Un distintivo del talante mostrado por el actual gobierno y su partido en los tres años y medio que llevan conduciendo el país, ha sido el poco por no decir nulo reconocimiento del Estado de derecho y del equilibrio de poderes como columna vertebral del ejercicio del poder público.
Tanto en sus dichos como en sus hechos, se ha hecho preocupantemente patente la sistemática tendencia de quienes hoy gobiernan de desestimar tanto la ley como los mandatos judiciales.
Por ejemplo, quienes hoy gobiernan no ven en el juicio de amparo un medio de defensa ciudadana cuya finalidad es proteger y, de ser necesario, restituir derechos humanos y derechos fundamentales violados por la autoridad, sino que lo ven como un instrumento perverso para generar “tácticas dilatorias”, utilizado por quienes ellos afirman se oponen al desarrollo nacional.
Por su parte, gobernadores, legisladores y altos funcionarios morenistas ya no reconocen las normas e instancias electorales que ellos mismos impulsaron por años como mecanismos para garantizar elecciones equitativas y evitar la injerencia gubernamental, sino que ahora las ven como medidas para restringir de manera arbitraria sus derechos políticos y civiles y, sobre todo, su “libertad” para hacer y deshacer sin limitaciones, incluso fungiendo como servidores públicos.
Los desacatos judiciales denotan la arrogancia, prepotencia y falta de respeto que tiene la clase gobernante por las leyes e instituciones, pero sobre todo por el pacto social y las reglas de convivencia en democracia que los mexicanos por años hemos construido.
Que el presidente de la República diga cosas como “no me vengan con ese cuento de que la ley es la ley”, en el contexto de la revisión que la Suprema Corte (SCJN) haría a la Ley de la Industria Eléctrica; o que el Secretario de Gobernación reaccione a sanciones del Instituto Nacional Electoral (INE) con un “no importa, porque ya los van a desaparecer los diputados”, no son síntomas aislados.
El pasado 21 de julio en un comunicado titulado “Por la defensa de la democracia y las libertades” firmado por las y los gobernadores, legisladores, secretarios de Estado y hasta alcaldes de Morena, reprocharon tanto al INE, como al Tribunal Electoral (TEPJF) el que les hayan exigido como funcionarios abstenerse de realizar conductas que atenten contra la imparcialidad en los cargos públicos que ostentan, por considerar que se trata de resoluciones “parciales” que constituyen una regresión autoritaria en México, y cierran citando lo que dicen es una enseñanza del presidente López Obrador, que dicta: “las libertades no se imploran, se conquistan”.
Aparentemente, para la actual clase gobernante, cumplir y hacer cumplir las leyes es una regresión, las libertades y sus límites no son los que consagra la Constitución sino los que cada quien conquiste al margen de la legalidad y, por tanto, los órganos responsables de velar por el marco jurídico y de ejercer como contrapesos no son sino entes caros y excéntricos que tendrían que desaparecer.
Eso explica por qué no obstante que un juez ordenó la suspensión definitiva del tramo 5 del Tren Maya para evitar posibles daños inminentes e irreversibles al medio ambiente, las obras continúan; o que, a pesar de que el TEPJF dos veces ha ordenado al Congreso de la Unión integrar en la Comisión Permanente a legisladores de Movimiento Ciudadano y del PRD; Morena y sus aliados (Partido del Trabajo y el Partido Verde) acordaron abiertamente no acatar la sentencia.
Ambos casos son ejemplos de una reiterada intención del gobierno/Morena de estirar la liga hasta donde puedan, confiados en que no habrá juez que se atreva a ir más allá.
Pero ¿qué sería ir más allá? Por ejemplo, para el caso del Tren Maya, la ley de amparo establece claramente un procedimiento frente al incumplimiento, el cual puede culminar con que la SCJN ordene la separación del cargo de la autoridad responsable y el de su superior jerárquico.
Por su parte, la ley de medios de impugnación en materia electoral establece que, para hacer valer sus sentencias, el TEPJF puede desde amonestar, poner multas o hasta arrestar por 36 horas.
Con independencia de en qué termine este juego de fuerzas al que el régimen gobernante intenta meter al poder judicial, no se debe soslayar que el TEPJF ya sancionó a la Jefa de Gobierno y otros 16 gobernadores por vulnerar el principio de imparcialidad y la equidad en la contienda, y ordenó que sean registrados como infractores en el Catálogo de Sujetos Sancionados.
Asimismo, el máximo órgano jurisdiccional electoral determinó que se deberá ponderar el “modo honesto de vivir”, -requisito constitucional para poder ejercer derechos políticos- de las y los funcionarios sancionados a la luz de futuras candidaturas.
Por cierto, la SCJN acaba de desechar las controversias constitucionales promovidas por los morenistas con las que buscaban blindar a sus llamadas “corcholatas” de que sus modos honestos de vivir fueran examinados por violar la Constitución y la ley, por lo que esa puerta ya se les cerró.
De esta forma, si bajo la bandera de la “defensa de sus libertades” insisten en seguir utilizando recursos públicos para promocionarse, o con intervenciones indebidas en su calidad de servidores públicos en los procesos electorales locales, y siguen acumulando sanciones, en estricto sentido tal vez hoy no tenga tanta relevancia, pero la tendrá cuando quieran registrarse como pre-candidatos.
El propio Ricardo Monreal declaró que él no hará lo mismo que sus compañeros de caer en actos anticipados de campaña. Recordemos que el senador Monreal además de ser un gran estratega es un connotado jurista. Él sí entiende mucho de lo que sus correligionarios aún no.
Hoy que las “corcholatas” siguen promoviéndose en toda clase de eventos y por todo el país, a pesar de estar reiteradamente sancionados, se tendría que considerar otro escenario: ¿qué pasaría si al final resulta que Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López perdieran el derecho a ser candidatos por no cumplir las reglas? También se abre una pregunta clave: ¿para los intereses de quién trabaja quien está exponiendo a los aspirantes morenistas a ser sancionados?
En las pasadas elecciones contra todas las amenazas de Morena quedó fuera su candidato al gobierno de Guerrero justo por no acatar las reglas electorales.
Los órganos electorales cumplen con advertir oportunamente las consecuencias de no apegarse al marco Constitucional y legal donde, en efecto, se contemplan libertades, pero también limitaciones.
Bajo advertencia no hay engaño ni mucho menos complot.
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Nota del editor: Jaime Talancón es abogado, analista político y consultor. Síguelo en Twitter . Las opiniones publicadas en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.
