Estas son las claves de la Ley de Austeridad Republicana aprobada por el Senado

En concreto, el dictamen aprobado, que se regresó a la Cámara de Diputados para su respectiva discusión y aprobación, adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y a la Ley Federal de Presupuesto de Responsabilidad Hacendaria.

Asimismo, establece la facultad de que el Poder Ejecutivo decida el destino de todos los ahorros que se generen por esta ley.

Senadores de oposición externaron su rechazo a que el destino del dinero de los ahorros generados vaya a ser decidido enteramente por el Ejecutivo federal.

“Lo que pretenden es darle un cheque en blanco al presidente (López Obrador), esto es para gastar el dinero en programas sociales con fines electorales”, advirtió la senadora panista Martha Márquez.

Sobre la posibilidad de que esta autorización al Ejecutivo se convierta en una especie de partida secreta, la mañana de este martes, el presidente López Obrador explicó que aunque esta “partida” es una facultad del titular del Ejecutivo federal, su manejo tiene que ver con la Secretaría de Hacienda.

“La Secretaría de Hacienda tiene la facultad para reprogramar, transferir recursos. No sabía esto, pero yo al mismo tiempo le traslado la facultad a la Secretaría de Hacienda que es lo que vienen haciendo”, dijo el mandatario.

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Además de cancelar las pensiones que reciben los ex presidentes, las reformas de austeridad, aprobadas con 74 votos a favor y 29 abstenciones, prohíben la contratación de seguros privados de gastos médicos, de vida, de separación individualizada o colectiva.

También prohíbe que las dependencias y los funcionarios remodelen oficinas por cuestiones estéticas y compren mobiliario de lujo; de igual manera, establece que ningún funcionario podrá contar con un cuerpo de seguridad policiaco o de las Fuerzas Armadas, salvo algunas excepciones; es decir, que su trabajo, por razones de seguridad, lo amerite.

Otra medida avalada, que es una de las que resultó más criticadas por la oposición, consiste en que los servidores públicos que se separen de su cargo no podrán ocupar puestos en empresas que hayan supervisado, regulado o tenido información privilegiada en el ejercicio de su cargo público, salvo que hubiesen transcurrido al menos diez años.

Esta última medida, surge luego de que, en reiteradas ocasiones, el presidente López Obrador denunciara que es inmoral que expresidentes o exfuncionarios trabajen, tras dejar el cargo, en empresas privadas relacionadas a sectores estratégicos, de los cuales tuvieron información privilegiada, como la energía y la economía.

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La Ley de Austeridad también prohíbe las delegaciones de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, como ProMéxico, en el extranjero, salvo las correspondientes a las áreas de seguridad nacional e impartición de justicia. Por lo tanto, la representación del Estado mexicano en el exterior corresponde únicamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Establece, a su vez, que las dependencias y oficinas gubernamentales deben evitar el derroche en consume de energía eléctrica, agua, servicios de telefonía fija y móvil, gasolinas e insumos financiados por el erario. Y, de igual forma, deben evitar el engrosamiento del aparato burocrático, la duplicidad de funciones y la generación de percepciones extraordinarias de sus funcionarios.

Asimismo, faculta a las secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de la Función Pública a emitir los lineamientos necesarios para establecer medidas de austeridad en la compra de vehículos, sistemas de cómputo y servicios generales: justo ayer, en su discurso en el Zócalo, López Obrador denunció sin dar detalles que, en la adquisición de equipo de cómputo en anteriores administraciones, prevalecían hechos de corrupción.

La ley establece que los tres poderes de la Unión y los órganos autónomos, como el INE y la CNDH, tomarán las acciones necesarias para cumplir con la austeridad republicana cuando se les asignen recursos del Presupuesto de Egresos. A su vez, los entes públicos ajustarán sus estructuras orgánicas y ocupacionales de conformidad con los principios de racionalidad y austeridad.

La polémica por los 10 años

Aunque la oposición coincidió en que es necesario acabar con los derroches en las instituciones públicas, advirtió que algunas de las medidas establecidas en la Ley de Austeridad Republicana pueden resultar nocivas y derivar en el clientelismo electoral.

En particular, mostraron su oposición a la prohibición de 10 años que tienen los funcionarios para ser empleados en el sector privado, pues consideraron que eso es anticonstitucional y desincentivará a que los ciudadanos entren al servicio público.

“Pasa por encima por el artículo 5º de la Carta Magna, que dispone que a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos”, denunció la senadora priista Vanessa Rubio.