El narcoterrorismo tensa la cuerda entre México y EU; advierten más presión para desmantelar redes de corrupción

Para Miguel Sigala, profesor e investigador del Centro de Estudios sobre América del Norte en la Universidad de Guadalajara (CUCSH), lo que hoy vemos con el caso de las a cusaciones en contra del gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha y otros nueve políticos y funcionarios, es parte de las “acciones extraordinarias” en contra los cárteles que el gobierno de Trump preparó desde hace más de un año cuando los clasificó como terroristas.

“No veo una intervención militar, pero sí algo sin precedentes como que Estados Unidos fuerza la renuncia de un gobernador en México. Eso puede seguir escalando, no había sucedido antes. La pregunta es, ¿cuál es el siguiente nivel de presión? ¿Un secretario de estado, un presidente o un expresidente?, no lo sabemos, pero si observamos que la presión política va hacia allá”, cuestiona el también profesor de la Universidad de Arizona.

La grieta que surgió en el norte

En Chihuahua inició la grieta de la nueva etapa de la relación bilateral que dos semanas después llegaría a Sinaloa.

Aunque México y Estados Unidos tienen un entendimiento en materia de seguridad, agentes de la Agencia Criminal de Investigación (CIA) participaron en un operativo para desmantelar un laboratorio clandestino de drogas en la sierra tarahumara.

La operación se hizo sin que el gobierno federal tuviera conocimiento de ello, con lo que se destapó una posible violación a la Constitución, a la Ley de Seguridad Nacional y generó que la presidenta Sheinbaum enviara una nota de extrañamiento a Estados Unidos.

Su presencia se conoció luego de que los agentes se accidentaran y perdiera la vida junto a funcionarios mexicanos en la sierra de Chihuahua.

Al darse a conocer el hecho, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, lamentó la muerte de dos funcionarios estadounidenses y reconoció “sus incansables esfuerzos para enfrentar uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo”.

De acuerdo con algunos analistas, con este mensaje del exoficial de la CIA, nació la grieta entre ambos países.

Después de ello, vino toda la discusión política sobre su era legal o no la estancia de los agentes estadounidenses que elevaron el tono del recamo en contra de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, que terminaría con la renuncia del fiscal de la entidad, César Jáuregui.

Días después, en tierra sinaloense, el embajador dejó atrás los reconocimientos al gobierno de Sheinbaum y al gabinete de seguridad por los golpes a la delincuencia organizada y viró su discurso a la crítica.

En colocación de la primera piedra del complejo Pacífico Mexinol, en Topolobampo, Jonhson aseguró que la corrupción y la extorsión son obstáculos para la inversión y el desarrollo de proyectos estratégicos en América del Norte.

“La inversión sigue a la certeza y se aleja de la corrupción”, dijo el embajador.

Seis días después, vendría el que hasta ahora ha sido el golpe más fuerte para México en el segundo mandato de Trump.

"El gobernador de Sinaloa y otros nueve funcionarios mexicanos, tanto en activo como retirados, fueron acusados ​​de narcotráfico y delitos relacionados con armas” , era el título del comunicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos en la que acusaba a 10 políticos mexicanos.

Los señalamientos no se quedaron en la generalidad como cuando en febrero de 2025 la Casa Blanca acusó al gobierno de México de “tener una alianza con los carteles” y que servió para que la presidenta Claudia Sheinbaum asegurara en su conferencia matutina que se referían al caso del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, preso en Estados Unidos por sus vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Esta vez había nombres y apellidos y funcionarios en funciones como el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza y el alcalde de Culiacán Juan de Dios Gámez Mendívil, entre otros funcionarios y exfuncionarios.

“Los acusados ​​presuntamente utilizaron sus cargos de confianza para proteger las operaciones del cártel, facilitando así el ingreso de drogas letales a nuestro país. Nadie está por encima de la ley”, declaró el administrador de la DEA, Terrance Cole.

Ante las acusaciones, desde el gobierno de la presidenta Sheinbaum se pidieron pruebas, al asegurar que ve más una intención es política.

Por primera vez, durante estos 14 meses de la administración Trump, la presidenta criticó al embajador y cuestionó su actitud injerencista.

