Enjambre selectivo. Pican parejo, menos donde duele el voto

Y ha dejado, hasta ahora, sin tocar exactamente los seis territorios donde la gobernanza criminal es menos una hipótesis académica y más un hecho de vida cotidiana: Sinaloa, Guanajuato, Chihuahua, Baja California, Guerrero y Michoacán.

Esa ausencia no es un vacío estadístico.

Es una decisión política, y exige explicación pública, no comunicados triunfalistas sobre detenciones donde el costo político de actuar es bajo.

Los seis territorios de la excepción

No hablamos de estados marginales en el mapa de la violencia.

Hablamos de las entidades con las tasas más altas de homicidio doloso y extorsión sostenida del país, con presidencias municipales bajo sospecha pública recurrente durante años, con corredores logísticos del narcotráfico que ninguna autoridad federal ignora.

Si el criterio de Enjambre fuera estrictamente técnico —incidencia delictiva, denuncias ciudadanas, inteligencia acumulada—, estos seis estados deberían haber sido los primeros en la lista, no los últimos.

El hecho de que sean precisamente los ausentes obliga a preguntar, sin eufemismos, si el operativo responde a un mapa de riesgo criminal o a un mapa de riesgo electoral y de gobernabilidad negociada con los gobiernos estatales en turno.

Guanajuato rompe la ecuación, pero no la absuelve

La hipótesis más cómoda —que Enjambre evita a los estados que votarán gobernador en junio de 2027— funciona para cinco de los seis: Sinaloa, Chihuahua, Baja California, Michoacán y Guerrero están en la boleta de ese proceso electoral, que ya arrancó formalmente el pasado 10 de septiembre.

Guanajuato no. Su gubernatura se renueva hasta 2030.

Eso no exonera al gobierno federal; lo obliga a una explicación más incómoda todavía. Si Guanajuato —panista, con una de las tasas de homicidio más altas de México durante casi una década— tampoco ha sido tocado, entonces el criterio no es solo electoral: es también de pacto de gobernabilidad, de costo político con actores estatales que el gobierno federal prefiere no confrontar, sea cual sea el color partidista que gobierne esa entidad.

La excepción de Guanajuato no debilita la sospecha de selectividad electorera; la amplía a una lógica de costo-beneficio político más general y, por tanto, más grave.

Juchitán: cuando la vergüenza obliga más que el criterio

Oaxaca sí estaba en la lista de Enjambre desde antes.

Pero el caso Juchitán —la detención del alcalde Miguel Sánchez Altamirano por presuntos nexos con una célula del CJNG, y la fulminante desaparición del ayuntamiento aprobada por el Congreso estatal en menos de veinte minutos, con treinta y cinco votos a favor y ninguno en contra— no ocurrió en el vacío.

Ocurrió días después de que una diseñadora local, autora del vestido presidencial del Grito de Independencia, denunciara públicamente una extorsión y sufriera un ataque armado en su propia casa.

La Presidencia aclaró que ambos hechos no están vinculados entre sí, y no hay razón para dudar de esa aclaración puntual.

Pero la velocidad con la que todo el aparato estatal y federal reaccionó frente a ese municipio, comparada con la parálisis de años en decenas de municipios sin reflectores nacionales, deja una lección amarga: la justicia contra la infiltración criminal en México no siempre responde a un criterio institucional homogéneo y previsible.

A veces responde, simplemente, a la visibilidad mediática del daño causado.

Michoacán, el espejo más cruel

Ningún estado ilustra mejor esta contradicción que Michoacán, y no por falta de precedentes.

Ya en 2009 un operativo federal conjunto detuvo de golpe a diez alcaldes michoacanos y a otros veinte funcionarios señalados de vínculos con el crimen organizado; década y media después, la lógica de la infiltración municipal no solo persiste, sino que se ha profundizado.

Ahí, la autoridad capturada por el crimen no es la excepción sino, en municipios enteros, la norma tácita.

El gobierno estatal ha discutido eliminar policías municipales completas ante su infiltración evidente, sin que eso haya bastado para activar el mismo mecanismo de intervención que sí operó contra alcaldes de Morelos, Puebla o el Estado de México.

Si Enjambre existe para romper el pacto entre criminalidad y poder local, Michoacán es, por evidencia acumulada durante tres lustros, el caso de manual del país.

Su ausencia de la lista no puede explicarse por falta de información: se explica por falta de voluntad política, o por exceso de cálculo electoral.

Una propuesta, no un lamento

Ninguna estrategia de seguridad sobrevive si su aplicación depende del calendario electoral. La solución no es abandonarlo: es blindarlo frente a la tentación política que hoy lo distorsiona.

Eso exige, como mínimo, tres cosas concretas y verificables:

1) Criterios públicos de priorización territorial, basados en indicadores delictivos objetivos y no en negociaciones opacas con gobernadores en turno.

2) Un mecanismo de activación automática cuando la evidencia de infiltración alcance cierto umbral documentado, sin depender de la voluntad discrecional del Gabinete de Seguridad ni del calendario del INE.

3) Blindaje legal para que la desaparición de poderes municipales —como ocurrió en Juchitán en menos de una semana— no sea un recurso reservado a los casos que ya ocuparon portada, sino un procedimiento aplicado con el mismo rigor en Michoacán, Guerrero, Sinaloa, Chihuahua, Baja California y Guanajuato.

Mientras el mapa de la justicia contra la narcopolítica lo siga dibujando el calendario electoral y no el delito documentado, México seguirá teniendo dos velocidades de Estado: una veloz, para los municipios con reflectores, y otra lenta, selectiva y cómplice por omisión, para el resto del país que no sale en la portada hasta que ya es demasiado tarde.

*Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5:25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com y síguelo en redes sociales como @guerrerobaenamx

Nota editorial: Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.