Además, “171 programas sufrieron recortes de entre 20 y 99%, y 32 ni siquiera han recibido un solo peso en el año”, planteó la organización.
Curiosamente, en la aprobación del presupuesto 2022, Morena y sus aliados festejaron incremento histórico a salud y a infraestructura, lo que con los reajustes quedaría nulificado.
Readecuaciones impactan derechos y dificultan fiscalización
Para Edna Jaime, directora de México Evalúa, hay adecuaciones como esas que son muy grandes y que se realizan sin que el Poder Legislativo conozca las razones.
“En otros países hay límites a lo que el legislativo puede adecuar y cuando se hacen adecuaciones hay anexos en los que se explica con mucho detalle por qué se tienen que hacer” pero ese no ha sido el caso mexicano, recuerda.
Y el problema con las reasignaciones de gasto, que si bien es normal que las haya, pues siempre hay gastos imprevistos, es que “se necesita explicar a plenitud y que haya mecanismos de transparencia” para dar seguimiento al gasto, explicó la experta.
Este no sería el caso. Recuerda, por ejemplo, el programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral, que opera el Insabi y fue el que tuvo el mayor recorte, de 40% según el reporte de Hacienda.
Pero de los 17,600 millones de pesos ejercidos, 8,600 millones fueron para aportaciones a fideicomisos y “no es posible saber si los recursos llegaron efectivamente a la población”.
Además, con todo el conjunto de reasignaciones se habría modificado el Presupuesto, lo que atentaría contra la facultad exclusiva que tiene la Cámara de Diputados para aprobar el gasto público, misma que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) refrendó en una sentencia aprobada en abril pasado, en la que estableció que esa Cámara que debe decidir el destino del gasto, no el Ejecutivo.
Al resolver la acción de inconstitucionalidad 139/2019 una mayoría de nueve ministros avalaron declarar inválida la facultad del Ejecutivo Federal –misma que la mayoría morenista en el Congreso le había dado- para decidir por decreto cuál debe ser el destino de los recursos públicos derivados de la aplicación de medidas de austeridad.
Decidir el destino de los recursos públicos es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados y esta no la puede delegar pues está en el artículo de la Constitución General, estableció la Corte.