un efecto directo en cómo nosotros experimentamos la corrupción: nosotros seguimos yendo a un Ministerio Público y nos siguen pidiendo 'mordida' para presentar una denuncia, seguimos intentando ir a un hospital para que nos den una cama y nos van a poner en lista de espera a menos que demos 500 pesos. Esa es la corrupción a la que los ciudadanos estamos expuestos y esa no ha cambiado", comenta.

Aunque la percepción sobre la frecuencia de actos de corrupción en instituciones de gobierno se redujo de 91.1% en 2017 a 87% en 2019, la tasa de prevalencia de corrupción y la de incidencia de estos actos aumentaron en el mismo periodo, según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2019.

 

El ejercicio del INEGI reveló que 15,732 personas por cada 100,000 habitantes que tuvieron contacto con algún servidor público experimentaron algún acto de corrupción, cuando en 2017 la cifra fue de 14,635. Mientras, los actos de corrupción por cada 100,000 habitantes pasaron de 25,541 en 2017 a 30,456 en 2019, es decir, 19.2% más.

Adicionalmente, en un año México cayó del lugar 104 entre 128 países al 113 de 139 países en el Índice de Estado de Derecho 2021 elaborado por la organización World Justice Project. La categoría en la que registró la calificación más baja fue ausencia de corrupción, que analiza el uso del poder público para beneficios privados; en ella, se colocó en el puesto 135 mundial y el último lugar en América Latina.

Del "no a la militarización" al amplio desplieuge

Antes de ser presidente, López Obrador no solo planteaba regresar al Ejército a los cuarteles y retirarlo de tareas de seguridad. Además, tenía un plazo para hacerlo: seis meses.

En 2012, el entonces precandidato prometió que si ganaba las elecciones de ese año se encargaría de que los militares regresaran a sus instalaciones.

"No debe seguir exponiéndose al Ejército ni socavarlo, regresarlo en la medida que se va profesionalizando la policía y eso nos llevará seis meses, en tanto la nueva policía federal sea la que se haga cargo de garantizar la seguridad", dijo en uno de sus videos semanales.

Un año después, en un tuit, criticó el uso de las Fuerzas Armadas. "Es perverso que los potentados utilicen al Ejército para enfrentar el problema de la inseguridad que ellos crearon por dedicarse a saquear", escribió.

Sin embargo, ya en su gestión, el Ejército no solo no regresó a los cuarteles, sino que incrementó sus tareas.

Francisco Burgoa, abogado constitucionalista y catedrático de la UNAM, refiere que una de las contradicciones del presidente se ha dado en el ámbito de la seguridad pública.

"Tenemos videos en los que se ve cómo AMLO candidato dice que cuando él sea presidente va a sacar al Ejército de las calles porque solo debe estar en cuarteles, y ya que llega al poder piensa diferente, donde sí requiere contar con una reforma para formar la Guardia Nacional con elementos de la Policía Federal, del Ejército y la Marina. Además de que eso fue una incongruencia, ahora propone otra: formalizar que la Guardia pase a la Sedena", señala.

Con la confianza del presidente y la aprobación ciudadana, a las Fuerzas Armadas se les facultó para estar en tareas de seguridad pública, control de migración, entrega de enseres en 11 estados, combate al robo de hidrocarburos, auxilio en la pandemia de COVID-19 y construcción de obras, entre otras acciones.

Actualmente, según cifras oficiales, en el país hay 210,620 efectivos desplegados:

  • 91,737 de la Secretaría de la Defensa Nacional.
  • 28,932 de la Secretaría de Marina.
  • 89,951 de la Guardia Nacional.

Pese a este despliegue, la inseguridad no cede. Desde el 1 de diciembre de 2018 y hasta el pasado 30 de octubre, se han registrado 103,133 homicidios dolosos y feminicidios, y es en este gobierno en el que se han registrado los tres años más violentos para el país.

 

Migrantes: ofrece puertas abiertas, después impone muro

"Donde come uno, comen dos". Con esa frase, antes de tomar posesión, López Obrador abría a los migrantes las puertas de México. Sin embargo, su política migratoria cambió ante la amenaza del entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien planteó gravar con 5% las mercancías mexicanas si continuaba el flujo de personas hacia territorio estadounidense. Este amago obligó a México a negociar y a desplegar a la Guardia Nacional en sus fronteras para contener la migración, en el fin de evitar la imposición de aranceles.

"Me complace informarles que Estados Unidos ha llegado a un acuerdo firmado con México. Las tarifas programadas para ser implementadas para el lunes quedan suspendidas indefinidamente. México tomará medidas sólidas para detener la marea migratoria a través de su territorio y hacia nuestra frontera sur. Esto se está haciendo para reducir en gran medida la inmigración ilegal", dijo Trump en sus redes sociales en 2019.

A partir junio de ese año, México desplegó a los primeros 10,000 elementos de la Guardia Nacional en sus fronteras, cifra que en 2021 supera los 25,000 efectivos.

