El ‘clientelismo’ impera en la negociación del presupuesto federal

CIUDAD DE MÉXICO (ADNPolítico) - La pluralidad política y la ausencia de mayorías legislativas en la Cámara de Diputados han sido determinantes para que prevalezcan esquemas clientelares a la hora de negociar el presupuesto.

El estudio “La Negociación Política del Presupuesto” (1997-2018) de Integralia explica cómo, desde que el PRI dejó de ser mayoría, el modelo de negociación del presupuesto pasó de la imposición al clientelismo y la posibilidad de que con el nuevo gobierno se negocie bajo un esquema centralista.

“A medida que aumentó el pluralismo en el Poder Legislativo, se observó un mayor peso de prácticas de gestoría de recursos y más intercambios clientelares en la lógica de negociación del gasto público”, señala el estudio.

A un mes de que en la Cámara de Diputados inicie el jaloneo por el primer presupuesto que recibirá la nueva administración, te damos algunas claves para entender cómo ha sido el reparto:

¿Qué se negocia?

Si bien la mayor parte del presupuesto ya está comprometida en sueldos, salarios, pensiones y programas sociales, cerca del 10% es susceptible de modificaciones en las que los legisladores entran en acción.

Según el estudio, se trata de recursos que dan “visibilidad y reconocimiento político” a quienes los negocian porque benefician a ciertos grupos organizados con fondos para infraestructura, universidades o desarrollo social, entre otros.

Desde 2004, pero principalmente en el sexenio que termina, esta parte del presupuesto se asignó a través del Ramo 23 que se reparte a estados y municipios y cuyo manejo discrecional se ha cuestionado.

Te recomendamos: Los estados consentidos y castigados en el reparto de dinero

¿Quién lo negocia?

El estudio reconoce tres tipos de actores en la negociación presupuestaria:

• Los que formulan: la Presidencia, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Subsecretaría de Egresos
• Los formales: los diputados, a través de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública
• Los informales: el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), los gobernadores, los coordinadores de los grupos parlamentarios —quienes negocian el reparto de recursos del Ramo 23 entre su bancada— y representantes de la sociedad civil organizada

¿Qué fallas se han detectado?

El estudio de Integralia señala que la prevalencia de criterios clientelares ha resultado en la aprobación de programas por su “atractivo político”, más que por el impacto que pueden tener en el desarrollo. Asimismo, refiere que los diputados han asumido más un papel de gestores de recursos que de evaluadores de la política presupuestaria.

“La Secretaría de Hacienda en ocasiones subestima diversas partidas sabedora que los legisladores aumentarían sus montos (por ejemplo, recursos para el campo y para carreteras y caminos rurales)”, señala el documento.

Esta situación, aunada a la falta de profesionalización de los legisladores, ha derivado en la creación de programas de difícil ejecución, que pese a las expectativas que generaban en la población terminaban por no ejecutarse y esto, a la vez, ha minado la credibilidad del Poder Ejecutivo.

Te puede interesar: 14 programas sociales acapararon el gasto en Sedesol para 2018

¿Qué se puede mejorar?

Para Luis Carlos Ugalde, director de Integralia, la elección del 1 de julio —que dio a Morena la presidencia y mayorías legislativas— abre nuevas posibilidades en la negociación del presupuesto, aunque reconoce que existe el riesgo de una nueva era de “imposición”, como ocurría con el PRI.

“La ventaja es que el gobierno no debe ‘pagar’ votos para lograr la aprobación de su proyecto de gasto. Ergo, se puede erradicar la práctica de la etiquetación y del cohecho”, escribió Ugalde en una columna donde habló del estudio.

Ante el nuevo escenario político, en el estudio se hacen recomendaciones para la mejorar el reparto presupuestal:

• Justificar la asignación de recursos con base en instrumentos de evaluación de la Secretaría de Hacienda, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF)
• Que las observaciones de la ASF sirvan como insumo para evaluar el cumplimiento en el uso de recursos
• Emitir dictámenes trimestrales sobre la evaluación del gasto público con base en los informes de Hacienda
• Impulsar un sistema de evaluación del desempeño para garantizar el cumplimiento de metas y objetivos de los programas de gobierno
• Eliminar la etiquetación de recursos durante la negociación del presupuesto desde el Congreso, para que los legisladores dejen su papel de gestores de proyectos
• Revisar la eventual reincorporación del Senado en el proceso de aprobación del presupuesto

Te recomendamos: Morena acapara 'megacomisiones' en San Lázaro