Con la GN, la militarización alcanzó una profundidad legal nunca vista

El informe también coincide con el anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador de impulsar una nueva reforma constitucional para eliminar por completo el mando civil que en 2019 se utilizó para legitimar las tareas de esta corporación en la seguridad pública, y así transferir por completo a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

En este sentido, el Centro Prodh enfatiza que, con la creación de la Guardia Nacional, sus leyes secundarias y acuerdos presidenciales, la militarización en México se ha "profundizado" sin que haya controles internos y externos que garanticen el respeto a los derechos humanos.

Así se ha profundizado la "militarización de la seguridad pública"

La militarización de la seguridad pública dio sus primeros pasos a partir de la década de los 80, pero se formalizó en el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) con la llamada "guerra contra el narcotráfico" y se mantuvo en el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018). Ambos exmandatarios impulsaron las leyes de Seguridad Nacional y de Seguridad Interior, respectivamente, para acreditar la participación de las Fuerzas Armadas en este rubro, pero había importantes vacíos legales.

El Centro Prodh recuerda en su informe que las promesas de campaña del entonces candidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador, generaron expectativas sobre una revisión del modelo de seguridad que acumulaba miles de víctimas de homicidio, de desaparición forzada y de violaciones a derechos humanos. Específicamente, el líder de izquierda planteaba regresar a los militares a los cuarteles.

"Sin embargo, muy pronto se anunció la creación de la Guardia Nacional (...) y acabó con cualquier expectativa. Las leyes secundarias de la Guardia Nacional se hicieron a la medida de las Fuerzas Armadas", señala el informe.

En mayo de 2020, en medio de la emergencia sanitaria por COVID-19, se emitió un acuerdo presidencial por el que se dispuso de la Fuerza Armada Permanente para realizar labores de seguridad pública en todo el territorio nacional hasta 2024.

Esto, indica el Centro Prodh, incumplió con las obligaciones internacionales de México y supuso una "inédita entrega" de funciones al sector castrense que, además, fue rematada con la decisión de adscribir a los mandos territoriales del Ejército las unidades operativas de la Guardia Nacional.

Una Guardia impugnada ante la Corte

En el informe, la organización civil menciona que en dos años, la Guardia Nacional tiene un marco jurídico "endeble" que se ha prestado a una serie de impugnaciones ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), principalmente contra las leyes secundarias y el acuerdo presidencial de 2020.

Las impugnaciones han sido presentadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y organizaciones civiles, pero hasta la fecha, ninguna ha llegado al pleno de la Corte, aunque hay una que está próxima a discutirse.

Se trata del amparo que presentó la organización México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) contra la Ley de la Guardia Nacional por violar el mandato constitucional de crear una institución civil para tareas de seguridad pública.

El asunto llegó a la Segunda Sala de la Suprema Corte, pero los ministros decidieron este 30 de junio que, por su importancia y trascendencia, el amparo debía ser analizado y resuelto por el pleno de la SCJN.

"En este sentido, exhortamos al ministro ponente la formulación de una resolución que analice el fondo de los argumentos y establezca límites a la participación del Ejército en tareas de seguridad pública dentro del marco constitucional. (En caso contrario), podría dejar zanjada la discusión con respecto al carácter militar de la Guardia Nacional", alertó MUCD en un comunicado .

Persisten las violaciones a derechos humanos

El informe del Centro Prodh reconoce que en el actual gobierno "se han contenido las peores expresiones de violación a derechos humanos que tuvimos en los últimos 15 años". Sin embargo, dice, "algunos de los patrones documentados de violaciones a derechos humanos no han cambiado".

Incluso, menciona que la organización internacional Human Rights Watch consideró en su momento que la creación de la Guardia Nacional era un "error colosal" que podría frustrar cualquier esperanza de poner fin a las atrocidades que tanto sufrimiento han causado en México los últimos años. Y Amnistía Internacional también se sumó al rechazo.

De acuerdo con la investigación realizada por el Centro Prodh, del 30 de junio de 2019 al 23 de marzo de 2021, la CNDH abrió 451 expedientes de queja en contra de la Guardia Nacional, es decir, más de 21 denuncias por violaciones a derechos humanos cada mes.

Pese a estas cifras, el organismo nacional que dirige Rosario Piedra Ibarra solo emitió una recomendación a la GN. Y lo mismo ocurre con la Fiscalía General de la República (FGR), que durante el periodo de análisis muestra una "prácticamente nula capacidad de investigación ante denuncias por abusos castrenses", en los que estarían involucrados miembros de la Guardia.

Además, la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada y Desaparición por Particulares, de la FGR, tiene integradas 97 carpetas de investigación en las que están involucrados miembros de Fuerzas Armadas, pero solo se ha ejercido acción penal en cinco casos.

"Las instituciones externas de control que deberían activarse no han estado presentes, ni la FGR ni la CNDH han iniciado investigaciones exhaustivas y, por consiguiente, menos aún los resultados de estas en seguimiento a tales casos y denuncias", enfatiza la organizaciónn

El informe también destaca que la Guardia Nacional mantiene un registro detallado de todos los eventos en que emplea la fuerza letal, pero este no se ha hecho público integralmente y de manera proactiva.

Ese reporte da cuenta de 14 elementos de la GN que han sido privados de la vida en el ejercicio de sus funciones, y al mismo tiempo muestra que sus elementos han privado de la vida a 94 personas hasta ahora, de las cuales la propia corporación solo reconoce a cinco como civiles, y al resto como "agresores".