Destacan entre esas seis presuntas candidaturas infractoras y que además ganaron su elección, cinco a integrar la SCJN: Lenia Batres, Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz, Giovanni Azael Figueroa Mejía, Rodrigo Arístides Guerrero y una abanderada a magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), Ariadna Camacho Contreras.
Otro esquema ilegal detectado por el Observatorio fue que 14 casas encuestadoras publicaron supuestas encuestas de intención de voto sin cumplir los requisitos de transparencia establecidos por el Instituto Nacional Electoral (INE), entre ellos registrarse ante ese organismo y presentar su metodología con criterios científicos; por el contrario se trató de un esquema de promoción de ciertas personas abanderadas, sobre todo a la Corte.
“No presentaron metodologías claras o que no estaban registradas ante el Instituto”, como exige la ley, expuso Arturo Espinosa Silis, de Laboratorio Electoral.
Y además quienes incurrieron en esa conducta ilegal pautaron publicidad en redes para difundir los supuestos resultados sin reportar la existencia de requerimientos científicos, como exigen las reglas, agregó.
“Hay un entramado de cuentas que están creadas ex profesamente para esto y creemos que amerita una evolución en el criterio el INE y el Tribunal Electoral porque sin duda esto seguramente también se ventilará ante el Tribunal Electoral. Tienen que actualizarse en sus criterios y atender la realidad”, expuso.
Destacó que quienes se beneficiaron de las encuestas “casualmente también son los mismos nombres que coinciden con los que contrataron pauta a través de terceras personas”.
De acuerdo con el estudio realizado, mismo que consideró la revisión de la biblioteca de plataformas de Meta: Facebook, Instagram, Threads y Messenger, en cuya candidatura se invirtió más pauta publicitaria fue en la de Loretta Ortiz, hasta 539 mil pesos, seguida por Yasmín Esquivel con un máximo detectado de 483 mil pesos y Giovanni Azael Figueroa Mejía, 197 mil pesos.
Pero de manera especial se refirió, sin mencionarlo, a Hugo Aguilar Ortiz, el candidato que presidirá la SCJN los primeros dos años: ”el candidato más votado no aparece en ninguna de esas encuestas, no compró pauta y es el más votado al día de hoy, de acuerdo al cómputo”.
Los especialistas que integran el Observatorio reconocieron que el diseño en las reglas de la elección llevó a las candidaturas a utilizar los medios y las herramientas disponibles para promocionarse, pero evidenciaron que se trata de personas que velarán por la ley y aún así la habrían violado.
“Al no poderlo hacer directamente gastan a través de terceras personas, lo que identificamos es que gastan a través de medios de comunicación falsos o que se crean solamente para publicitar a un par de perfiles en específico, personas cercanas o de grupos cercanos que son quienes pagan la publicidad para varias candidaturas”, dijo Luis Fernández, de Práctica: Laboratorio para la Democracia.
“Lo preocupante es que son candidaturas que tienen que definir, o personas o en un futuro inmediato (serán) personas juzgadoras que tienen que decidir sobre sobre lo que es legal y lo que no es legal”, agregó.
