El hallazgo de un campo de adiestramiento clandestino en la franja limítrofe entre Jalisco y Michoacán, con la detención de 38 personas , exige una reflexión urgente y rigurosa sobre la intersección entre prácticas religiosas cerradas, procesos de adoctrinamiento y dinámicas del crimen organizado. El operativo fue ejecutado por fuerzas federales y estatales en un campamento improvisado y ha sido consignado por medios que documentaron la intervención en terreno.
Cuando la fe se arma. La sombra paramilitar de la Luz del Mundo
El caso del campamento en la frontera Jalisco–Michoacán es una llamada de atención sobre la fragilidad institucional frente a estrategias híbridas de captura y adiestramiento.
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Los indicios materiales reportados en el sitio requieren peritajes especializados y preservación de cadena de custodia: se aseguró equipo de aparente uso táctico —réplicas de armas, indumentaria táctica y cuchillos de estilo militar—, equipos de cómputo y dispositivos para simulación. Según versiones periodísticas, varios de los presentes declararon pertenecer a la congregación conocida como “La Luz del Mundo”, circunstancia que obliga a deslindar responsabilidades y a verificar si hubo instrumentalización de identidades colectivas mediante indagatorias que respeten la libertad religiosa y el debido proceso.
La ubicación del campamento en Vista Hermosa, Michoacán, es relevante desde la perspectiva territorial: esa municipalidad integra un corredor rural donde la presencia estatal es discontinua y la opacidad en la tenencia y uso de predios facilita la instalación de enclaves clandestinos. El hallazgo obliga a cruzar cartografías de riesgo con reportes comunitarios y de inteligencia para priorizar medidas preventivas y proteger a poblaciones potencialmente afectadas.
Este episodio debe leerse en consonancia con antecedentes que documentan el uso de ranchos y fincas para entrenamiento y retención en la región; investigaciones periodísticas y fiscales han vinculado esas prácticas a la expansión operativa de organizaciones armadas que requieren territorios aislados para instrucción y reclutamiento. Vincular evidencias locales con ese patrón contribuye a perfilar hipótesis sobre rutas logísticas, provisión de insumos y mecanismos de captación que deben ser investigadas por fiscalías con unidades especializadas en crimen organizado y protección de víctimas.
En este marco surge una hipótesis analítica que no puede ser ignorada: la posible existencia de un grupo paramilitar asociado a la Luz del Mundo, cuya misión sería brindar seguridad y protección a los jerarcas de la organización religiosa. Dicho aparato, si existiera, funcionaría como una guardia de élite destinada a garantizar el control interno, a disuadir disidencias y a blindar físicamente a los líderes frente a amenazas externas, incluyendo rivales criminales o la intervención estatal. No se trata de una acusación concluyente, sino de un escenario plausible si se consideran patrones históricos de sectas y movimientos religiosos que han desarrollado brazos armados con fines de protección y expansión de influencia.
Este elemento hipotético refuerza la necesidad de una investigación amplia, pues un grupo con esa capacidad representaría una amenaza híbrida: ni puramente religiosa ni únicamente criminal, sino una convergencia de ambas dimensiones.
Desde la perspectiva analítica resulta esencial distinguir entre el ejercicio legítimo de la libertad religiosa y la instrumentalización de la fe para control social. Entre los instrumentos que favorecen la cooptación figuran la autoridad carismática que centraliza decisiones, el control de la información, la ritualización que exige demostraciones de lealtad y la economía de favores que premia la obediencia. Psicológicamente se activan procesos de fusión identitaria, obediencia a la figura líder, racionalización moral y escalamiento por compromiso público que reducen la capacidad crítica de las personas.
El reclutamiento puede ser directo —intimidación, amenazas, privación de libertad— o indirecto —incentivos económicos, promesas de protección o acceso a redes clientelares—. Ante indicios de coacción deben activarse rutas de protección inmediata: mecanismos de denuncia segura, medidas cautelares, refugio temporal y atención psicosocial profesional. Simultáneamente, las indagatorias penales deben incorporar peritajes forenses, auditorías patrimoniales y trazabilidad financiera para identificar operadores, fincar responsabilidades y desarticular redes de reclutamiento.
Es preciso desplegar alertas tempranas mediante actores centinela —maestros, personal de salud, promotores sociales, funcionarios municipales y organizaciones civiles— capacitados para identificar señales psicosociales de reclutamiento, cambios en dinámicas familiares y patrones de movilidad sospechosa, y para canalizar informes a unidades de verificación multidisciplinaria. También son necesarios módulos de formación para autoridades locales en entrevista con enfoque de trauma, preservación de escena y registro sistemático de testimonios.
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Propongo tres medidas concretas de inteligencia social para detección temprana y contención:
1) Red comunitaria de reporte anónimo y verificación rápida: líneas cifradas, buzones físicos y unidades móviles que verifiquen in situ con protocolos de protección a denunciantes;
2) Monitoreo socioeconómico judicializado: con autorización judicial y salvaguardas de privacidad, cruzar registros de arrendamiento de predios, compras mayoristas de insumos tácticos y transferencias financieras atípicas para generar alertas;
3) Programas de resiliencia comunitaria y salida segura: ofrecer alternativas laborales, capacitación técnica, apoyo psicosocial y protección legal para quienes desvinculen.
La implementación exige coordinación entre fiscalías especializadas, unidades de inteligencia social, poderes judiciales y organizaciones de la sociedad civil, bajo la supervisión de organismos de derechos humanos que prevengan estigmatización colectiva y garanticen el debido proceso. Es igualmente necesaria la cooperación técnica internacional para fortalecer capacidades forenses, apoyos de protección a víctimas transnacionales y el intercambio de buenas prácticas. Además, implementar protocolos de rendición de cuentas locales y auditorías periódicas permitirá evaluar resultados, corregir desviaciones y reducir la repetición de patrones de cooptación a nivel municipal.
En conclusión, el caso del campamento en la frontera Jalisco–Michoacán es una llamada de atención sobre la fragilidad institucional frente a estrategias híbridas de captura y adiestramiento. La hipótesis de un grupo paramilitar al servicio de la Luz del Mundo subraya la urgencia de investigar la dimensión armada de estas redes y sus vínculos con estructuras criminales. Detectar y desarticular circuitos de reclutamiento exige inteligencia social fina, investigación judicial independiente, protección integral a víctimas y políticas públicas que reduzcan la vulnerabilidad estructural. Solo una estrategia integral permitirá evitar que discursos de fe sean instrumentalizados para prácticas coercitivas que atentan contra la dignidad y la libertad de las personas.
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Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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