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Proponen unir elecciones judiciales, políticas y revocación de Sheinbaum en 2027

En esas elecciones Morena se jugará su hegemonía para 2030, pues se renovarán los cargos en 12 de los 23 estados que actualmente gobierna.
sáb 08 noviembre 2025 12:24 AM
Proponen revocación de mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum en 2027
Morena planea adelantar para 2027 una consulta pública sobre la continuidad de Claudia Sheinbaum en la Presidencia. (Foto: Andrea Murcia Monsivais/Cuartoscuro)

La mayoría de Morena en la Cámara de Diputados busca concentrar en una sola jornada las elecciones federales, locales y judiciales de 2027 con la consulta de revocación de mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum, a pesar de que la ley establece que los procesos de revocación no podrán realizarse el mismo día de una elección.

Según Morena, esto permitirá ahorrar recursos en la elección de 6,588 cargos y alentará la participación ciudadana. Pero la oposición señala que es una estrategia electoral para que la figura presidencial aparezca en la boleta y supuestamente jale el voto para cargos legislativos y de gobierno.

Además, los opositores acusan que esto permitiría que Sheinbaum haga campaña con los candidatos de su partido con la finalidad de mantener la mayoría en la Cámara de Diputados, 17 gubernaturas, 30 de 32 Congresos locales, la otra mitad del Poder Judicial de la Federación y 12 Poderes Judiciales locales. Todos estos cargos se elegirán el 6 de junio de 2027.

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Será en esas elecciones donde Morena se juegue su hegemonía para 2030, pues se renovarán 12 de las 23 gubernaturas que tiene: Baja California Sur, Baja California, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas. Además de San Luis Potosí, gobernado por el Partido Verde de México (PVEM), un aliado de Morena.

Así, con todo eso en la mesa, el partido oficialista busca un escenario para librar en una sola contienda las elecciones y el proceso revocatorio.

Esto será posible si se concreta la reforma constitucional propuesta el pasado 18 de septiembre por el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar y que este lunes será dictaminada.

De aprobarse y entrar en vigor, habría otras ganancias colaterales: permitiría arrancar la recolección de firmas en pro de la revocación, desde octubre a diciembre de 2026 y con ello burlar las leyes electorales con precampañas y campañas federales y locales adelantadas.

Algo similar ya ocurrió con la revocación de mandato de 2022, cuando por todo el país se desplegó un extenso y millonario operativo, primero de recolección de firmas y luego, de promoción de la “ratificación” del presidente Andrés Manuel López Obrador.

De hecho, no fue un grupo opositor el que lo impulsó, sino el mismo expresidente para cumplir su promesa de campaña, mismo caso que tiene enfrente ahora la presidenta Claudia Sheinbaum.

El primer proceso revocatorio de 2022 sirvió para posicionar a quienes después serían candidatos de Morena incluso a gubernaturas, o a personajes que se dijeron sin partido y que Morena los tiene hoy como diputados y alcaldes.

¿Qué propone la iniciativa?

La revocación de mandato es un “instrumento de participación solicitado por la ciudadanía para determinar la conclusión anticipada en el desempeño del cargo de la persona titular de la Presidencia de la República, a partir de la pérdida de la confianza”.

Es decir, no es una elección, sino un proceso de participación ciudadana mediante el cual los electores pueden decidir si un gobernante debe concluir de forma anticipada su encargo.

El 3 de septiembre de 2021 se reformó el artículo 35 de la Constitución para incluir esa figura, pero con un candado: el proceso de revocación no podrá ser el mismo día de una elección.

Fue con esa restricción que se logró el voto de las bancadas y se pudo aprobar esa reforma constitucional.

Pero ahora, a propuesta del diputado de Morena Alfonso Ramírez Cuéllar, se plantea abrir el candado y que la revocación sí sea el mimo día de las elecciones federales. También propone empatar las consultas populares, que cada año pueden realizarse, con las elecciones que en su caso haya.

“La propuesta lo que está buscando es compactar los procesos electorales (…) y sobre todo tener estos ahorros necesarios. Como que no estamos para andar haciendo gastos”, explica Ramírez Cuéllar.

Según su iniciativa, habría tres beneficios:

–Mayor participación. La consulta popular de 2021 implicó 57,077 casillas y participaron 7.10% de la Lista Nominal de Electores. La revocación de mandato de 2022 fue con 57,448 casillas y participaron 17.77% de la Lista.

