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Gobierno dispara 42% gasto en subsidios y se salta al Congreso

México Evalúa documenta que en el ejercicio de gasto domina la visión del Ejecutivo y privilegia sus programas, pero se ignora al Legislativo.
jue 16 junio 2022 06:00 AM
(Beneficiario sostiene una tarjeta del bienestar)
La transferencia de recursos a personas beneficiarias de programas sociales se incrementó en este inicio de 2022.

Durante el primer trimestre del año, y de manera coincidente con las precampañas en seis estados y con la difusión del ejercicio de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, su gobierno gastó 42% más de lo presupuestado para ese periodo por la Cámara de Diputados en 22 programas de subsidio, 10 de ellos de transferencia directa de recursos.

La entrega anticipada de pensiones para adultos mayores, becas para estudiantes de educación media superior Benito Juárez, Becas de educación básica Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro, fue instrumentada en esa forma, adelantada –se dijo–, para no incidir en las campañas en seis entidades con elección; sin embargo, mientras se aplicó ese sobregasto en subsidios de entrega directa, se dejó en cero pesos a 22 programas, casi todos de salud.

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Además, otros 30 programas, entre ellos relativos a seguridad pública o inversión en infraestructura, sufrieron recortes en ese periodo, con lo que no se respetó el destino y programación de gasto avalado por los diputados.

Así, en conjunto, todo ello modificó el Presupuesto de Egresos avalado por la Cámara de Diputados, cuya facultad de presupuestación es exclusiva, y sin que ésta haya sido informada, de acuerdo con México Evalúa.

La revisión del informe trimestral enero-marzo del ejercicio del gasto público emitido por la Secretaría de Hacienda reveló que se dejó sin un peso, entre otros, a los programas Atención a la salud, que opera el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi); Fortalecimiento de los servicios estatales de salud, programa responsabilidad de la Secretaría de Salud; Fortalecimiento a la atención médica, del Insabi o el subsidio para atención del cáncer, programa del ISSSTE. A todos ellos se dedicaron cero pesos, destacó la organización.

De los 30 programas a los que se recortaron recursos, en tanto, están el programa de Salud materna, sexual y reproductiva, que ejerció 667 millones de pesos (69% menos de lo programado).

A la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SPyPC) se reportó un retraso de recursos que representa 23%, con 2,500 millones de pesos que se dejaron de invertir en administración del sistema penitenciario, infraestructura en seguridad o servicios de inteligencia para la seguridad nacional.

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Y se había autorizado una inversión anual en infraestructura de 874,000 millones de pesos, pero de enero a marzo la inversión cayó 8%, unos 13,000 millones, “el peor registro que se tenga en una década”.

En suma, el Presupuesto de Egresos 2022 al primer trimestre del año “no se ha ejercido como se aprobó. De 493 programas presupuestarios, 60 tienen aumentos de más de 20% frente a lo programado al periodo, y 21 recibieron gasto, a pesar de que no se les aprobó.

 

Además, “171 programas sufrieron recortes de entre 20 y 99%, y 32 ni siquiera han recibido un solo peso en el año”, planteó la organización.

Curiosamente, en la aprobación del presupuesto 2022, Morena y sus aliados festejaron incremento histórico a salud y a infraestructura, lo que con los reajustes quedaría nulificado.

Readecuaciones impactan derechos y dificultan fiscalización

Para Edna Jaime, directora de México Evalúa, hay adecuaciones como esas que son muy grandes y que se realizan sin que el Poder Legislativo conozca las razones.

“En otros países hay límites a lo que el legislativo puede adecuar y cuando se hacen adecuaciones hay anexos en los que se explica con mucho detalle por qué se tienen que hacer” pero ese no ha sido el caso mexicano, recuerda.

Y el problema con las reasignaciones de gasto, que si bien es normal que las haya, pues siempre hay gastos imprevistos, es que “se necesita explicar a plenitud y que haya mecanismos de transparencia” para dar seguimiento al gasto, explicó la experta.

