Trump sube la presión a México y pone la mira en políticos ligados a cárteles

Señalamientos desde la Casa Blanca

La Casa Blanca, al igual que Trump, acusan al gobierno mexicano de tener una “relación intolerable” con los cárteles de la droga.

"Los cárteles mexicanos son los principales traficantes de fentanilo, metanfetamina y otras drogas del mundo. Estos cárteles tienen una alianza con el gobierno de México y ponen en peligro la seguridad nacional y la salud pública de los Estados Unidos", acusó en febrero pasado.

"Las organizaciones mexicanas de narcotraficantes, los principales traficantes de fentanilo del mundo, operan sin trabas debido a una relación intolerable con el gobierno de México", advirtió el 3 de marzo.

En las últimas décadas, varias autoridades mexicanas —de todos los niveles— han sido señaladas de tener vínculos con el crimen organizado.

Los nexos se han hecho evidentes a través de colaboración, infiltración, sobornos, protección y ayuda, entre otras modalidades.

Sandra Ley, profesora de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey, subraya que los vínculos entre autoridades y criminales se gestan "desde lo local".

“Las redes de protección desde el Estado al crimen organizado existen no solo en México, sino en una multiplicidad de países en donde ha florecido el crimen organizado. El nivel federal no es el único, sino muchas de estas redes de protección se gestan desde lo local”, explica Ley.

A Donald Trump no le ha bastado con la designación de organizaciones criminales como terroristas, ni el "envío" sin extradición de 29 capos, por lo que expertos consideran que México deberá “entregar la cabeza de narcopolíticos” para mostrar que sigue colaborando con EU.

Verónica Ortiz, analista política, coincide en que, debido a la presión constante que ejerce Trump, es probable que México tenga que "ofrecer" a más integrantes del crimen organizado u "objetivos" de interés para las autoridades estadounidenses. Incluso, subraya, objetivos políticos, porque la insistencia de que el país está dominado o gobernado por los cárteles es una amenaza permanente para México.

Vínculos añejos

Desde hace décadas, en México hay relaciones entre autoridad y crimen organizado. Los delincuentes han cooptado a autoridades para que les permitan operar sus "negocios", o bien, evitar ser detenidos.

Alejandro Martínez, maestro de tiempo completo en la Universidad La Salle y docente en la UNAM, explica que miembros del crimen organizado también han buscado imponer autoridades o "comprarlas" para que no sean un obstáculo a sus actividades.

“La gran capacidad de control de los territorios por parte de las organizaciones delincuenciales trae como consecuencia que ellos busquen que, quien gobierne ese territorio, sean personas afines a su organización”, destaca.

Martínez observa que también hay organizaciones que financian campañas de candidatos a presidentes municipales y gobernadores para así lograr el circulo perfecto: ellos operan libremente en el territorio, las autoridades obedecen a sus intereses y autoridades policiales están del lado de la organización delincuencial, al igual que la clase política local.

“Tenemos el caso de algunos autoridades que han sido también vinculados a la delincuencia organizada, quizá el de mayor relevancia podría ser el de Género García Luna y en su momento, el general Salvador Cienfuegos. También de gobernadores como el de Sinaloa, la expresidenta municipal de Chilpancingo, que tenía vínculos con una organización delincuencial”, señala Alejandro Martínez.

Personajes de prácticamente todos los partidos políticos han sido acusados, o señalados, de vínculos con el crimen organizado, aunque no todos han sido presentados ante la justicia.

Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública federal durante el sexenio de Calderón, fue condenado en Estados Unidos a 38 años de prisión por "por ayudar durante una década al Cártel de Sinaloa a cambio de millones de dólares en sobornos".

Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas (1999-2004), fue sentenciado en Estados Unidos a nueve años de prisión por aceptar sobornos de gente vinculada con el Cártel del Golfo. Tras un acuerdo con las autoridades estadounidenses y una declaración de culpabilidad por lavado de dinero. Salió de prisión en 2024.

Edgar Veytia, alias "El Diablo", exfiscal de Nayarit, recibió en Estados Unidos una sentencia de 20 años en prisión, cinco de libertad condicional y una multa de un millón de dólares por cargos de conspiración, distribución y fabricación de mariguana, metanfetaminas, cocaína y heroína.

