Políticas sobre niños, jóvenes personas con discapacidad
El mandatario propone desaparecer el sistema creado para atender niños y jóvenes y cuya inactividad en casi cuatro años de gobierno ha sido un reclamo.
Se trata de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) que se transferiría al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), como una unidad administrativa.
La lógica de la decisión, de acuerdo al ejecutivo, es que el DIF es el principal ejecutor y coordinador de las políticas dirigidas a niñas, niños y adolescentes en los tres órdenes de gobierno en todo el territorio nacional, y que por tanto cuenta con los conocimientos técnicos y operativos suficientes para realizar las funciones de la Secretaría Ejecutiva del Sipinna, y elaborar ante el proyecto del Programa Nacional de Protección de se ese sector, y que debió estar listo hace años.
“La multiplicidad de órganos puede aparentar que el Estado mexicano otorga mayor importancia un tema cuando en realidad únicamente significa que se ejerce mayor gasto en burocracia”, justifica la propuesta.
Esa transferencia implicaría que 61 personas empleadas de confianza del Sipinna se integrarían al DIF y "se compensan" los 69 millones 926,313 pesos de presupuesto con que cuenta el sistema.
También propone que el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, que se encuentra como órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud, se transforme e integre a la misma dependencia pero con rango menor, una unidad administrativa.
De acuerdo al diagnóstico oficial el Sistema de Salud se caracterizó por la “desconcentración, fragmentación y descoordinación del sector lo que implicó una constante desarticulación de esfuerzos, duplicidad de funciones e ineficiencia en el gasto público dedicado a la salud“.
Eso se busca remediar, conforme a la iniciativa, con el paso de ser un órgano desconcentrado a una unidad administrativa e integrar a esta a los 56 trabajadores de base y 41 de confianza que hoy están en el Centro.
En tanto, el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las personas con Discapacidad (Conadis) también se reducirá a una unidad administrativa de la Secretaria de Bienestar pro se mantendría como “unidad rectora de la política pública” dirigida a ese sector poblacional.
Su personal, 31 personas 6 de base y 25 de confianza se integraría a la nueva unidad y sus recursos de 34 millones 4,435 pesos se compensarían.
Por desaparecer o reformar a Inapam e Imjuve
También se desaparecería como organismo público descentralizado al Instituto Mexicano de la juventud (Injuve), para hacer una unidad administrativa de la Secretaría de Trabajo y Previsión social STPS.
El cambio se propone porque según una evaluación realizada en 2022 por la Secretaría de Hacienda se detectaron problemáticas como la falta de cuantificación de población atendida, problemas para la entrega oportuna de recursos o que no es posible identificar su destino.
Por eso se concluye “no tiene ningún sentido administrativo o de ejecución de política social preservar como tal al Injuve, caso de “política de simulación” pues se crearon aparatos burocráticos sin programas efectivos, según la propuesta.
Así, dado que la STyPS aplica programas sociales como “jóvenes construyendo el futuro, se propone trasladarle al Injuve, con sus 205 empleados y presupuesto de 115, 317,239 pesos.
Pero no es todo, también desaparecería como se conoce al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam), que es un organismo desconcentrado de la Secretaría de Bienestar, para transformarla en unidad administrativa de esa misma dependencia.
La transferencia del Instituto seria con los 780 trabajadores y el presupuesto de 344, 508, 400 pesos.
Cambios en atención a población indígena
Conforme a los que propone el presidente habría una mejoría en la atención a los pueblos indígenas con modificaciones administrativas.
Así propone que la Dirección General de Educación Indígena Intercultural y Bilingüe, adscrita a la SEP se propone integrarlo al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (Inpi), que es un organismo descentralizado de la administración pública federal.
Aparte, el objetivo es dotar al Inpi de facultades en materia de educación indígena, “para consolidar y preservar la riqueza de las culturas indígenas”.
Ahora tendría atribuciones para realizar investigaciones para el desarrollo de la educación inicial, preescolar primaria, secundaria y especial de las personas pueblos y comunidades indígenas y afro mexicanas, además de recomendar a las autoridades educativas medidas tendientes a la equidad de la enseñanza en las comunidades.
Dado que todas las reformas que involucran a las comunidades indígenas debe –por ley- ser sujeta a consulta, la iniciativa asegura que “la necesidad de concentrar en una sola dependencia distintas facultades del estado dirigidas a promover el ejercicio de derechos de estos pueblos y comunidades el resultado de las consultas realizadas entre junio y julio de 2019, en 54 foros llevados a cabo en regiones indígenas de 27 entidades”.
La Dirección General de Educación se integraría al Inpi como una unidad administrativa al igual que su personal, consistente en 23 trabajadores de confianza, y su presupuesto, de 174 millones 171,081 pesos.
El presidente también propone integrar el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali) con el Inpi con el fin “de fortalecer su objeto “.
Ambas realizan actividades para preservar y enriquecer las lenguas de los pueblos y comunidades indígenas “lo que tiene como consecuencia de la dispersión de los recursos públicos destinados a este objetivo y por tanto, su dispendio. La presente iniciativa propone eliminar la duplicidad de funciones”, se indica.
Con esta integración al Inpi “se traslada su personal y presupuesto: 85 trabajadores de confianza y presupuesto de 71 millones 27, 999 pesos".