–Facilitará las tareas y actividades del Instituto Nacional Electoral (INE), pues en lugar de dos o más calendarios sólo habrá uno.

–Habrá “reducción significativa en los costos de organización”. La consulta de 2021 fue de 528 millones de pesos; la revocación del 10 de abril de 2022, de 1,567 millones de pesos.

“No hay otro objetivo”, asegura el diputado al rechazar propósitos electorales y que los candidatos morenistas se “cuelguen” de la presidenta Sheinbaum y su “ratificación” en el cargo.

Nos ahorraríamos una gran cantidad de esfuerzo, un desgaste institucional. Sería un círculo virtuoso muy grande”,
Alfonso Ramírez Cuéllar, diputado de Morena.

Ramírez Cuéllar refuta, además, los señalamientos de Rubén Moreira, coordinador de los diputados federales del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien aseguró que el objetivo central de la iniciativa es permitir a la presidenta Sheinbaum “meter las manos a la elección”.

“Es totalmente infundado el temor del PRI, por el contrario, se abre muchísimo la libertad”, asegura el morenista.

El dictamen, que se prevé aprobar este lunes, considera viable cambiar la Constitución para que el proceso revocatorio sea el mismo día de las elecciones. Es decir, en junio de 2027 en el caso de los próximos comicios.

Sólo que modifica las fechas en las cuales se podrá solicitar un proceso de revocación de mandato para que sea “entre el primero de octubre y el 31 de diciembre posteriores a la conclusión del segundo año del periodo constitucional”.

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Actualmente, un proceso de ese tipo debe ser solicitado después de que transcurra la mitad del sexenio, de modo que ocurriría para 2028.

Ahora se propone que se solicite apenas se cumplan 2 años y se realice cuando la presidenta concluya los 2 años 9 meses de mandato.

“Esta comisión estima que la medida resulta jurídicamente viable, necesaria y congruente con los principios de eficacia, economía, transparencia y honradez”, indica el dictamen.

La letra chiquita de la revocación

Más allá de que se junten elecciones y revocación, la reforma tiene otras implicaciones, como el uso de los recursos públicos y quién puede o no hacer propaganda. Ambos asuntos están regulados en la Ley de Revocación de Mandato, pero ya fueron ignorados por los actores políticos en 2022.

En ese proceso se violaron todas las prohibiciones en esas y otras materias.

La Ley estableció que sólo el INE podía realizar la promoción de la consulta de revocación de mandato, y éste ordenó limitar la propaganda gubernamental para que sólo se difundieran servicios educativos, de salud o protección civil durante el proceso.

Pero esas restricciones no se cumplieron. De hecho, en marzo de 2022, la Cámara de Diputados aprobó con el voto morenista y aliado un “decreto de interpretación auténtica del concepto propaganda gubernamental” para eliminar las prohibiciones.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) decidió que no era aplicable y las prohibiciones debían prevalecer, pero estas no se acataron.

El presidente López Obrador no suspendió sus conferencias mañaneras, desde ahí mantuvo propaganda gubernamental con el argumento de brindar información y no limitar su derecho a la libertad de expresión.

Desde meses antes, en septiembre de 2021, el entonces dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, inauguró las asambleas en cada uno de los 300 distritos del país y se desplegaron diputados y alcaldes, todos “a favor de la ratificación”.

Esa promoción antes y durante el proceso, que se realizó en abril, implicó el uso de recursos públicos, del partido, de funcionarios y gobiernos. Esos casos acumularon, solo en materia de propaganda, casi 200 quejas ante el INE.

En parte de las querellas se acusó inequidad e injerencia del presidente y de funcionarios en las elecciones que hubo en 2022 para renovar seis gubernaturas: Oaxaca, Durango, Aguascalientes, Hidalgo, Quintana Roo y Tamaulipas, pues aunque el proceso de revocación se realizó el 10 de abril, las campañas estatales se realizaron de febrero a mayo.

Alfonso Ramírez Cuéllar
Alfonso Ramírez Cuéllar, diputado de Morena, impulsa una reforma para realizar la revocación de mandato de la presidenta Sheinbaum el mismo día de las elecciones de 2027. (Foto: Crisanta Espinosa/Cuartoscuro)

De hecho, el partido estuvo también detrás del proceso de recolección de firmas, que empezó en noviembre de 2021, cuando las giras de Morena ya estaban en curso, aunque la Constitución estableció que corresponde a los ciudadanos, y no a los partidos y menos en el gobierno, solicitar un proceso revocatorio, pues es un mecanismo que busca remover a gobernantes.