La sentencia a "El Diablo" se redujo tras colaborar en el caso contra el execretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna y este año dejó de estar en custodia de la Agencia Federal de Prisiones de EU. Entre 2013 y hasta 2017, Veytia, participó en la introducción a EU de diversas drogas. En México fue señalado por recibir sobornos del Cártel H-2 y los Beltrán Leyva.

José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, Guerrero, está preso en México por presuntos vínculos con el grupo criminal Guerreros Unidos y su participación en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Otros personajes han sido señalados de tratos con criminales, pero no han sido acusados formalmente. Por ejemplo, Norma Otilia Hernández, alcaldesa de Chilpancingo, Guerrero, quien se reunió con el líder del grupo criminal "Los Ardillos".

Este año, la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación contra un alcalde y otros funcionarios del Estado de Morelos por un video en el que aparecen reunidos con un presunto líder del Cártel de Sinaloa en la entidad.

“Hay partes del territorio nacional donde la complicidad entre el Estado mexicano y grupos criminales es evidente, que sí es cierto que hay muchas partes en México donde la frontera entre el Estado y el crimen organizado es muy porosa y no queda claro dónde empieza uno y dónde termina el otro. Eso es cierto”, comentó José Andrés Sumano en el podcast de Expansión Política y Otros Datos.

Sheinbaum rechaza señalamientos

En México, la presidenta ha rechazado los señalamientos de Estados Unidos sobre la presunta "relación" entre autoridades y el crimen organizado.

“Si en algún lugar existe tal alianza es en las armerías de los Estados Unidos, que venden armas de alto poder a estos grupos criminales, como lo demostró el propio Departamento de Justicia de Estados Unidos en enero de este año”, escribió en sus redes sociales el 2 de febrero.

El 3 de marzo, nuevamente rechazó las acusaciones de una presunta relación intolerable entre gobierno de México y organizaciones criminales: “Por la noche del 3 de marzo, ayer en la noche, la Casa Blanca publicó un comunicado ofensivo, difamatorio y sin sustento sobre el Gobierno de México que negamos rotundamente y condenamos categóricamente”, dijo el pasado 4 de marzo .

La presidenta aseguró que el gobierno de Trump no le ha pedido el envío de ningún político que tenga vínculos con el crimen organizado.

Este martes, la presidenta anunció que su gobierno enviará una nota diplomática a la administración estadounidense porque Cartwright Weiland, representante de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley, quien aseguró que era muy pronto para festejar en México la no imposición de aranceles “cuando mujeres y niños siguen siendo asesinados a tiros en lugares como Guanajuato".

"Primero, (enviar) una nota diplomática porque también (Weiland) dio su opinión sobre el evento del domingo, la verdad no tendría por qué en un evento de Naciones Unidas estar opinando sobre un evento de México", afirmó la presidenta.

Más operaciones "Enjambre"

Uno de los esfuerzos que los especialistas ven con buenos ojos para combatir los vínculos entre crimen y autoridad es la “Operación Enjambre”, mediante la cual se detuvo a presidentes municipales, directores de Seguridad Pública municipal y otros funcionarios locales ligados con grupos delictivos.

“Necesitamos fortalecer lo local para que ahí no sea donde estén vulnerables las autoridades y si se llegan a hacer operativos como el Enjambre, que se quede solamente en detener a unas autoridades, sino de investigarlas, castigarlas y afianzar esos municipios para que esas redes de protección no se vuelvan a generar”, afirma Sandra Ley.

La especialista en seguridad considera que, más allá de la presión política de Trump, México necesita tomarse en serio la tarea de investigar las redes de protección a criminales desde el poder que, insiste, no son de ahora, sino de décadas atrás.

“Tampoco son del régimen calderonista exclusivamente, son décadas que desde los años 80 o más que se han gestado. Entonces, hoy lo que estamos enfrentando con una serie de peleas de narrativa política, sin realmente tener la intención real de llegar a las raíces del crimen organizado y poder desmantelarlas”, subraya la experta.