Tres meses.
Eso fue lo que le bastó al gobierno federal para convocar a prácticamente todo su gabinete de seguridad, desplegarlo en Michoacán y presentar ante la presidenta Claudia Sheinbaum un balance del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. Tres meses en los que se lanzaron cifras, se entregaron tarjetas y se fotografió la autopista Siglo XXI desde un andamio.
Tres meses que, en el léxico de la política pública seria, no alcanzan ni para una línea base confiable, mucho menos para evaluar el desmantelamiento de una gobernanza criminal que lleva décadas construida ladrillo a ladrillo en la tierra caliente y en la sierra michoacana.
La evaluación prematura no es un error técnico: es una decisión política. Evaluar antes de tiempo garantiza que los indicadores sean favorables, porque el operativo de saturación militar aún está en su fase de mayor presencia visible y los grupos criminales no han tenido tiempo de adaptarse.
Lo que se midió el 6 de febrero no es el éxito de una política de seguridad; es el efecto anestésico de 12,000 efectivos sobre el terreno. Y la anestesia, por definición, tiene fecha de caducidad.
Si hay una pregunta que ningún funcionario respondió en Morelia, es la más incómoda de todas: ¿cuántos municipios michoacanos siguen operando bajo la tutela del crimen organizado? El propio Ejército mexicano identificó en septiembre de 2021 que 29 alcaldes recién electos en el estado presentaban vínculos o riesgos de cooptación criminal.
Eran casi un tercio de los 113 municipios. Han pasado casi cinco años y ese dato no ha sido refutado, actualizado ni corregido públicamente. Ha sido, simplemente, enterrado.
La detención del alcalde de Tequila, ocurrida apenas un día antes de la presentación estadística de García Harfuch, no fue noticia incidental: fue la prueba inadvertida de que la gobernanza criminal en los municipios michoacanos sigue intacta, activa y esperando.
El secretario Omar García Harfuch presentó una reducción del 30% en homicidios dolosos comparando octubre de 2025 —el mes en que fue asesinado el alcalde Carlos Manzo y la violencia tocó su pico— con diciembre del mismo año. El truco estadístico es antiguo y efectivo: se escoge como punto de partida el peor momento y se compara con el primer mes del operativo.
El resultado es matemáticamente favorable y técnicamente deshonesto. La comparación honesta, la que nadie hizo en el estrado, es la del promedio anual completo: Michoacán cerró 2025 con 3.5 homicidios diarios. Mil doscientas setenta y siete muertes violentas en 12 meses.
Un estado que festeja haber llegado al "nivel más bajo desde 2016" debería preguntarse, antes de aplaudir, qué pasó en los nueve años intermedios y por qué sigue midiendo el éxito con la vara del fracaso previo.
El Plan Michoacán carece de decreto presidencial publicado en el Diario Oficial. No tiene indicadores vinculantes. No cuenta con un organismo de evaluación independiente. No establece plazos para la transición del modelo militar hacia instituciones civiles. En ausencia de todo eso, lo que queda no es una política pública: es una narrativa gubernamental con uniformes de fondo.
Un plan de seguridad sin metas verificables es, en la práctica, inagotable. Puede renovarse cada tres meses con nuevas visitas presidenciales, nuevas estadísticas cuidadosamente seleccionadas y nuevas entregas de programas sociales ante familias que esperaron desde las ocho de la mañana bajo el sol de Tierra Caliente. Esa es, quizás, su función más útil para quienes lo operan: mantenerse en movimiento sin llegar a ningún lado y sin que nadie pueda exigir cuentas porque nunca se fijó un destino.
Mientras tanto, las preguntas estructurales esperan respuesta. ¿Cuándo empieza la transición del mando militar al poder civil? ¿Cuál es el indicador que determinará que Michoacán ha dejado de ser un estado de excepción? ¿Quién audita el gasto de los más de 30,000 millones de pesos invertidos en programas del Bienestar en el estado y su relación con la reducción real de la violencia?
El Plan Michoacán no responde ninguna de estas preguntas. Las esquiva con la elegancia del que sabe que nadie se las hará en cámara.
La solución no es más militarización ni más estadísticas seleccionadas.
Es construir, de una vez por todas, los andamios institucionales que Michoacán nunca ha tenido. Eso implica elevar el Plan Michoacán a decreto presidencial con indicadores de desempeño vinculantes y evaluación independiente a cargo de organismos autónomos. Implica crear un protocolo legal de gobernanza municipal de emergencia que permita sustituir alcaldes cooptados sin dejar a los municipios en el limbo institucional que el crimen aprovecha mejor que cualquier burocracia.
Y exige, sobre todo, una hoja de ruta con plazos reales —no retórica de pacificación— para que las fuerzas armadas cedan terreno a instituciones civiles fortalecidas, con fechas concretas y consecuencias verificables si no se cumplen.
Michoacán no necesita una visita más con todo el gabinete federal. Necesita que ese gabinete federal deje de ser necesario.
Dos décadas de estrategias de seguridad en Michoacán comparten un rasgo común: ninguna fue diseñada para terminar. Todas fueron diseñadas para gestionarse. El Michoacanazo, los operativos conjuntos, las autodefensas, la Policía Federal, la Guardia Nacional y ahora el Plan Michoacán forman una cadena de intervenciones que no atacaron los tres nudos que sostienen la violencia: la captura del gobierno local por el crimen organizado, la impunidad sistémica reforzada por estadísticas manipuladas y la ausencia de Estado de Derecho en los territorios que los cárteles consideran propios.
Un estado que requiere visitas presidenciales con gabinete completo para mostrar resultados, que celebra como victoria estadística regresar al nivel de violencia de hace nueve años y que teme aplicar su propio operativo anticorrupción porque podría colapsar un tercio de sus municipios, no está en camino a la paz.
Está administrando su propia crisis crónica con la destreza del que ha hecho de ella su razón de ser. Los michoacanos merecen algo más que eso. Y lo saben.
_____
Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5: 25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