Este no sería el caso. Recuerda, por ejemplo, el programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral, que opera el Insabi y fue el que tuvo el mayor recorte, de 40% según el reporte de Hacienda.

Pero de los 17,600 millones de pesos ejercidos, 8,600 millones fueron para aportaciones a fideicomisos y “no es posible saber si los recursos llegaron efectivamente a la población”.

Además, con todo el conjunto de reasignaciones se habría modificado el Presupuesto, lo que atentaría contra la facultad exclusiva que tiene la Cámara de Diputados para aprobar el gasto público, misma que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) refrendó en una sentencia aprobada en abril pasado, en la que estableció que esa Cámara que debe decidir el destino del gasto, no el Ejecutivo.

Al resolver la acción de inconstitucionalidad 139/2019 una mayoría de nueve ministros avalaron declarar inválida la facultad del Ejecutivo Federal –misma que la mayoría morenista en el Congreso le había dado- para decidir por decreto cuál debe ser el destino de los recursos públicos derivados de la aplicación de medidas de austeridad.

Decidir el destino de los recursos públicos es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados y esta no la puede delegar pues está en el artículo de la Constitución General, estableció la Corte.

 

Falso que AMLO se salte al Congreso

Sin embargo, para el legislador Daniel Gutiérrez, de Morena e integrante de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, es falso que la reasignación del gasto reportada por la SCHP al primer trimestre sea irregular o se ignore al Poder Legislativo.

Los artículos 108 y 110 de la Constitución prohíben el uso de recursos públicos con fines electorales, y el presidente Andrés Manuel López Obrador “se propuso ser diferente y que en tiempos de campaña no andemos pagando las pensiones para adultos mayores, las becas para jóvenes”, por eso desde marzo dio de manera anticipada los programas sociales, explicó.

“Por eso, seguramente, hay un pequeño incremento, pero esto no excede, como establece la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 10% del presupuesto total. Si rebasara ese porcentaje, naturalmente la Cámara pediría información y tendría que autorizar, pero en este caso no es tanta la cantidad, por lo consiguiente es una facultad que tiene el Ejecutivo y ellos sabrán qué tanto ejercer”, señaló.

Gutiérrez destaca que lo relevante entonces es que el Ejecutivo Federal no usó recursos públicos con fines electorales y por lo consiguiente la Cámara revisará en su momento, “pero se adelantaron los pagos y nada más”.

En el caso de programas a los que no se dedicaron recursos en el primer trimestre no es que así se vayan a quedar y “de manera paulatina” se ejercerán en lo que resta del año, pero todo será revisado por los legisladores, cuánto se autorizó y cuánto se ejerció, pero al final del ejercicio, a su tiempo”.

Juzgar hoy el ejercicio presupuestal “no es adecuado porque aún estamos dentro del ejercicio. Por supuesto que no hemos sido echados a un lado, si revisamos la Ley Federal de Presupuesto tenemos muy claro el fundamento de que si se rebasa un porcentaje la Cámara debe ser informada y autorizar”, destaca.

”Es muy irresponsable decir que a la Cámara se le ha hecho a un lado”, de acuerdo al legislador morenista. “Hay un gasto responsable pero por el tema de la pandemia, la recaudación, la inflación habrá ajustes”, añade.

 

¿Qué dependencias se beneficiaron de ajustes al gasto?

De acuerdo con el reporte de la SCHP y el análisis de México Evalúa, además del sobregasto en subsidios también se benefició, de enero a marzo, a la Secretaría de Energía, misma que “acumula un sobregasto de 96.5%” o sea 33,800 millones de pesos, debido a mayores aportaciones a Pemex.

Eso implica el mismo ritmo de 2021, en que, recordó México Evalúa, esa secretaría transfirió a la paraestatal 316,000 millones de pesos, “de los cuales 271,000 millones no fueron aprobados en el presupuesto”.

A la Secretaría de Turismo se le han dado 22,000 mil millones de pesos, 5,900 millones adicionales a los autorizados por los diputados y todo para la construcción del Tren Maya.

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