Según datos de la Sedena, actualmente hay 28,463 militares para el control migratorio:

  • 15,016 en la frontera norte.
  • 13,447 en la frontera sur.

Entre enero y octubre de este año, la autoridad reportó que se había "rescatado" a 39,620 migrantes en territorio mexicano y que se habían repartido 106,977 raciones alimenticias.

Para Germán Pérez, licenciado en Derecho por la UNAM y doctor en Filosofía por la Universidad de Frankfurt, bajo este gobierno México ha maltratado a los migrantes como nunca había sucedido.

"Nunca había sido un gobierno mexicano tan regresivo con los indocumentados y estos nunca habían sido tan maltratados como lo han sido en este gobierno. El presidente les dijo 'vénganse, somos hermanos, donde come uno, comen dos, tienen puertas abiertas', pero después no le quedó más remedio que implementar una política represiva, de contención y de sumisión frente a Estados Unidos", dice Pérez.

 

¿A favor de la transparencia?

Durante su gobierno, López Obrador ha asegurado que está a favor de la transparencia, aunque varias veces ha acusado al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) de ser omiso y de que sus comisionados "callaron como momias" en casos de sexenios anteriores.

A la par, se ha incrementado el número de recursos de revisión en los primeros años de esta administración. Mientras la cifra más alta había sido en 2018, con 11,961, para 2019 estos pasaron a 18,523 y a 17,088 en 2020. En lo que va de 2021 se han reportado 13,158, según datos del Inai a septiembre.

Para especialistas, es cuestionable que el presidente diga que está a favor de la transparencia cuando acaba de publicar un acuerdo que consideran contrario al derecho humano al acceso a la información. Dicho acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) clasifica como asunto de seguridad nacional todo lo relacionado con los proyectos de infraestructura de este gobierno.

Fernando Nieto, investigador de El Colegio de México (Colmex), advierte que este acuerdo mantendrá la información como reservada, lo que viola los derechos de los ciudadanos.

"Una de las consecuencias de este acuerdo es que, al clasificarlos como de seguridad nacional, entonces potencialmente toda la información relativa a estos proyectos se mantendría como reservada, (el gobierno) no tendría que informar cómo se ejercieron los presupuestos, cuestiones relacionadas con la obra, contratistas, etcétera. Abre la puerta a la opacidad", señala.

En su defensa, el presidente ha insistido en que el acuerdo es para facilitar los trámites burocráticos y que nada tiene que ver en contra de la transparencia. En cambio, el Inai ya analiza presentar ante la Suprema Corte una controversia constitucional, por considerar que este documento está en contra del principio de máxima publicidad.

¿7 de cada 10 hogares se benefician con programas sociales?

En su discurso del 1 de septiembre pasado por la entrega del Tercer Informe de Gobierno, el presidente aseguró: "El 70% de los hogares de México está inscrito en cuando menos un programa de bienestar o se beneficia de alguna manera del presupuesto nacional".

Sin embargo, esto difiere de los datos publicados por el Inegi en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2020, que señalan que en realidad son tres de cada 10 hogares. Desde marzo, en la publicación del Censo del Bienestar se advertía esta cifra, pues el 25% de los encuestados señaló que recibía algún programa del gobierno.

Un análisis del Instituto de Estudios sobre Desigualdad (Indesig), con base en los datos de la ENIGH, mostró que los hogares beneficiarios de programas sociales pasaron de 28% a 30% entre 2018 y 2020, es decir, prácticamente se han mantenido en estos porcentajes desde 2014.

"La transformación de la política social del país, de dar más dinero a través de transferencias, ha tenido como consecuencia que ahorita sean los mismos hogares en promedio los que reciben programas sociales, respecto a años anteriores", dice Máximo Jaramillo-Molina, director general del Indesig.

Pero además, el análisis de Indesig reveló que, mientras en 2016 los programas sociales llegaban al 67% de los hogares en extrema pobreza, para 2020 el alcance es de 43% de las familias en esta situación, contrario a la premisa del gobierno de "primero los pobres".

"El curso de la política social actual marcha sobre la discursiva de un gobierno que, lejos de favorecer a los más vulnerables bajo la retórica de 'primero los pobres', se mantiene pasivo ante las adversidades que la crisis representa", advierte la organización Signos Vitales.

A lo largo de la pandemia de COVID-19, que provocó el cierre temporal de actividades y con ello causó pérdida de empleos, el presidente ha reconocido el golpe económico de la crisis sanitaria, por lo que urge a la reapertura una vez que la mayor parte de los adultos está vacunada.

En agosto, luego de que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) informó que de 2018 a 2020 el número de pobres aumentó en 3.8 millones de personas — para situar el total en 55.7 millones de personas —, López Obrador rechazó esos datos y dijo que hay otras formas más certeras de medir el bienestar de las personas.

