Aspirantes de Morena a gubernaturas ignoran reglas y se adelantan a la carrera 2027

Algunos legisladores y presidentes municipales llevan a sus estados servicios de salud, dormitorios móviles, tinacos, gorras y entregan folletos con su nombre y fotografía. Si bien los políticos no llaman a votar por ellos, sí reparten productos y promocionan su imagen.

Aunque estas acciones no son nuevas, no existen mecanismos para prohibirse, dado que la legislación vigente no las considera como actos anticipados de precampaña ni de campaña.

La consejera electoral Dania Ravel explica que las definiciones que se establecen en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales sobre actos anticipados de precampaña y campañas representan un obstáculo para sancionar actos de mera promoción, donde no se mencionan de forma expresa una intención de contender en algún proceso electoral.

La consejera del Instituto Nacional Electoral (INE) explica que existen dos limitantes:

1. El contenido de las expresiones para que se pueda considerar como actos anticipados.
2. La definición de actos anticipados de precampaña, pues se pone una restricción temporal que aplica durante el lapso que va desde el inicio del proceso electoral, hasta antes del plazo legal para el inicio de las precampañas.

Ganar presencia

Mientras se define si hay sanción o no, hay alcances positivos y negativos para quien promociona su imagen.

De acuerdo a Edgar Scott Aguilar, experto en Comunicación Política, adelantarse a los tiempos de campaña o precampaña permite a los políticos posicionarse, ganar presencia en medios de comunicación y territorio, así como definir una narrativa.

No obstante, considera que esto también tiene otro tipo de implicaciones, como cansar al público y generar rechazo por los estímulos que el ciudadano reciben sobre política y gobierno.

“Dan la impresión de impaciencia, de alguien que no respeta las reglas; el adelantarse al fuego democrático. En Comunicación Política, pues todo comunica: en la ética o la falta de ética de estos candidatos también lanzan un mensaje y comunican a la población de quién es o quién será nuestro nuevo gobernante y cómo intenta evadir las leyes”, explica.

De promoción...

Debido a estas limitaciones para sancionar, los legisladores y presidentes municipales de Morena aprovechan el tiempo para difundir su imagen y nombre mediante “regalos” que hacen a los ciudadanos.

Uno de los casos que sobresalen es el de la senadora Andrea Chávez, quien ya expresó sus intenciones de ser la candidata de Morena para el gobierno Chihuahua.

A principios de este año la legisladora llevaba a su estado servicios médicos en autobuses que tenían su nombre e imagen. Ante la exigencia del partido, dejó de promocionar su imagen así y cambió de producto.

Ahora, la senadora entrega cafés en vasos que llevan su nombre e imagen a los ciudadanos que comienzan a laborar desde las primeras horas del día.

“Aún no salía el sol cuando comenzamos a repartir pan y café a quienes inician su jornada a las 4 de la mañana en la maquila. A esa hora en que el frío cala y el sueño pesa, la esperanza acompaña cada paso de quienes se dirigen a trabajar para sacar adelante a su familia”, escribió en sus redes sociales.

En caso similar esta Cecilia Guadiana quien, al igual que Andrea Chávez, comenzó a llevar servicios de salud a Coahuila. Lo hacía mediante autobuses rotulados con su imagen y nombre, pero acuerdo a declaraciones de la senadora, estas unidades móviles fueron financiadas por el sector empresarial y por su salario.

Tras el llamado de Morena y de la presidenta Claudia Sheinbaum de evitar promocionarse, la legisladora solo le quitó la imagen a los autobuses de salud, pero dejó su nombre.

Además, por dentro del vehículo cuelgan folletos con su imagen y regalan botellas de gel desinfectante, las cuales tienen la cara de la senadora. A esto se agrega que, en asambleas informativas, regala, gorras guindas con su nombre.

Ella es hija del finado Armando Guadiana, quien fue senador y candidato en dos ocasiones al gobierno de Coahuila por Morenas. También es esposa de Américo Villareal Santiago, hijo del gobernador de Tamaulipas. Ahora ella es una de las preferidas para ser candidata a gobernadora en Coahuila.

Los autobuses para dar servicios fueron utilizados por otros morenistas, como Alberto Hurtado, quien es diputado local por Morena en el Congreso de Coahuila. Él lleva dormitorios comunitarios móviles para que sean usados por las personas que acompañan a sus familiares que están internados en el Hospital General de Saltillo.

Estos autobuses están rotulados con el nombre del morenista y por dentro se encuentra decorado con fotos del diputado acompañado por la presidenta Claudia Sheinbaum, Armando Guadiana y Cecilia Guadiana.

Además, también vende tinacos a bajo costo para “generar ahorros a las familias saltillenses”, pero estos tienen su nombre y el de la senadora Cecilia Guadiana. En un video que publicó en sus redes sociales, Alberto Hurtado señala que los venden en 2,000 pesos.

No son los únicos casos, también está la senadora Verónica Díaz, quien estuvo casada con Luis Monreal. Ella realiza asambleas informativas en Zacatecas, donde se entregan pañoletas con su imagen en caricatura y nombre.

Verónica Díaz, aparece como una de las mejores posicionadas para ser candidatas a gobernadora de su natal Zacatecas, cargo que estará en juego en las elecciones de 2027, y que también lo busca, su excuñado, Saúl Monreal.

Verónica Díaz fue delegada federal del Bienestar, por lo que se encargaba de implementar y supervisar los programa sociales.

Otro senador que hace lo mismo es Enrique Inzunza Cázarez, quien bajo el argumento de dar “asambleas informativas”, recorre las calles de Sinaloa y reparte folletos con su nombre y cara. Inzunza aparece como uno de los aspirantes para ser candidato a gobernador de ese estado por Morena.

