Estados y municipios pierden la batalla por los recursos del fondo minero

No obstante, con las modificaciones en el Paquete Económico 2019, el dinero recaudado cambió de fórmula con lo que los estados y municipios ya no recibían directamente los recursos. Por ello se presentaron 33 controversias ante la Corte para conservar los recursos en las zonas mineras y mantener así la esencia del fondo.

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Pero como la SCJN votó la improcedencia de la controversia de Chihuahua, que al igual que las otras 32 tenían vigencia a este año, ya no tendrán validez el próximo año dado que aplicaron para el año fiscal actual que termina el 31 de diciembre, mientras que la Corte ya no tendrá sesiones, sino hasta el 2020.

“Quedan sin materia y eso ya no se resolvió, lo que aplicará ahora será lo que dice la Ley de Ingresos y Derechos de 2020 que lo que hace es destinar estos recursos para Educación”, explicó Beatriz Olivera, investigadora del programa Tierra y Territorio de Fundar.

De zonas mineras a escuelas

Tras la decisión el gobierno federal de cambiar el nombre del Fondo para el Desarrollo de Zonas de Producción Minera y que la Secretaría de Economía y ya no la de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu) absorbieran y asignaran los recursos, en febrero de 2019 un conjunto de municipios y estados mineros solicitaron la intervención de la Corte para que el Ejecutivo mantuviera el espíritu del Fondo.

Ya en la Ley Federal de Derechos 2020, se desapareció la vinculación del uso del Fondo en zonas donde hay extracción minera para que ahora se destinen los recursos a la Secretaría de Educación Pública (SEP) para mejorar las condiciones de los centros educativos y de los servicios de salud.

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CAMBIOS AL FONDO MINERO

Desde que entró el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se ha modificado la distribución de los ingresos por el pago de derechos.

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Antes de 2018

• Fondo minero: 77.5%

• SEDATU: 2.5% para la operación del fondo.

• SHCP: 20% para obras de infraestructura.

Durante 2019

• Fondo Minero: 80%

• Secretaría de Economía: 10%

• Gobierno federal: 10%

A partir de 2020

• SEP: 85%. De este monto, 80% para mejorar las condiciones de los centros educativos y de los servicios de salud, así como en inversión física con un impacto social, ambiental y de desarrollo urbano positivo) y el 5% es para desempeñar “las funciones necesarias a fin de llevar a cabo su encomienda”, es decir, para acciones de gestión y administración para financiar las acciones y proyectos de inversión descritos.

• Secretaría de Economía: 5% para acciones de fortalecimiento del sector minero y para mejorar los sistemas de registro y control de la actividad minera.

• Gobierno federal: 10% para diversos programas de infraestructura aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Para Fundar, con este cambio se “desdibuja la figura del Fondo minero, así como su impacto local en zonas mineras”, y aunque reconoce que hubo irregularidades en el uso de estos recursos, señala que en lugar de que se haya cambiado el sentido del fondo, se debieron reforzar estos mecanismos.

Beatriz Olivera, de Fundar, comentó que el Fondo tenía muchas irregularidades en la manera que venía operando, pero al hacer este cambio con la nueva disposición, se toman decisiones que tampoco van a favorecer transparencia y rendición de cuentas.

“El Fondo minero, el espíritu con el que se creó, era elevar la calidad de vida, impactos socioambientales, la nueva disposición desdibuja el objetivo inicial del fondo, aunque entendemos la parte de que la corrupción existía”, señaló.

Asimismo, organizaciones de la sociedad civil señalan algunos faltantes para el inicio del nuevo fondo como son mecanismos de implementación y participación efectiva, rendición de cuentas sobre los recursos del Fondo aplicados para 2014-2017 y control sobre los recursos que ha recibido el gobierno federal a partir de 2019.

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Por lo que solicitan se discutan e incluyan mecanismos para asegurar que en la asignación y ejercicio de los recursos que integran el Fondo minero se mantenga un vínculo de origen, y se puedan mitigar y resarcir daños creados por la actividad minera; se cree un registro de proyectos financiados, terminados y en curso con información detallada por carpeta de proyecto y se detalle cuántos recursos se incorporaron al fideicomiso creado en 2019 bajo la tutela de la Secretaría de Economía.

También piden que se establezcan criterios de participación y monitoreo para todos los proyectos de infraestructura financiados en 2019 y en el ejercicio de 2020; y se sienten bases para etiquetar y detallar cómo se ejercen los recursos asignados en complemento del financiamiento de infraestructura (para coordinación y administración), desde cualquiera que sea la dependencia que los ejerza.

Olivera señala que espera que se garantice que pueda haber rendición de cuentas y que los recursos “no se pierdan en las arcas de la SEP”. Alertó que aunque estos recursos no se verán en las comunidades, no los derechos de las empresas mineras por lo que deben crearse estos mecanismos que no se pierdan los recursos.