Año 7: AMLO deja ruinas de la seguridad. Año 1: Sheinbaum recoge los pedazos

Continuidad militarizada y vacíos de estrategia

Desde su campaña, Sheinbaum prometió un giro más policial que militar en materia de seguridad. No obstante, en la práctica su gobierno ha mantenido una notable continuidad con el modelo de militarización que prevaleció durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. La dependencia de fuerzas armadas y de mandos centralizados en operativos nacionales no ha sido reemplazada con una estrategia transversal que fortalezca policías estatales y municipales.

Omar García Harfuch, su titular de seguridad, ha afirmado explícitamente que “no se ha cambiado la estrategia” respecto al modelo previo. Esta continuidad debilita la capacidad local de respuesta y mantiene el factor estructural de la “estrategia por arriba” que suele aislar al gobierno federal de las dinámicas territoriales.

El viraje anunciado hacia una “Policía Federal 2.0” ha sido usado como narrativa política para mostrar innovación —se menciona en medios no oficiales como un intento de legitimar un nuevo rostro técnico del combate al crimen— pero no como una transformación real del sistema de seguridad que articule verdaderamente lo local, lo estatal y lo federal.

Debilidad institucional del mando civil: Omar García Harfuch

Omar García Harfuch ha sido presentado como el eje fuerte del nuevo modelo. Su cercanía a Sheinbaum y visibilidad mediática lo posicionan como el rostro de la seguridad nacional.

Sin embargo, su autoridad adolece de tres limitantes clave:

- Falta de legitimidad técnica autonómica: Aunque tiene experiencia operativa, carece de respaldo claro en el diseño institucional de inteligencia, justicia y fiscalías estatales. Su mando se concentra en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), pero su actuación depende fuertemente del consenso político operativo interno en el gabinete.

- Dependencia del aval digital de Peña Merino: La consolidación real del poder de inteligencia digital descansa en la aprobación de José Peña Merino, figura clave del entramado digital del nuevo gobierno. Esa dependencia debilita la autonomía operativa del secretario y puede crear fricciones técnicas-políticas al interior del gabinete.

- Visibilidad mediática y desgaste político: Al ser el rostro público del modelo, García Harfuch enfrenta el riesgo de carga política ante cualquier fracaso territorial o fuga estratégica del crimen. Su rol de búfer entre la Presidencia y los hechos operativos lo pone en una posición vulnerable si no logra mostrar resultados sostenibles.

Restricciones presupuestales y riesgo de recortes en 2026

Aunque el gobierno ha anunciado incrementos en el presupuesto de seguridad para 2026, esa promesa enfrenta realidades fiscales complejas. La austeridad que marca parte de la filosofía de la llamada Cuarta Transformación limitará los márgenes para dotar recursos humanos, tecnológicos y operativos al sistema de justicia y policía.

Si la Secretaría de Seguridad no logra partidas robustas para capacitación, tecnificación forense y modernización institucional, el modelo quedará cojo: operativo en lo militar, frágil en lo civil. Además, la inversión en inteligencia preventiva, herramientas de análisis y programas de proximidad podría quedar relegada, perpetuando la lógica reactiva de los operativos.

Capos entregados, criminales en ascenso

Uno de los elementos más delicados —y poco discutidos— es el proceso de negociación implícita de “entrega” o tolerancia hacia ciertos capos del crimen organizado. En el balance mediático del gobierno ya se anuncian capturas destacadas y confiscaciones masivas (por ejemplo, 216 toneladas de droga y casi 15 mil armas entre octubre de 2024 y agosto de 2025).

Sin embargo, no se ha transparentado el manejo posterior de estas estructuras: quién reemplaza al líder capturado, quiénes quedan libres o gozan de impunidad. Esta falta de claridad institucionaliza una transición criminal controlada, que puede perpetuar redes delictivas bajo nuevos operadores.

Al mismo tiempo, México enfrenta un alza sostenida de delitos del fuero común —robos, extorsiones, violencia familiar— que no cuentan con protagonismo en las grandes estrategias nacionales. Según organizaciones ciudadanas, la extorsión en entidades como Tamaulipas y Puebla ha repuntado de forma dramática en el último cuatrimestre.

Este “lado B” del crimen, íntimo y cotidiano, es el que genera que la percepción de inseguridad se mantenga en torno al 61-63 % de la población.

Es precisamente aquí donde la estrategia federal muestra su mayor contradicción: reduce homicidios —en julio de 2025 registró un descenso de 25.3 %—, pero la gente sigue sintiéndose insegura, pues la violencia de baja intensidad sigue intacta y las fiscalías locales no logran atenderla con eficacia.

Subordinación estratégica a Estados Unidos y restricciones externas

La gobernanza fronteriza y el combate al narcotráfico en México revisten un componente internacional inevitable. En ese terreno, el gobierno de Sheinbaum ha mantenido una relación de subordinación funcional con las exigencias del gobierno estadounidense: control de fentanilo, cooperación migratoria, decomiso de armas que cruzan del norte, etc.

Esta dependencia condiciona la agenda de seguridad nacional, imponiendo prioridades externas por encima de las necesidades internas. En efecto, para Estados Unidos, México es parte de la estrategia hemisférica contra drogas y crimen. Pero para México, la seguridad debe ser una política soberana que invierta hacia lo interno, no una mera ficha diplomática.

Conclusiones propositivas

La estrategia de seguridad pública del primer año de Sheinbaum ha logrado avances notables en homicidios de alto impacto, pero está lejos de solucionar las raíces de la violencia. Para que su modelo sea viable y legítimo, debe corregir de inmediato los siguientes puntos:

- Desmilitarización progresiva y fortalecimiento policial local: Transferir competencias reales y recursos a policías estatales y municipales, con estándares de profesionalización y rendición de cuentas, para que no todo dependa del mando central.

- Autonomía técnica institucional: Romper dependencias de validación política (como la de Peña Merino), para que la gestión del secretariado de seguridad e inteligencia posea un soporte profesional no sujeto a negociaciones internas.

- Presupuesto estructural para ministerios públicos y ciencia forense: Blindar recursos 2026 para ministerios públicos locales, tecnología pericial, data policial y formación continua, en lugar de priorizar exclusivamente operativos.

- Transparencia en la transición criminal: Publicar con rigor el destino de los grupos criminales tras capturas de alto nivel, para evitar recomposición oscura de power brokers.

- Agenda integral de delitos cotidianos: Priorizar el combate a extorsión, robo, violencia de género y delitos patrimoniales, dotando a las fiscalías locales de unidades especializadas y mecanismos ciudadanos de denuncia segura.

- Cautela en la subordinación exterior: Reequilibrar la cooperación con Estados Unidos desde una óptica soberana, definiendo nuestras propias prioridades de seguridad alineadas con condiciones sociopolíticas mexicanas.

Solo con esos ajustes profundos podrá la administración de Sheinbaum transitar de una política basada en cifras selectivas a una estrategia sostenible de seguridad pública que recupere el tejido social y restituya la confianza ciudadana.

_____

Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.