“Enrique Inzunza Cázares, senador por Sonora”, se lee en el folleto que se entregan en las reuniones del legislador con ciudadanos.

El legislador es de las personas más cercanas al actual mandatario de Sonora, Rubén Rocha Moya, pues en 2021 formó parte de su gabinete al ser nombrado secretario general de Gobierno. Este fue el primer cargo político que ocupó. Desde ese momento se convirtió en el principal operador político y jurídico del gobernador morenista.

También está en este caso Andrés Concepción Mijes, quien es presidente municipal por Morena de General Escobedo, Nuevo León. Él también se promociona, pero con un juego de palabras como lo hizo en su momento el expresidente Andrés Manuel López Obrador:

En los videos para hablar sobre los servicios y actividades públicas de General Escobedo, quienes participan señalan constantemente “mijos” en relación al apellido al presidente municipal.

“Atención mijos, llega huellitas monstruosas, noche de cine y concursos de disfraces. Este marte 28 de octubre en el Parque Lineal, en el área de mascota. Nos vemos a las seis de la tarde, ven disfrazado tú y tu mascota”, señala una mujer que habla sobre el evento.

A principios de octubre, el político aludió su interés por ser candidato a la gubernatura de Nuevo León, pero ya desde finales del año pasado, su nombre y el del senador Waldo Fernández se mencionaban.

“Yo me veo trabajando (en 2027) por Nuevo León con mucho esfuerzo. El modelo de gestión que hemos diseñado (…) busca llegar con programas sociales; busca hacer una alianza con los empresarios, un gobierno ágil, dinámico, digital, pues esa es la estrategia para que podemos tener un mejor Escobedo, pero lo podemos transpolar al Gobierno de Nuevo León”, declaró entonces.

Mayor legislación para la promoción personalizada

La consejera electoral Dania Ravel explica que el artículo 134 constitucional prohíbe la promoción personalizada con recursos públicos, pero especifica que el INE solo puede conocer este tipo de infracciones cuando incidan en un proceso electoral.

Detalla que, si aún no inicia el proceso y no hay indicio de que ese tipo de infracciones tiene impacto sobre él, al INE no le compete el caso.

“Debería de existir otras autoridades que pudieran revisar eso. Sin embargo, en su momento no se hizo esa legislación para que pudiera establecerse quién va a ser competente cuando esto no tenga un impacto en el ámbito electoral”, señala.

Menciona que es necesario que se legisle en esta materia; especificar cómo se debe sancionar cuándo se haga una promoción personalizada con recursos públicos, incluso cuando no tenga o se pueda corroborar un impacto inmediato en un proceso electoral.

Sobre las definiciones de precampañas y campañas que se establecen en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y que la consejera electoral Dania Ravel señala que representan un obstáculo para sanciona actos de promoción, comenta que tampoco esto se debe a que haya “lagunas” en la legislación.

Menciona que las definiciones son “bastante explicitas en su contenido”, por lo que considera que quizá es en la interpretación de la autoridad jurisdiccional la que no se ha “querido hacer más extensiva”.

Leonardo Valdez Zurita, exconsejero presidente del IFE (hoy INE), comenta que la reforma en materia electoral de 2007, cuando se establece el modelo de precampañas y campañas, ya quedó “obsoleto”.

Ejemplifica que en el proceso electoral federal de 2024 existieron violaciones reiteradas y sistemáticas a los tiempos, pues Morena –dijo– inició un proceso para elegir a sus “corcholatas” que en realidad era para seleccionar a su candidato a la Presidencia.

Aunque se presentaron denuncias, los órganos electorales, “no tuvieron la capacidad para detener ese tipo de prácticas ilegales”.

El exconsejero explica que las elecciones primarias es para que los partidos estén obligados a hacer un proceso electoral interno y sea organizado por las autoridades electorales, lo cual, señala, le da certeza y legalidad al procedimiento y sirve para la selección democrática de los candidatos de los partidos.

Menciona que cuando los funcionarios públicos realizan promoción de su imagen para ser candidatos, es posible que utilice recursos públicos. Si esto se demuestra, agregó, se debe reportar al superior jerárquico de quien cometió el delito.

Explica que el superior será el encargado de sancionar a quien cometió la falta administrativa, pero muchas veces solo queda en una denuncia.

“Esto no siempre sucede; hay casos, como el presidente de la República que no tiene un superior jerárquico. Aunque se demuestre que está usando recursos públicos para promover alguna candidatura, la sanción no pasa de ser una declaración de que se ha violado la Constitución (artículo 134), pero no pasa de eso porque no hay un procedimiento para aplicar una sanción en esta falta administrativa”, comenta.

El superior jerárquico de los legisladores que caigan en esta falta tendrían que ser los ciudadanos que los eligieron para ese cargo.

“El problema de los senadores y los diputados, quienes han sido electos, pues no tienen un superior jerárquico. Ahí es imperfecta la ley, porque lo que debería establecer es que independientemente que no tengan superior jerárquico, pues la autoridad electoral administrativa les pueda imponer una multa, pero eso no lo tenemos”, añade.

Al igual que el exconsejero electoral, Edgar Scott Aguilar, experto en Comunicación Política, señala que es muy recurrente que los políticos promocionen su imagen, por lo que considera que es mejor que regulen esos tiempos.

Comenta que en la reforma electoral que impulsa el gobierno federal se debería incluir además un apartado sobre los tiempos electorales, para saber si aún funcionan o ya están obsoletos los lineamientos actuales.