El diagnóstico: Guardia Nacional en territorio de policía
La Guardia Nacional fue concebida como institución de perfil militar. Sus integrantes reciben capacitación en tácticas de combate, en manejo de operaciones de seguridad nacional, pero no en las competencias específicas que demanda la vigilancia de carreteras. Un policía de caminos no busca enemigos; busca irregularidades, conoce las rutas, identifica patrones de comportamiento delictivo, maneja protocolos de atención a ciudadanía. Un militar, por el contrario, está entrenado para identificar amenazas y responder con fuerza. La diferencia es fundamental, pero ha sido ignorada sistemáticamente en la configuración de la seguridad vial mexicana.
Las cifras revelan la magnitud del problema. La Guardia Nacional, con presencia en gran parte del territorio nacional, no ha logrado reducir significativamente los índices de inseguridad en carreteras. No porque sus efectivos carezcan de capacidad operativa, sino porque su estructura organizacional y su formación no están diseñadas para la vigilancia preventiva que requieren las rutas.
Además, la cobertura real es limitada. Existen miles de kilómetros de carreteras federales y estatales donde la presencia institucional es fantasmal. Los conductores lo saben, los delincuentes lo saben, y en esa brecha germina la inseguridad. Las mesas de negociación con transportistas han permanecido estériles porque el gobierno ofrece diálogos cuando la ciudadanía demanda vigilancia real.
La simulación de seguridad: siluetas que no protegen
Recorrer las carreteras mexicanas es encontrarse con un teatro de sombras. Existen puntos de revisión donde solo hay casetas sin personal. Hay siluetas de patrullas con cógios encendidos, supuestamente para "disuadir" a los delincuentes. Esta estrategia de bajo costo es un insulto a la inteligencia colectiva. Los criminales no son desalentados por siluetas; ven en ellas exactamente lo que son: confesiones de debilidad institucional, pruebas de que el Estado no puede o no quiere invertir en vigilancia genuina.
La simulación de seguridad es más peligrosa que la ausencia de seguridad, porque genera una falsa sensación de protección que desactiva la alerta ciudadana. Un transportista que ve una silueta puede bajar la guardia, confiar en una presencia que no existe. Es entonces, en ese momento de relajamiento, cuando ocurren los asaltos más brutales.
El gobierno, al invertir recursos en estas prácticas, no solo admite su incapacidad; la amplifica. Estos recursos deberían dirigirse a financiar vigilancia real: patrullas móviles, personal entrenado, cobertura efectiva. La diferencia entre simulación y realidad es la diferencia entre una carretera donde viajan ciudadanos y una donde viajan blancos de delincuentes.
Tecnología, el potencial sin explotar
México dispone de tecnologías que podrían transformar la seguridad vial, pero que permanecen subutilizadas o mal coordinadas. Los sistemas de cámaras de vigilancia, los equipos de reconocimiento de placas vehiculares, las plataformas de inteligencia que integran datos delictivos en tiempo real, existen en el país pero no están desplegados de manera sistemática en las carreteras más peligrosas. La Policía Federal de Caminos, que fue desmantelada hace años, contaba con una red de informantes, un conocimiento acumulado de las rutas y los patrones criminales. Esa inteligencia humana, combinada con vigilancia tecnológica, creaba un esquema que generaba confianza.
Hoy, la tecnología podría cumplir parte de esa función. Sistemas de cámaras en los puntos críticos de las carreteras, alimentados por inteligencia artificial para detectar comportamientos anómalos, permiten que menos patrullas cubran más territorio. Las bases de datos compartidas entre instituciones facilitarían la coordinación entre gobiernos estatales y federales. El seguimiento de vehículos reportados como robados podría realizarse con precisión mediante estas herramientas.
Pero requiere inversión continua, coordinación interinstitucional y, sobre todo, el compromiso de que los datos se utilicen efectivamente para prevenir delitos, no solo para generar reportes que nadie consulta.
Soluciones viables: corresponsabilidad entre sector público, privado y ciudadanía
Las soluciones no pueden reposar exclusivamente en el Estado. El sector privado de transportes tiene tanto interés en la seguridad como el gobierno, y posee recursos y movilidad que las instituciones públicas desaprovechan. Las empresas transportistas podrían participar en esquemas de vigilancia comunitaria, financiar cámaras en rutas críticas, capacitar a sus conductores en protocolos de seguridad. No se trata de privatizar la seguridad, sino de reconocer que la corresponsabilidad genera resultados.
Simultáneamente, la ciudadanía debe recuperar su papel como actor vigilante. Las plataformas de reporte ciudadano, correctamente canalizadas hacia autoridades que actúen, pueden identificar zonas de riesgo e incidentes en tiempo real.
Restaurar la Policía de Caminos, pero con un perfil modernizado que combine formación policial rigurosa, conocimiento de rutas, capacitación en atención ciudadana y acceso a tecnología, es una propuesta que ha ganado legitimidad entre transportistas y viajeros. No es regresión; es aprendizaje de lo que funcionó, adaptado a las capacidades actuales.
