Militares "no distintos a los del pasado" controlarán la Guardia Nacional

Esta semana, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, anunció que el 1 de septiembre el presidente Andrés Manuel López Obrador enviará al Congreso de la Unión la iniciativa preferente de reforma de la Guardia Nacional , para que pase a depender administrativa y operativamente de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Esta decisión causa controversia por tres razones: en primer lugar, contraviene la promesa del propio presidente Andrés Manuel López Obrador de que la Guardia Nacional tenga un mando estrictamente civil.

Lee:

México

La GN en la Sedena puede volverse opaca y violar los derechos humanos

Por otro lado, el secretario de Gobernación, Adán Augusto, argumenta que “este es un ejército profesional que respeta los derechos humanos, basta revisar el índice de letalidad para comprobar que no mentimos. ¿Por qué el Ejército o GN tiene que estar dentro de (la Sedena)? Porque no hay institución tan profesional y honesta como esa”, no obstante, algunos datos siguen señalando a ambas instituciones como responsables de violaciones de Derechos Humanos.

Tan solo entre enero y julio de este año la Guardia Nacional ha recibido 276 quejas por violaciones a los derechos humanos y la Secretaría de la Defensa Nacional otras 241, según datos del Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos .

Incluso, de 32 quejas por actos de tortura, 11 señalan a elementos de la Guardia Nacional como responsables y 2 a la Secretaría de la Defensa Nacional.

En tercer lugar, esta medida, tal como está planteada por el gobierno federal, contravendría a la propia Constitución Mexicana, así lo señala Eliud Tapia, abogado, consultor en Derechos Humanos y profesor de la Universidad Iberoamericana campus Torreón.

La diferencia entre el pasado y el presente debe ser la justicia

El experto opina que, para afirmar que el Ejército actual es distinto, tendría que haber evidencia y rendición de cuentas de parte de los militares, además de justicia y sentencias sobre hechos relativamente recientes de violación a los derechos humanos por parte de los cuerpos castrenses.

“La diferencia entre el pasado y el presente debe ser la justicia. Entonces, revisemos cómo ha tratado el gobierno las graves violaciones a DH cometidas por el ejército. ¿Han sido castigadas? No. Entonces no hay ninguna razón para pensar que este ejército es diferente”, argumenta el investigador, quien también indica que aún no han sido castigados los grandes casos de violaciones de parte de elementos del Ejército Mexicano, como Tlatlaya, donde mataron a 22 civiles y la fiscalía y la CNDH probaron que básicamente pusieron en pelotón de fusilamiento a personas que habían sido privadas de la libertad.

En este sentido, se esperaría que “la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, los partidos políticos o personas en lo particular presentasen acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales o incluso amparos contra la ley, aduciendo que se están violando los DH contenidos en la Constitución”.

El problema es que regularmente estas acciones no tienen el poder inmediato de suspender el ejercicio de una ley como la que plantea el presidente López Obrador. “Entonces, estaríamos entrando en un terreno en el que una ley que viola Derechos Humanos estaría vigente hasta en tanto no se resuelvan los casos por la Suprema Corte”, indica Luis Tapia.

“Decir que este Ejército es diferente, solo por la palabra de un funcionario, sin tener ningún argumento para hacer que rindan cuentas esos mismos militares, es un discurso vacío”.