El INE frena a Morena por presunto proselitismo y surge un nuevo enfrentamiento

La orden del INE a las "corcholatas"

El pasado 5 de julio, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE declaró la procedencia de la tutela preventiva y medidas cautelares a Morena y 30 servidores públicos por la organización de un presunto evento proselitista realizado el 26 de junio en Coahuila.

Para los integrantes de la Comisión, Adriana Favela, Ciro Murayama y Claudia Zavala, dichos servidores públicos participaron en forma activa y preponderante en ese evento que –consideraron– forma parte de una estrategia proselitista.

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Ello, dado que el 12 de junio anterior se realizó un similar evento en el Estado de México, lo que, eventualmente, podrían constituir actos anticipados de campaña de cara a la elección presidencial de 2024, así como para los comicios de Coahuila y Estado de México en 2023.

Entre los servidores públicos, exhortados por el INE para que frenaran "estrategias proselitistas" están las llamadas “corcholatas”: Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la Ciudad de México; Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación; Ricardo Monreal Ávila, senador de la República, con excepción del canciller Marcelo Ebrard.

Además de los diputados Moisés Ignacio Mier Velazco, Aleida Alavez Ruiz y Evelyn Salgado Pineda, gobernadora de Guerrero.

Inconformes con ello, impugnaron esa determinación y el 19 de julio, sin embargo, el TEPJF notificó a la Comisión de Quejas la confirmación de la tutela preventiva para esos servidores públicos.

Incluyó a Morena y su líder nacional, Mario Delgado, entre quienes identificó con participación activa o preponderante en el evento.

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La revocación de la decisión

La Sala Superior revocó la decisión de dictarles la medida de tutela preventiva a los restantes 24 servidores públicos, porque no fueron denunciadas o no participaron en el evento de Coahuila, y ordenó a la Comisión de Quejas emitir un nuevo pronunciamiento con el objetivo de que precise las razones particulares que, en su caso, justificarían las medidas cautelares preventivas o inhibitorias.

En cumplimiento de esa sentencia, el 20 de julio la Comisión de Quejas sesionó y en un nuevo pronunciamiento, declaró la procedencia de la tutela preventiva en contra de nueve de ellas:

1. Minerva Citlalli Hernández Mora, Secretaria General de Morena y Senadora con licencia.

2. Marina del Pilar Ávila Olmeda, Gobernadora de Baja California.

3. Carlos Manuel Merino Campos, Gobernador de Tabasco.

4. María Elena Hermelinda Lezama Espinosa, electa en Quintana Roo.

5. Américo Villarreal Anaya, Gobernador electo en Tamaulipas.

6. Sergio Carlos Gutiérrez Luna, Presidente de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

7. Mario Rafael Llergo Latournerie, Diputado Federal.

8. Andrea Chávez Treviño, Diputada Federal.

9. Alfredo Ramírez Bedolla, Gobernador de Michoacán.

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Del análisis de los hechos denunciados, en apariencia del buen derecho, la autoridad electoral consideró que los eventos realizados por Morena se tratan de una posible estrategia tendente a influir en la equidad de la contienda, a partir de eventos públicos en los que participaron servidores públicos que cuentan con aspiraciones manifiestas para ocupar una candidatura a algún cargo de elección popular.

Lo anterior, a través de mensajes o discursos cuyo contenido toca aspectos de los próximos procesos electorales, cuando la normativa electoral establece fechas precisas para el inicio de ese tipo de actividades.

Morena amaga con más eventos

Ante la decisión de la autoridad electoral, Morena amagó con la realización de más asambleas públicas, acción a la que se sumaron gobernadores, legisladores y funcionarios morenistas quienes la víspera dieron a conocer un desplegado conjunto.

Consideró que se trata de una “medida excesiva y violatoria de las libertades y garantías individuales”.

El documento es respaldado por más de 40 morenistas, entre ellos, Sheinbaum, Monreal, Adán Augusto López, y los gobernadores electos Julio Menchaca, de Hidalgo; Américo Villareal, de Tamaulipas, y Mara Lezama, de Quintana Roo.

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Rechazaron que las asambleas públicas sean actos anticipados de campaña, en virtud de que aún no hay un proceso electoral en marcha.

"El hecho que nos impidan participar, convocar y organizar eventos públicos y asambleas informativas de Morena, evidencia una parcialidad inadmisible y confirma la urgente necesidad de impulsar una Reforma Electoral que garantice una democracia plena y evite cualquier regresaron autoritaria en México", refiere el desplegado.