La semana pasada, una vez más, estuvo marcada por la discusión legislativa sobre el rol y tiempo de permanencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública.
El jueves, en la sesión del Pleno del Senado de la República, se regresó a comisiones el dictamen que reforma el transitorio de la reforma constitucional de 2019 para extender hasta 2028 la presencia de las Fuerzas Armadas en estas tareas.
Para algunos, un logro de la oposición que no se aprobara en el Pleno. En mi opinión, sería un logro pírrico en todo caso. Para otros, una muestra más de la división tanto en la oposición como al interior de la llamada 4T, particularmente entre el Ejecutivo y el Coordinador Monreal.
Desde mi perspectiva, un logro más del presidente López Obrador en materia de narrativa y discurso público. El que no se rechazara, y se mantenga por 10 días más discusión, como lo marca el reglamento del Senado, le permite al presidente mantener vivo el tema en el debate público.
De inmediato, en la mañanera del día siguiente, el presidente anunció que durante el resto del año promoverá una consulta pública sobre el tema; y que la consulta no será encargada al INE, por supuesto, sino que la hará Gobernación, aunque no sea vinculante.
¿Con qué presupuesto y en qué condiciones organizará Segob un ejercicio de esta naturaleza a nivel nacional? Está por verse. ¿De qué calidad será? Es bastante previsible. ¿Qué resultado arrojará? No se requiere mucho para anticiparlo.
Lo cierto es que este tema es de los tres grandes temas que en 2021, al día siguiente de las elecciones intermedias, el presidente anunció como sus prioridades, a sabiendas de que ya no tendría mayoría calificada: reformas constitucionales de electricidad, política electora y guardia nacional.
Estos tres temas no podemos verlos como agendas de gobierno, por inocentes que seamos. Fueron los temas claros de campaña que usaría para comunicarse con su base social, y mantenerla lo más consolidada posible hacia los siguientes momentos electorales, para llegar sólido al 2024.
Con la iniciativa eléctrica cruzó de manera exitosa tres aduanas: recabar las firmas para realizar la consulta de revocación de mandato; ganar de manera contundente la revocación, al tiempo que midió su número mínimo de adeptos (15 millones); y las elecciones estatales de junio pasado.
Si bien introdujo primero la reforma política electoral a finales de abril, ese tema seguramente lo mantendrá más guardado hasta que lo considere necesario, pero en principio, conforme se acerquen los tiempos de nombrar a 4 nuevos Consejeros del INE el próximo año.
Mientras tanto, hace unas semanas anunció la iniciativa de reforma constitucional para formalizar la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Iniciativa que nació muerta legislativamente, pero que, como sabemos, tenía propósito de darle narrativa al presidente.
Como era de esperarse, no tuvo los votos necesarios para aprobarla y murió en Diputados. Sin embargo, la iniciativa le dio éxito en otros objetivos más prioritarios: enardecer a su base con el debate público, y probarle a la oposición su evidente debilidad.
En particular, demostró que el PRI en particular sigue sin rumbo, y cooptado por liderazgos a quienes nada les importa el partido, la alianza va por México y mucho menos el país. A Alito y a Moreira sólo les importan sus intereses personales, a costa de lo que sea.
Así, unos días después de rechazada la iniciativa presidencial, sale del propio PRI la iniciativa de reforma constitucional para extender el plazo de las Fuerzas Armadas en seguridad pública. Presentada por Yolanda de la Torre, duranguense que juega con el bando Alito-Moreira.
Con esta iniciativa se abre una clara división entre Diputados y Senadores del PRI. Y, sobre todo, se resquebraja la alianza antinatura, que desde el principio se percibía como de conveniencia para los tres dirigentes partidistas, más que de un interés genuino por abordar los graves problemas del país.
El tema de fondo no es la militarización. Nunca lo fue. Es el juego político para ver qué bando saca más raja. A nadie, ni al presidente ni a la Alianza, les importa la seguridad de los mexicanos.
Para el presidente, la prioridad es su estrategia electoral. Para la Alianza, particularmente para los dirigentes partidistas y legislativos, la prioridad es salvaguardar sus intereses personales, a costa de sus partidos y del país.
Y en la sociedad civil, el debate sigue sin rumbo. Como lo fue con la discusión sobre la Ley de Seguridad Interior. El discurso fácil es el de la militarización. Como si el país no llevara militarizado desde 2007. Y como si la presencia armada no fuera en incremento desde entonces.
La militarización no nació con López Obrador, sino con su némesis, Calderón. Se consolidó y creció con su intocable, Peña. Y se generalizó, sí, como única estrategia con López Obrador.
Llevamos ya tres sexenios sumidos en la incapacidad, la corrupción, la insensibilidad, la insensatez, la indiferencia y la mediocridad de los peores titulares del Ejecutivo Federal. Tres gobiernos de darle la espalda a México. De no discutir los problemas de fondo y sus raíces.
Hoy, estamos en los peores niveles de violencia. Y con la narrativa actual de gobierno y oposición de polarización, encono, revancha y profundización del rencor y resentimiento seguiremos viendo máximos históricos mientras no se entre de fondo al tema.
Nadie está reconociendo errores, y mucho menos pensando en las soluciones. El tejido social cada día se desgarra más, mientras nadie se fija en la prevención social. La visión actual de dádivas no busca cambiar realidades, pero el Presidente sigue ganando la narrativa ante una oposición impávida.
Como lo dijo Beatriz Paredes en el Senado: “regresemos el debate al verdadero problema… necesitamos regresar a un Estado Nacional Democrático… necesitamos una estrategia de seguridad pública integral que no ignore a estados, municipios y a la ciudadanía.” Ojalá algún día.
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