Claudia Zavala: medidas cautelares para "corcholatas" están vigentes

Y fue la Comisión de receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que determinó que la resolución de la Sala Superior es definitiva e inatacable.

Ello, luego de desechar las controversias constitucionales que interpusieron la presidencia de la República, así como los gobiernos de Guerrero y Michoacán, bajo el argumento de que dicha sentencia invadía sus facultades. Tales criterios subsistirán hasta en tanto se emita la legislación correspondiente.

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Las sanciones

¿A qué tipo sanciones se pueden hacer acreedoras las denominadas “corcholatas” si no acatan la sentencia del TEPJF y de la Comisión de Quejas del INE?

– Es importante que distingamos que si dejan de cumplir con las medidas cautelares de tutela preventiva, lo que puede aplicarse son las sanciones que establece la ley para servidores públicos.

Hay que recordar que a los servidores públicos se les sanciona a través de su superior jerárquico o los congresos locales. Hay una serie de sanciones en la legislación, puede ser amonestación, multa, suspensión e inhabilitación, expuso Claudia Zavala.

La consejera del INE refirió que la Sala Superior definió criterios claros frente a incumplimientos de sentencias o de la Ley, por parte de las y los servidores públicos.

Anotó también que “lo que los tribunales y las autoridades electorales pueden valorar es ese incumplimiento o esa contumacia en el cumplimiento de las decisiones judiciales desde la calificación del modo honesto de vivir que es un requisito para poder ser candidato a cualquier cargo de elección popular”.

La también integrante de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE resaltó la importancia de que las decisiones de los tribunales “se tienen que cumplir, nos guste o no. Ese es el Estado de derecho y eso se llama tutela judicial efectiva”.

Añadió: “(Lo que) emite (...) el Tribunal, el imperio de la jurisdicción, se tiene que cumplir porque son los tribunales los que están para decir el derecho y para decir qué sí y qué no. Creo que eso sería importante que se revisara más allá de las sanciones que pueden aplicarse”.

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En este marco, detalló que compete a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE) revisar el cumplimiento de la medida cautelar. Abundó que esta instancia puede dictar medidas de apremio para exigir que se cumpla lo que dijo la autoridad administrativa (INE).

¿Qué autoridad sería la encargada para determinar que una candidatura o una persona ha perdido el modo honesto de vivir?

– Eso ya lo dijo el Tribunal Electoral en una sentencia y son los tribunales electorales, ya sean los locales si son candidaturas locales, o federales, las Salas, el Tribunal Federal Electoral.

Claudia Zavala comentó que “no será el INE el que determine si una persona ha perdido el modo honesto de vivir. El INE solo aplicará el registro”.

De tal suerte que la valoración del modo honesto de vivir lo hacen los tribunales. “Y eso lo hizo cuando nosotros valoramos lo de 3 de 3. El incumplimiento a la manifestación bajo protesta de decir verdad. Es decir, dejó claro esa situación”.

Cautelares para “corcholatas”

El pasado 20 de julio, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó a las “corcholatas” evitar realizar, convocar o participar en actos como los del 12 de junio en Toluca, Estado de México, y el 26 del mismo mes en Francisco I. Madero, en Coahuila, pues podría tratarse de una “campaña orquestada de proselitismo adelantado”.

Las medidas cautelares fueron para Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México; Adán Augusto López, secretario de Gobernación; Ricardo Monreal, senador de la República, así como Mario Delgado, líder nacional de Morena y para ese partido, entre un total de 30 morenistas.

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Sin embargo, luego de las respectivas impugnaciones, la Sala Superior ratificó las medidas cautelares para quienes han manifestado su interés de buscar la candidatura presidencial en el 2024, así como para el dirigente de la misma y la secretaria general, Citlalli Hernández.

También para los gobernadores Marina del Pilar Ávila, de Baja California, y Alfredo Ramírez Bedolla, de Michoacán y para los mandatarios electos Mara Lezama, de Quintana Roo, y Américo Villareal, de Tamaulipas, así como para Andrea Chávez Treviño, diputada federal, entre otros.

Sin embargo, de la lista de servidores públicos, la Sala Superior revocó las medidas cautelares en contra de Carlos Manuel Merino Campos, gobernador de Tabasco; Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados, y Rafael Llergo, diputado federal, pues de un análisis preliminar, no se advierte una conducta ilícita que justifique su adopción.