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La idea se tergiversó a “ratificación” y campaña de apoyo. La muestra es que las asociaciones civiles promotoras Que Siga la Democracia y Que siga AMLO estuvieron integradas por diputados y exdiputados federales, líderes locales morenistas.

Y algunos de los que no tenían militancia en Morena, consiguieron cargos en 2024, como la morenista Gabriela Jiménez, hoy vicecoordinadora de diputados federales guindas.

Todo ello podría repetirse aunque sigan las mismas prohibiciones, pues se emitieron escasas sanciones, ninguna ejemplar e inhibitoria.

En esa ocasión, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE recibió 188 querellas y 159 solicitudes de medidas cautelares en contra del presidente de la República, el entonces titular de la Consejería Jurídica Julio Scherer y el vocero presidencial, Jesús Ramírez.

También fueron denunciados la jefa de Gobierno de la Ciudad de México y hoy presidenta Sheinbaum, 18 gobernadores, 61 senadores, y Mario Delgado, entonces presidente nacional de Morena.

Al final, el 27 de abril, al presentarse una escasa participación menor al 40% requerida para ser vinculante, el TEPJF confirmó los resultados pero declaró como inválida la consulta.

¿Hace falta el proceso de revocación?

El expresidente López Obrador impulsó la consulta de revocación de su mandato, aunque sus niveles de popularidad rondaban los 60 puntos.

Hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum goza, según diversas encuestas, de un 70% de popularidad.

Pero para Ramírez Cuéllar y Ricardo Monreal, líder de los diputados de Morena, quien argumentó a favor de ese empate de elecciones y revocación en un solo día, sí hay una demanda ciudadana que busca quitar a la presidenta Sheinbaum, por lo que la reforma ya es prioritaria.

“Ya se ha visto en las redes sociales que hay una exigencia ciudadana o de algunos ciudadanos que están diciendo que haya proceso de revocación de mandato. Entonces, está en la Constitución, la presidenta hizo un compromiso el primero de octubre del año pasado cuando tomó posesión", dijo Monreal.

“Lo único que yo estoy proponiendo es un adelanto de las fechas para que haya mayor participación ciudadana y se tenga la posibilidad de que iniciemos un verdadero proceso de rendición de cuentas en el país”, agregó Ramírez Cuéllar.

Para Monreal “no se enturbia nada” al juntar todas las elecciones.

Voces de la oposición han estado planteando la revocación de mandato. Incluso con algunos slogans, redes y hashtags 'Fuera Claudia'. Es parte de un proceso",
Ricardo Monreal, diputado de Morena.

PRI acusa intervención en elecciones

Pero Rubén Moreira, del PRI, sostiene que es el temor de Morena a perder las elecciones los que ahora los lleva a proponer mecanismos para que el gobierno pueda meterse en la elección.

“¿Qué implica esto? Que la presidenta de la República se mete a la boleta de las elecciones, en las intermedias, con lo que esto significa, en contra de la democracia mexicana", apuntó.

“Los servidores públicos del Poder Ejecutivo y de los municipios, tienen prohibido hacer campaña y meterse en las elecciones regulares. Esto hará dos cosas. La primera, que en la elección vaya también la revocación y, por lo tanto, la presidenta de la República podrá hacer campaña para no ser revocada".

“Segundo, que los candidatos de Morena, porque es con quien se identifica la presidenta, pues se van a colgar de ella en la campaña constitucional”, aseveró.

Además, desde 2026 y con rumbo a junio de 2027, podrán hacer campaña primero por las firmas y luego por la “ratificación”, lo que implicará más de un año de movilización en las calles a favor de Morena en las 17 entidades con elección local, agregó.

Y para reunir firmas ciudadanas habrá operadores de ese partido en recorridos por todo el país.

"Buscando estas famosas firmas de una revocación que se inventaron. Entonces, tiene dos efectos, en el 2026 y en el 2027”, explicó Moreira.

El priista planteó el escenario: “Imagínense a la presidenta haciendo campaña, entrecomillado, para una revocación que nadie pidió. Porque ellos mismos la van a armar y para eso van a hacer precampaña con unas personas y estas serán las candidatas a los gobiernos que estarán en la elección de 2027".

La realidad, según Moreira, es que “sienten que no pueden ganar la elección intermedia” sin la injerencia gubernamental.