“Frente a lo que estamos viviendo, por lo menos podemos decir que son declaraciones desafortunadas. Porque un embajador de Estados Unidos en México, un embajador de Francia en México, un embajador de Ucrania en México, de Irán en México —para poner las distancias—, de Cuba en México, de Argentina en México, un embajador no puede tener una actitud injerencista”, expresó la mandataria.

Presión de EU puede escalar y tocar temas económicos

Desde su regreso a la Casa Blanca, Donald Trump fortaleció su lucha contra los cárteles: declaró Organizaciones Terroristas a seis carteles mexicanos y con ello, habilitó herramientas más agresivas para combatir el lavado de dinero, declaró al fentanilo como “arma de destrucción masiva" y declaró que su país está en “conflicto armado” contra los cárteles del narcotráfico.

“Estamos viendo el inicio de un ataque mucho más frontal contra los cárteles, no solamente desde Estados Unidos, también es de parte de México que ha cambiado esta política de ‘abrazos, no balazos’, a ser un poco más confrontativa”, sostiene Michel Levien, experto en anticorrupción y antilavado.

Los señalamientos contra Rocha son parte de que Estados Unidos sumara a México a la lista negra en la que están países como Irak, Siria, Irán, y Pakistán.

"No solo se trata de atacar a organizaciones criminales, sino que al designar las terroristas la dimensión jurídica en los Estados Unidos cambia, es decir, sigue siendo no legal para los ojos de México el intervenir en nuestro país, pero desde la lógica norteamericana se vuelve legal o justificable tener operaciones en otros países como México", plantea Víctor Manuel Sánchez Valdés, investigador especialista en Seguridad Pública de la Universidad Autónoma de Coahuila.

Para Miguel Sigala, el gobierno de Trump encontró la fórmula para lograr resultados: el binomio amenaza-presión, por lo que no se descarta que las elevará.

“Estados Unidos ha utilizado y puede utilizar la presión económica como la imposición de aranceles o probablemente la no renovación del Tratado México-Estados Unidos-Canadá como presión a México para que actúe, como ya se ha visto con el objetivo de reducir los flujos migratorios o con el objetivo de atacar a los cárteles de la droga”, agrega Sigala.

Bajo su fórmula, Trump consiguió que el flujo migratorio disminuyera a niveles mínimos, que el decomiso de fentanilo en la frontera cayera porque los cárteles están enviando menos, que México desplegara 10,000 elementos de seguridad en la frontera y que le enviara a más de 90 presuntos delincuentes, entre ellos perfiles como Rafael Caro Quintero, Miguel Ángel Treviño Morales, “Z-40″ y Servando Gómez Martínez, “La Tuta”.

A diferencia de Venezuela o Cuba, no es tan sencillo que Estados Unidos intervenga en México para extraer a algún político como Rocha pues ambos países tienen acuerdos de cooperación.

“No es realista pensar, al menos, en el corto plazo en una intervención que vaya más allá. Es posible que sigan teniendo participación encubierta en operativos como lo que pasó en Chihuahua, pero no que pase a un comando llevándose algún político hacia los Estados Unidos”, plantea Sánchez Valdés.

En el corto plazo, la presión del gobierno de Trump hacia México puede subir, sin embargo, estará focalizada porque aunque se trata de una potencia mundial no le conviene afectar a su socio comercial.

"Es un dilema que él debe decidir y en el que México no podría hacer mucho ni con las conversaciones diplomáticas, pero sí seguramente habrá asesores y grupos de presión que puedan hacerle ver al presidente que eso sería contraproducente, así como ha sido su política de tarifas y aranceles”, dice Anabel Ortega Muñoz, politóloga e internacionalista de la Universidad La Salle.

Aunque la presidenta Sheinbaum ha salido a rechazar algún tipo de intervención o afectación a la soberanía, los expertos consideran que puede ser una oportunidad para que México combata la "narcopolítica" que ha tejido redes desde hace décadas: Tomás Yarrington de Tamaulipas; Mario Villanueva Madrid de Quintana Roo; Roberto Sandoval y Édgar Veytia de Nayarit.