2 de octubre. La paradoja capitalina, más miedo a intervenir que al vandalismo

Las limitaciones policiales eternas

La narrativa oficial insiste en que la presencia del “Bloque Negro” es un fenómeno “menor” frente al carácter legítimo de la protesta social. Sin embargo, los datos y la evidencia contradicen este argumento. Tan solo en la jornada del 2 de octubre, las pérdidas materiales reportadas por asociaciones de comerciantes y aseguradoras superaron los 25 millones de pesos. A ello se suma la afectación al transporte público, la interrupción de servicios y el daño a inmuebles históricos. Estos impactos no pueden considerarse “colaterales” ni “inevitables”; son el resultado directo de una política que limita la intervención policial bajo el pretexto de evitar la “represión”.

El problema radica en que los cuerpos de seguridad se encuentran atrapados en un laberinto normativo y político. Por un lado, el marco legal establece protocolos claros para el uso gradual de la fuerza, diseñados precisamente para diferenciar entre manifestantes pacíficos y actores violentos. Por el otro, la conducción política de la capital ha optado por aplicar una interpretación ideológica de esos protocolos, instruyendo a la policía a privilegiar la pasividad absoluta antes que el restablecimiento del orden. La consecuencia: un cuerpo policial que, en lugar de garantizar derechos, los convierte en letra muerta para quienes ven vulnerada su seguridad y su patrimonio.

No hay modelo de intervención

El desempeño de la Policía de la Ciudad de México en este tipo de escenarios refleja una preocupante distorsión del concepto de seguridad pública. La autoridad parece haber renunciado a ejercer el monopolio legítimo de la fuerza, cediendo terreno a grupos minoritarios cuyo único objetivo es generar caos. La inacción, lejos de desescalar la violencia, la incentiva: el “Bloque Negro” actúa con la certeza de que no enfrentará consecuencias inmediatas, mientras comerciantes, vecinos y ciudadanos comunes quedan atrapados en la indefensión.

A esta distorsión se suma la falta de profesionalización en tácticas de contención selectiva. La policía capitalina cuenta con unidades de granaderos disueltas en el discurso, pero sustituidas de facto por cuerpos de “atención de riesgos” sin la preparación ni el equipamiento suficiente para intervenir con precisión quirúrgica. El resultado es un aparato de seguridad debilitado, sin herramientas para separar a los violentos de los manifestantes pacíficos, y sin respaldo político para ejercer acciones legítimas de control.

Lo más grave es que esta estrategia erosiona la confianza ciudadana. Cada vez que la policía permanece pasiva frente a la violencia callejera, se envía un mensaje de impunidad que debilita el tejido social. El ciudadano común, que paga impuestos y respeta la ley, se siente abandonado por un Estado que prefiere tolerar el vandalismo antes que garantizar la convivencia.

Propuestas de solución real

Es urgente replantear el modelo de intervención policial en manifestaciones, y para ello se requieren medidas concretas:

- Recuperar la doctrina de uso legítimo y proporcional de la fuerza. La policía debe estar facultada y obligada a intervenir contra actos de violencia diferenciando claramente entre quienes protestan pacíficamente y quienes delinquen. Esto no implica criminalizar la protesta, sino separar con eficacia ambos fenómenos.

- Crear unidades de contención especializada. Se requieren cuerpos policiales capacitados en técnicas de dispersión controlada, detención selectiva e inteligencia táctica en terreno, con protocolos auditables y supervisados por organismos civiles.

- Fortalecer la inteligencia preventiva. La infiltración del “Bloque Negro” en marchas es previsible: sus tácticas, vestimenta y modus operandi son conocidos. Una estrategia de monitoreo e identificación temprana permitiría neutralizar su acción antes de que los disturbios escalen.

- Responsabilizar políticamente a las autoridades. El costo de la inacción no puede seguir recayendo en ciudadanos y comerciantes. Debe establecerse un mecanismo de rendición de cuentas donde jefes policiales y responsables políticos respondan por los daños derivados de la falta de intervención.

- Impulsar la profesionalización continua. La policía de la Ciudad de México requiere programas de formación permanente en derechos humanos, mediación de conflictos y técnicas modernas de control de multitudes. La pasividad no es sinónimo de respeto a los derechos, sino de incompetencia operativa.

Conclusión: un llamado a la acción institucional

El 2 de octubre representa, en la memoria nacional, la tragedia de un Estado que usó la fuerza de manera brutal contra jóvenes indefensos.

Pero esa lección histórica no puede convertirse en excusa para abdicar de la responsabilidad de garantizar el orden. Hoy la paradoja es evidente: en nombre de evitar la represión, se ha caído en la inacción; en nombre de proteger la protesta, se ha abandonado a la ciudadanía.

La capital del país necesita un modelo de seguridad pública que combine respeto absoluto a los derechos humanos con capacidad operativa efectiva. La ideología no puede seguir dictando la estrategia policial. Urge devolver a la autoridad la posibilidad de ejercer, con proporcionalidad y transparencia, el mandato constitucional de proteger a la sociedad. De lo contrario, cada conmemoración, cada protesta y cada manifestación se convertirán en un campo fértil para el caos, en el que los ciudadanos seguirán pagando el precio de una inacción que ya no podemos tolerar.

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Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.