Pero falta escalar a los gobernadores
Gerardo Álvarez, analista de políticas públicas en México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), explica que ir contra la relación perniciosa entre la autoridad y el crimen es un buena herramienta para combatir las redes de corrupción y protección en los municipios, el "eslabón más débil" de la estructura gubernamental.
Para Álvarez, Enjambre es un buen esfuerzo para combatir una vieja relación que tiene impactos en la vida diaria de millones de mexicanos en las que muchas veces se convierten en las víctimas de delitos como extorsión como fueron los casos en Tequila, Jalisco y Juchitán, Oaxaca. Sin embargo, considera que debe escalar e ir contra gobernadores.
"Es muy importante que el gobierno federal esté invirtiendo esfuerzos, recursos contra esta dinámica de gobernanza criminal, de vinculación de funcionarios con el crimen organizado en general, pero es necesario que haya ese mismo ahínco con funcionarios de nivel estatal, porque lo municipal son los eslabones de responsabilidades más bajos dentro del Estado mexicano”, explica.
Se tiene que llegar llegar el caso de Rocha Moya donde una acusación directa contra él y más funcionarios".
Gerardo Alvarez, especialista de MUCD.
En abril de este año, el gobierno de Estados Unidos señaló al gobernador con lincia de Sinaloa, Rubén Rocha y nueve funcionarios más de tener vínculos con "Los Chapitos", una facción del Cártel de Sinaloa.
En la historia de México varios gobernadores han tenido vínculos con organizaciones criminales, entre ellos, Roberto Sandoval con el CJNG, Mario Villanueva Madrid de Quintana Roo con el Cártel de Juárez; Tomás Yarrington Ruvalcaba con Los Zetas y Jesús Reyna García con Los Caballeros Templarios.
A través de un través de un memorando enviado al Congreso estadounidense en septiembre pasado, el gobierno de Estados Unidos ha pedido a México detener a los funcionarios corruptos vinculados con los cárteles.
Cuando una autoridad tiene algún tipo de relación con el crimen, las implicaciones son graves porque no solo se capturan instituciones, también se permite la extensión y fortalecimiento de un grupo criminal, impera la impunidad, se usa el poder contra rivales de la organización aliada, pero también los ciudadanos son víctimas de delitos desde el gobierno como sucedió en Tequila y Juchitán donde operaban redes de extorsión desde los alcaldes.
“En muchas regiones del país se ha cedido terreno a la delincuencia y ha permitido que haya una gobernabilidad paralela por grupos del crimen organizado que tienen mayor estructura operativa, de fuego, logística”, explica Simón Hernández, coordinador de la Clínica Jurídica Minerva Calderón de la IBERO Puebla.
