#ColumnaInvitada | El presidente de la opacidad

En los dos años que lleva gobernando la llamada Cuarta Transformación, ha reservado demasiada información sobre diversos temas de interés nacional y de la cual tendremos que esperar hasta 2024, para que dicha información se desclasifique y sea de dominio público.

Tal parece que Andrés Manuel López Obrador olvidó parte de sus promesas y todo lo que dijo en campaña, que en el “pasado”, todo era simulación y que ésta era administrada por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y no por el Archivo General de la Nación.

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Dijeron que “serían diferentes”, y sí, eso parece. Este gobierno llegó con más opacidad, más restricción, todo en lo oscurito y solo informan lo que les conviene y como les conviene, la rendición de cuentas de AMLO y su gabinete es a modo, a la inversa, y para ellos es transparencia.

Este gobierno, representado por un presidente que lleva como bandera la opacidad, también busca la destrucción de las instituciones que logran informar y de cierta manera exhibir los malos manejos que se tienen desde el día 1, cuando entraron a Palacio Nacional.

Es por ello su plan de la polémica reforma para eliminar y “modificar” las instituciones de transparencia y regulación gubernamental y según él, el manejo de la información será más “acelerada”, y los plazos de entrega de cualquier documento tendrán máximo de 72 horas.

Tan solo en el inicio, La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) decidió en 2019 reservar por 5 años información sobre la construcción a su cargo del aeropuerto de Santa Lucía; en ese mismo año, la Cancillería de Relaciones Exteriores, reservó por cinco años los documentos sobre la negociación de un acuerdo bilateral con Estados Unidos en materia de tráfico de armas.

Asimismo, la misma SRE, agregó otra reserva de 5 años a una solicitud de información sobre cuántos agentes de la agencia antidrogas estadounidense, DEA, se encontraban operando en México; Pemex reservó por los mismos cinco años la información sobre la explosión en Tlahuelilpan, Hidalgo, sobre la toma clandestina, que dejó un saldo de 137 muertes en enero de 2019.

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Así como, los detalles de la visita del expresidente de Bolivia Evo Morales, la organización del evento en Bellas Artes de Naasón Joaquín, el líder de la Luz del Mundo y en 2020 con datos de medios nacionales se calculan más de 400 expedientes reservados de las dependencias públicas, y en su mayoría pertenecen a la Fiscalía General de la República (FGR).

Y así se podrían mencionar otros temas como: Los contratos de Pemex con Vitol, el Culiacanazo, Lozoya, Bartlett, la familia Ackerman Sandoval; sin dejar de mencionar las adjudicaciones directas, el método favorito del Presidente, y lo más actual como los datos de muertes en el país a causa de la pandemia del Covid-19.

Y sin olvidar los contratos sobre las vacunas para combatir el Covid-19, y los

acuerdos firmados entre el gobierno de México y AstraZeneca-Oxford, Pfizer-BioNTech, y CanSino, toda esta información está clasificada como confidencial, así como las negociaciones o convenios realizados.

Tanta ocultación, opacidad y restricción, crean la duda sobre por qué este gobierno no quiere que nos enteremos sobre los acuerdos que se hacen, se supone que, para el bien del país y los mexicanos, ¿qué esconde la 4T y su “líder moral”, es que acaso se han cometido o solapado actos criminales?

Por eso la insistencia de desaparecer entes como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), cuando es conocimiento de todos, que tenemos el derecho de preguntar y conocer cómo están gobernando, en qué y cómo se gastan el dinero de todos los mexicanos.

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Nota del editor:

El autor es senador de la República por el Partido Acción Nacional.

Las opiniones de este artículo son responsabilidad única del autor.