La más reciente Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2025 del Inegi, publicada el 18 de septiembre, aporta datos que comprometen seriamente la narrativa oficial en materia de seguridad. La imagen que emerge no es la de grandes golpes al crimen organizado, sino la de una sociedad asediada por delitos del fuero común —fraudes, robos, amenazas, extorsión— que inciden directamente en la cotidianidad de millones de mexicanos. Si la estrategia de seguridad no reconoce esto como un problema central, estamos frente a una falla estructural de primer orden.
¿De qué sirve combatir al narco si no podemos caminar seguros en la calle?

Lo que revelan los datos globales
- En 2024, 23.1 millones de personas de 18 años o más fueron víctimas de algún delito. Esto equivale a una tasa de prevalencia delictiva de 24,135 víctimas por cada 100 mil habitantes.
- Se estimaron 33.5 millones de delitos ocurridos durante ese año, con una tasa de 34,918 delitos por cada 100 mil habitantes, un nivel estadísticamente superior al de 2023.
- Los delitos más frecuentes fueron fraude, con una tasa de 7,574 delitos por cada 100 mil habitantes; seguido por robo o asalto en calle o transporte público, con 6,003, y extorsión, con 5,971.
- La cifra oculta es asombrosa: solo 9.6 % de los 33.5 millones de delitos ocurridos fueron denunciados ante el Ministerio Público. Esto significa que el 93.2 % de los delitos no derivaron en denuncia o carpeta de investigación.
- En cuanto al costo económico agregado del delito, se estimaron 269.6 mil millones de pesos a nivel nacional (alrededor del 1.07 % del PIB), con pérdidas promedio de 6,226 pesos por persona afectada.
Crítica a la estrategia actual
Las autoridades mexicanas han concentrado gran parte de sus esfuerzos, comunicación pública y recursos en combatir delitos de alto impacto mediático —homicidios, crimen organizado, narcotráfico— lo cual tiene sentido hasta cierto punto, pero deja sin atender una realidad que golpea más masivamente a la población: los delitos del fuero común. Cuando una familia pierde lo poco que tiene por un fraude, cuando una persona siente miedo de salir de noche por robos en la calle, cuando un pasajero es asaltado en el transporte público, el impacto en la calidad de vida y la percepción de inseguridad se multiplica.
La cifra oculta casi absoluta —más del 90 % de los delitos no son denunciados— muestra no sólo que las víctimas no confían en que denunciar sirva para algo, sino que muchas veces no tienen ni siquiera acceso efectivo a mecanismos de justicia, o sienten que será un proceso inútil o demasiado costoso en tiempo, dinero o riesgo personal.
Además, las políticas que se anuncian en grandes operativos, refuerzos militares-policiales o detenciones mediáticas, tienen un efecto limitado si no se acompañan de medidas que prevengan delitos cotidianos, mejoren las instituciones locales de procuración de justicia, promuevan la denuncia, y garanticen verdad, reparación, seguimiento e impacto real.
Propuestas concretas
Para corregir este desfase y construir una estrategia de seguridad pública más integral, redacto las siguientes propuestas:
- Fortalecimiento institucional local.
- Aumentar los recursos y capacidades de las fiscalías estatales y municipales. Mucho del fuero común está bajo su competencia, pero carecen de peritos, tecnología forense, personal de investigación, infraestructura adecuada.
- Simplificación de trámites para la denuncia: protocolos claros, ventanillas únicas, uso de tecnología para presentación de denuncias digitales seguras; horarios flexibles.
- Transparencia, rendición de cuentas y seguimiento
- Publicación periódica y desagregada (municipios, delitos específicos) de la “cifra oculta”, así como de resultados reales: cuántas denuncias se convierten en carpetas de investigación, cuántas se resuelven con reparación o sanción.
- Mecanismos ciudadanos de supervisión (con participación de sociedad civil) de ministerios públicos y policías locales, auditorías externas, consejos ciudadanos que no sean pantomimas de los gobiernos locales.
- Prevención desde lo cercano.
- Programas focalizados en zonas urbanas o periurbanas con alta incidencia de robo en calle, transporte, asaltos, amenazas: iluminación pública, vigilancia comunitaria, espacios de encuentro social, actividades culturales y deportivas que ocupen tiempos y espacios para jóvenes.
- Educación ciudadana para detectar fraudes, amenazas virtuales, extorsiones: campañas claras, accesibles, incluso utilizando redes sociales, escuelas, centros comunitarios.
- Incentivar la denuncia.
- Campañas de confianza institucional: mostrar casos resueltos, restituciones, testimonios de víctimas que fueron atendidas, para romper la idea de que “no sirve denunciar”.
- Protección a las víctimas: para que no haya represalias, acompañamiento legal, psicológico; garantizar que la denuncia no signifique exponer riesgos adicionales.
- Incentivos institucionales: mejoras en atención a víctimas, plazos máximos para iniciar carpetas de investigación, protocolos estrictos cuando se presente una denuncia.
- Descentralización del enfoque de seguridad.
- Que el presupuesto federal apoye programas estatales/muncipales basados en evidencia local (datos ENVIPE por entidad y municipio). No “talla única”.
- Fomentar alianzas entre gobiernos municipales, fuerzas estatales, policía federal, con coordinación clara (no solapamientos) y responsabilidades definidas.
Conclusión
La última versión de la ENVIPE 2025 deja ver lo que ya muchos vivíamos: la inseguridad que duele no es necesariamente la que aparece en los titulares. Son los fraudes, los robos a los ciudadanos comunes, las extorsiones, las amenazas, la sensación de impunidad lo que erosiona la convivencia, la confianza y la gobernanza democrática.
Una estrategia que privilegie solo los casos espectaculares ignora que el tejido social se deshilacha todos los días con esos “delitos menores”. Para recuperar la seguridad ciudadana, se requiere reconocer que esos delitos del fuero común ya no pueden ser tratados como secundario; deben pasar al centro de la estrategia, con recursos, con política pública de prevención, con justicia accesible y efectiva.
Si no lo hacemos, el gobierno seguirá ganando titulares, pero la gente seguirá perdiendo el día a día.
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Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.