Las organizaciones Causa en Común, Seguridad Sin Guerra y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) presentaron este miércoles 28 de septiembre el informe Policías al Grito de Guerra, en el que con base en 32 testimonios de expolicías federales concluyeron que la Guardia Nacional opera en la ilegalidad, militarizada “desde el primer día” y vulnera no sólo derechos de los ciudadanos, sino de sus mismos integrantes.
“Cada día que el Ejército está en las calles están muriendo, asesinadas en ataques directos, siendo detenidas arbitrariamente muchísimas personas, 160 mil desde que inició la guerra contra el narcotráfico (2012)”, dijo Lucía Chávez, de la CMDPDH.
Chávez expuso que el problema no se trata de la actuación de un gobierno en particular, sino de la participación de efectivos militares, que carecen de capacitación para tareas de seguridad pública, lo que ocurre desde 2012 y hasta la fecha, reforzada con las propuestas militaristas del presidente Andrés Manuel López Obrador.
“El problema es que para los militares lo principal es cumplir la orden, sin cuestionarla. Y eso es lo que evitó el Constituyente al establecer que la obediencia jerárquica y la subordinación que tiene el Ejército no era lo principal, lo principal era la atención ciudadana, brindar seguridad, respetar los derechos humanos, por eso se ordenó que la Guardia Nacional debía ser civil, expuso Marcela Villalobos, de Seguridad Sin Guerra.
“La impunidad militar mata y hoy la SCJN es cómplice. Cuando la Constitución obliga a las fuerzas armadas a regresar a sus cuarteles, ¿con qué corporación civil nos vamos a quedar si a las policías federales los están mandado fuera por la puerta de atrás?”, agregó.
Destacó que hacia el cierre de este año 2022 suman 130 quejas contra el Ejército por violaciones graves a los derechos humanos, que incluyen delitos como tortura, privación de la vida, desaparición forzada y detenciones arbitrarias, pero en el caso de las quejas de la Guardia Nacional suman 186.
“Es decir, la Sedena y la GN siguen cometiendo violaciones graves a los derechos humanos”, reforzó Chávez, quien acusó también de silencio criminal a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que ha callado frente al avance de la militarización.
Por ello, demandaron a la SCJN resolver y restablecer el orden constitucional, como base para la seguridad.
“Lo que parece es que los ministros están del lado del presidente porque no están del lado de los ciudadanos”, expuso María Elena Morera, de Causa en Común.
“Nos mintió el presidente al decir que sería un cuerpo civil, porque los militares se hicieron cargo de la GN y discriminaron a los policías federales”, insistió Morera.
Explicó que las reformas recientes por las cuales la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) asumió el control administrativo y operativo de la GN deben también revertirse por la SCJN, por lo que le exigió cesar su “tortuguismo”.
“No estamos contra militares y marinos, sino contra quienes pisaron la Constitución y todos los días pisan a los miembros de la Guardia Nacional”, agregó.