¿Y qué dice el INE y el TEPJF?

Antes de que se metiera en la ecuación el proceso de revocación de la presidenta, los expertos electorales ya habían urgido a no realizar el mismo día elecciones de cargos populares (diputados, gobernadores, alcaldes) y elecciones judiciales.

La presidenta del Consejo General del INE, Guadalupe Taddei, el consejero Arturo Castillo y el magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Felipe de la Mata Pizaña, han solicitado una reforma electoral pero para que las elecciones federales no se realicen junto con la elección de juzgadores.

No sólo se trata de empatar elecciones o no, sino de retos organizativos y además de equidad en la contienda, según expusieron.

Sin embargo, la consejera electoral Carla Humphrey estableció que, ante la inminencia de la aprobación de la reforma para empatar revocación y elecciones políticas, el INE no puede atrasarse en la toma de decisiones, como lo es avanzar al voto electrónico.

“En el 2027, al parecer, si se aprueba así, tendríamos que hacer el mismo día también la revocación de mandato” y una solución sería transitar a sistemas electrónicos de votación .

El exconsejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), Luis Carlos Ugalde, recordó que en las elecciones judiciales pasadas hubo una complejidad que se agravaría si se suman elecciones de cargos populares, con el agregado de que quien encabezaría el despliegue sería la presidenta.

Existe el riesgo de "presidencializar las campañas", pues una boleta para votar por la revocación llevará a Sheinbaum a las campañas y la elección, y dejará de lado todas las demás contiendas.

La alerta, en caso de mantener juntas elecciones a cargos legislativos y de gobierno con los judiciales, también fue planteada por quienes organizarán procesos judiciales locales.

El vocal ejecutivo del INE Morelos, Dagoberto Santos Trigo, pidió: “No mantener la celebración de una única jornada electoral en todo el país para los dos tipos de cargos electivos”. Eso en aras de “evitar la influencia de los actores políticos”.

La experiencia de las elecciones en Durango y Veracruz, donde se juntaron procesos con dos tipos de casillas diferenciadas, expuso, “provocó una serie de dificultades de orden operativo y logístico” y eso “desorientó y debilitó la participación de la ciudadanía”.

El consejero Arturo Castillo puso la alerta desde agosto: “No pueden coincidir las elecciones ordinarias intermedias de 2027 con la renovación del Poder Judicial porque simplemente son incompatibles. Tenemos que desfasarlas”, urgió.

Para él, la principal razón es garantizar el principio de equidad, pues los partidos políticos tienen prohibido participar en la elección de juzgadores, de ahí que sería imposible excluir a los actores políticos de las campañas judiciales.

Para mantener ambos actores separados, habría necesidad de instalar el doble de casillas y un despliegue financiero y logístico muy amplio, expuso.

Ahora la complejidad sería mayor, pues tampoco estaría permitido vincular a los partidos con el proceso de revocación de mandato y, desde luego, tampoco con candidatos a cargos judiciales, por lo que en ese caso tendrían que ser tres procesos separados, cada uno con su casilla y urnas.

Habría que “recorrer” tres meses la elección judicial, para que fuera posterior a la de los cargos de elección popular, propuso Taddei por cuestiones de logística.

Entre menos funcionarios requerimos y espacios para la votación, el costo del 2027 puede disminuir',
Guadalupe Taddei, consejera presidenta del INE.

De la Mata, en tanto, explicó cinco problemáticas que conllevaría realizar el mismo día las elecciones políticas federales y locales con las de cargos judiciales.

Entre las complicaciones destaca, por ejemplo, que mientras para las elecciones judiciales, como pasó en junio pasado, se cuentan los votos en consejos distritales –lo que de hecho llevó varios días- los votos en elecciones de alcaldes, diputados o gubernaturas se cuentan en las casillas y en segunda instancia en sedes distritales.

“Añadir los cómputos distritales (para el proceso judicial) que, además, se registran una vez concluida la jornada electoral, en comparación con las elecciones políticas que empiezan el cómputo el miércoles siguiente a la jornada electoral, colapsaría la correcta operación de las autoridades electorales administrativas”.

Para ambos tipos de elección se requeriría personal capacitado de forma diferente, no podría ser el mismo para realizar tareas simultáneas y distintas.

Además “con centenares de candidaturas generaría confusión en la ciudadanía y produciría errores en el ejercicio de la votación”.

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