La política de no intervención, bajo la lupa

El presidente asegura que México respeta la vida interna de otros países porque se rige por los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos, establecidos en el artículo 89 de la Constitución. Sin embargo, sus adversarios lo han criticado por tomar postura en algunos conflictos regionales, por ejemplo, por haber dado asilo al expresidente boliviano Evo Morales y por pedir a Estados Unidos suspender el bloqueo económico a Cuba.

"Lo referente al artículo 89 el presidente lo maneja a su conveniencia, porque cuando el presidente debe tomar una postura y se trata de sus amigos, sí se pronuncia, pero cuando se trata de posturas ideológicas diferentes a la suya no le gusta manifestarse", destaca Francisco Burgoa, catedrático de la UNAM.

En noviembre de 2019, México ofreció asilo político a Evo Morales tras su renuncia a la presidencia de Bolivia.

"La Cancillería mexicana ha decidido concederle asilo político al señor Evo Morales por razones humanitarias y en virtud de la situación de urgencia que se enfrenta en Bolivia, donde su vida y su integridad corren riesgo", informó entonces el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

Ofrecerle asilo político a Morales ocasionó fricciones con el gobierno interino de Bolivia, el cual, a cargo de Jeanine Áñez, ordenó la salida del país de la embajadora de México, María Teresa Mercado, y aumentar la vigilancia sobre la embajada.

Otro episodio que ha generado críticas al presidente fue su petición a Estados Unidos para que frene el bloqueo a Cuba, así como la invitación a México al presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, quien ha sido cuestionado por reprimir manifestaciones en la isla.

Hace unos días, López Obrador advirtió a congresistas de Estados Unidos que si votan en contra de la regularización de 11 millones de mexicanos los expondrá en su conferencia de prensa.

"Si legisladores de un partido bloquean esta iniciativa, nosotros lo vamos a señalar en su momento de manera respetuosa, lo vamos a dar a conocer desde aquí, de que un partido, sus legisladores, no ayudaron a algo que es justo, humanitario", adelantó.

El gobierno pierde la paridad en el gabinete

El presidente asegura que apoya a las mujeres —quienes representan el 51.5% de la población mexicana— y sostiene que eso lo ha demostrado con acciones y no solo con palabras. Por ejemplo, suele recordar que cuando fue jefe de gobierno del Distrito Federal (2000-2005) integró un gabinete paritario.

"Fui el primer gobernante que formé un gabinete en donde la mayoría de los secretarios eran mujeres, cuando fui jefe de gobierno de la Ciudad de México, de 14, 16 cargos, ocho, 10 mujeres", dijo recientemente en conferencia de prensa desde Zacatecas, donde presumió que envió una terna para la Suprema Corte con dos mujeres, de entre quienes fue elegida ministra Loretta Ortiz, y también destacó que nominó a Victoria Rodríguez como gobernadora del Banco de México.

"Por primera vez va a haber una gobernadora del Banco de México, mujer, que era como el 'Club de Toby', eso ya empieza a cambiar", aseguró, e igualmente resaltó que con él dos mujeres llegaron por primera vez a dos secretarías de Estado: Olga Sánchez Cordero en Gobernación —aunque ya fue sustituida por Adán Augusto López— y Rosa Icela Rodríguez en Seguridad.

Aunque el gabinete llegó a estar compuesto por nueve mujeres, con los cambios realizados en los últimos meses, como la salida de Sánchez Cordero y de Irma Eréndira Sandoval de la Secretaría de la Función Pública, ahora solo siete de las 19 secretarías tienen a una mujer como titular.

Esto es incluso violatorio de artículo 41 de la Constitución, que establece que en la integración del gabinete legal deberá prevalecer la paridad de género.

"Es grave que el último nombramiento en una secretaría no considere la paridad de género, es inconstitucional porque la ley es vigente y muy clara en que el gabinete federal y el de los gobernadores debe ser paritario. Los nombramientos deben considerar la ley, y no es por voluntad del presidente", afirma Lorena Vázquez Correa, académica de la UAM.

Con licencia, pero no lejos de la vida partidista

Para asumir la presidencia y gobernar para todos los mexicanos, según lo argumentó él mismo, López Obrador pidió licencia a Morena para separarse de su vida partidista.

Pero si bien afirma que no interviene en asuntos de partidos, el mandatario sí ha tomado posición en conflictos relacionados con las fuerzas políticas. Por ejemplo, recomendó a Morena elegir a su dirigente nacional a través de una encuesta y también ha dicho que apoyará al candidato presidencial que sea elegido por ese método en 2024. Igualmente, defendió las candidaturas de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón por las gubernaturas de Guerrero y de Michoacán, respectivamente.

Las postulaciones de Salgado Macedonio y de Morón fueron rechazadas por el Instituto Nacional Electoral (INE) y por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en resoluciones que públicamente fueron criticadas por López Obrador.

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