Los entrevistados revelaron que al salir de la institución siguió el maltrato, pues vieron reducidos sus pagos por indemnización conforme a la ley, o bien fueron despedidos por edad, lo que conllevó afectaciones económicas y familiares.
Con todo ese panorama, otra de las conclusiones del estudio fue la ausencia de certeza laboral y de buenas condiciones de trabajo, lo que genera una institución sin estabilidad necesaria para cumplir sus funciones.
Es decir, las condiciones en las que se encuentran hoy los elementos de la Guardia Nacional repercuten negativamente en sus funciones de brindar seguridad ciudadana.
Clima hostil
“Quienes proceden de Sedena, quieren ser soldados. Quienes proceden de Semar, quieren ser marinos. Quienes procedemos de la Policía Federal, somos Policías Federales. No he conversado con ningún integrante que quiera pertenecer a la Guardia Nacional. Tan solo reunir al personal de Sedena con el personal de Semar resulta hostil”, refirió uno de los entrevistados para el estudio.
Otro dio cuenta del clima hostil hacia todo el que no es militar, lo que genera rencillas internas, atizados por el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien siempre menciona al Ejército como solución a todo ya los policías federales, en general, como los malos.
“Claro que existe discriminación, de ahí que día con día aumenten las 'bajas voluntarias', estamos en una etapa de la seguridad en México en donde el policía es el malo, y el militar es la única persona capaz de combatirlo, cosa que sabemos no lo saben hacer”.
Purga de civiles
Las organizaciones que realizaron el estudio demandaron el fortalecimento de las políticas públicas en seguridad civil, pero sin militarización.
Explicaron que con las entrevistas se buscó conocer los avances de la Guardia Nacional en el objetivo que se fijó en su creación: ser un cuerpo civil dedicado a garantizar seguridad ciudadana.
Sin embargo, la revisión realizada a tres años de su creación mostró que el reclutamiento a sus filas nunca ha sido realizado por elementos civiles, sino por militares; su entrenamiento y presupuesto siempre ha estado a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) “sin apostar por la vía de la supervisión civil”.
También resaltan que en las decisiones privan órdenes militares pero sin profesionalización policiaca.
Por ejemplo, los expolicías federales (10 mujeres y 22 hombres) entrevistados contaban con más de una década de servicio, fueron parte de la transición a la Guardia Nacional pero fueron orillados a dejar su carrera.
“Con el tiempo, muchos aceptaron la baja voluntaria cuando vieron la oportunidad, pues las condiciones legales, administrativas y operativas les obligaron a irse por el despido injustificado de una corporación recién creada", se explica.
Según se refiere, desde que se creó la GN, adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, esta ofreció “bajas voluntarias” a las expolicías federales, pero para las indemnizaciones no se tomaron en cuenta años completos y los pagos fueron por menos de lo previsto en la ley.
Los que se quedaron perdieron también derechos: tuvieron reducción a su seguro de gastos médicos mayores, se eliminó la prestación a los familiares directos, el bono anual se cambió por vales de despensa con un monto menor y se eliminó la compensación económica por servicios fuera del área de adscripción (bono de operatividad y viáticos); además se eliminó el seguro de separación individualizada.
María Elena Morera, de Causa en Común, aseguró que se estima que de 20,000 elementos de la Policía Federal (es decir civiles) que fueron incorporados a la Guardia Nacional, es probable que sólo queden 5,000.
El resto de la organización ya es militar, por lo que es falso decir que la GN es civil.
“El problema es el trato desigual e inequitativo que se nos brinda en general, es como si existiéramos dentro de la Guardia Nacional elementos de primera -SEDENA-, elementos de segunda -SEMAR-, elementos de tercera -Policías Federales-“, dijo un entrevistado.
