Mérida Sánchez es un militar de carrera con formación en derecho, administración militar y seguridad nacional, con estudios de maestría en el Colegio de Defensa Nacional y un doctorado en curso.
A lo largo de su trayectoria ocupó diversos cargos de alto nivel dentro del Ejército mexicano, incluyendo el mando de zonas militares en estados como Michoacán, Oaxaca y Puebla, así como funciones estratégicas en áreas de inteligencia, operaciones y logística dentro del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional. También fue agregado militar en la embajada de México en Chile y director de la Escuela Militar de Inteligencia.
José Antonio Dionisio Hipólito, “Tornado”
El exsubdirector de la Policía Estatal de Sinaloa aparece en la acusación y, de acuerdo con las autoridades estadounidenses, también participó en la conspiración para el tráfico de drogas mediante la protección de operaciones del cártel y la colaboración con sus integrantes.
Juan de Dios Gámez Mendívil
Es actual alcalde de Culiacán, es señalado como uno de los funcionarios que presuntamente colaboró con el Cártel de Sinaloa.
Gámez Mendívil es un profesional con formación en arquitectura y especialización en áreas vinculadas a la administración pública y a la seguridad social. De acuerdo con su currículum, cursó la licenciatura en Arquitectura en la Universidad Autónoma de Sinaloa y posteriormente realizó estudios de maestría en la Organización Iberoamericana de Seguridad Social.
Entre 2013 y 2017 se desempeñó en el ISSSTE dentro de la Dirección de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales, donde ocupó el cargo de jefe de departamento técnico normativo enfocado en estancias infantiles. Posteriormente, participó en el Senado de la República entre 2018 y 2021 y más tarde fue delegado de Programas para el Desarrollo en Sinaloa entre 2021 y 2022.
Juan Valenzuela Millán, “Juanito”
Es identificado como excomandante de alto nivel en la Policía Municipal de Culiacán. Además de los cargos relacionados con narcotráfico y posesión de armas, enfrenta acusaciones más graves por su presunta participación directa en actos de violencia.
Según el documento, colaboró con el cártel en secuestros, en los que se incluye el de un informante de la DEA y un familiar, quienes posteriormente fueron asesinados. También se le atribuye el uso de personal de la policía para ejecutar acciones en beneficio del grupo criminal para presuntamente consolidar su control territorial mediante la violencia.