Este 1 de septiembre inicia el periodo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) integrada por los nueve ministros electos en urnas, cuya legitimidad, independencia y capacidad para resolver asuntos se verá en el ejercicio del cargo.
Los nuevos integrantes del máximo tribunal participaron en una elección histórica –por no existir precedentes de comicios judiciales-, pero expertos alertan por su falta de experiencia judicial, su cercanía con Morena y su imparcialidad en entredicho.
Para el constitucionalista y director del Instituto para el Fortalecimiento del Estado de Derecho (IFED), Raúl Mejía, más allá del cariz ideológico de los nuevos ministros, lo relevante es que garanticen certeza y tengan la capacidad de construir criterios claros y estables.
“Nos puede gustar o no, pero lo importante es que esa ideología se transforme en criterios jurídicos que sean seguibles y que nos proporcionen certeza. Si esto es así, entonces tendremos un Tribunal que puede funcionar adecuadamente dentro de un estado de derecho”, considera.
Hernán Gómez Bruera, politólogo especializado en temas de corrupción del Poder Judicial, plantea que es tal el poder que está por asumir Morena, ahora en el terreno judicial, que prácticamente solo queda esperar a que este partido pueda autocontenerse.
“Yo creo que el gran misterio de todo esto pues va a ser ver hasta qué punto ese oficialismo va ser capaz de poner límites a su propio poder. Porque hoy pues casi que va ser pues de buena voluntad, ya que no existirá ningún contrapeso", alerta.
Gómez subraya la necesidad de que los integrantes del Poder Judicial cumplan su función de ser un poder independiente, pero por voluntad propia, ya que desde su punto de vista no habrá "canales institucionales" que lo obliguen.
La elección judicial por la que resultaron electos los nueve integrantes de la Corte ya es cosa juzgada, así que ejercerán su mandato los ministros Hugo Aguilar Ortiz, Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf, María Estela Ríos González, Giovanni Figueroa, Irving Espinosa, Arístides Guerrero y Sara Irene Herrerías.
Aunque los resultados son firmes, la crítica quedó, pues casi la mitad de los integrantes de los dos órganos que le dieron validez (el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación) expusieron su rechazo al considerar que no fue un proceso plenamente democrático.
Los comicios judiciales del 1 de junio tuvieron la más baja participación ciudadana en elecciones de carácter nacional (12.9% de los electores posibles), y hubo casi 27 millones de votos nulos, inválidos o no marcados, amén de estar "manchados" por la difusión masiva e ilegal de acordeones para guiar la votación, por lo que consejeros y magistrados alertaron que no hubo voto libre.
Para Raúl Mejía Garza, del Instituto para el Fortalecimiento del Estado de Derecho, además de esas condiciones en que llegan los nuevos ministros, la incertidumbre seguirá, pero ahora en cuanto a criterios legales y capacidad técnico-jurídica.
"Las circunstancias de su llegada (a la Corte) son por lo menos lamentables, por varias razones, primero porque el procedimiento de elección fue muy cuestionado, con muy poca participación, donde todos nos dimos cuenta de que hubo influencia, no sabemos exactamente de quién, pero claramente de agentes externos por vía de los acordeones que no fueron reconocidos ni siquiera como como indicio por parte del Tribunal Electoral”, expone.
A esos problemas de legitimidad, considera Mejía, se suma que los nuevos ministros no parecen estar preparados para lo que viene.
“Viendo los perfiles de los nuevos integrantes de la SCJN, sin querer denostar a nadie, esto no es personal, sino es una evaluación específica, realmente dejan a desear muchísimo”, sentencia.
"No hay elementos para evaluar las condiciones en las que estas personas generan sus criterios jurídicos más allá de su afinidad al régimen actual”.
Mejía enfatiza que un tribunal constitucional como la Corte debe resolver asuntos complejos con base en reglas procedimentales muy estrictas, leyes especializadas y "condiciones técnicas" de interpretación, para dar claridad y certeza a todos los que reclaman justicia.
"Eso requiere capacidad, conocimiento técnico y (...) al remover a los juzgadores con una Reforma Judicial como la vigente, perdimos una continuidad de evolución de un tribunal y de un Poder Judicial de muchísimos años”, sostiene.
Mi gran miedo es que esta Corte no tenga la capacidad técnica para resolver conflictos complejos. Están confiando mucho que sus equipos técnicos van a lograr sacarlos, sacar al buey de la barranca, pero realmente quienes deberían llevar la posición de la Corte son los ministros, no los secretarios".
La elección judicial fue cuestionada por muchos flancos, uno de ellos porque un alto número de militantes, simpatizantes y funcionarios de gobiernos morenistas se registraron como aspirantes y quedaron como candidatos.
Tras la elección y calificación de ese proceso, perfiles morenistas y cercanos a ese partido quedaron confirmados para ocupar lugares en la Corte y el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), además de magistraturas y juzgados federales y locales.
El politólogo José Antonio Crespo advierte que este 1 de septiembre, el país ya vivirá en "autocracia", al acabarse el equilibrio de poderes.
“Tanto en el Legislativo con la mayoría calificada, como ahora con la Reforma Judicial, todo queda totalmente subordinado a Morena o casi totalmente si se quiere, pero básicamente subordinado, con lo cual ya se perdió la división de poderes”, valora Crespo.
Como (los nuevos juzgadores) responden a Morena pues ya podemos decir que el Poder Judicial total, o casi totalmente, está subordinado a Morena y ya se perdió la división de poderes.
Gómez Bruera, por su parte, coincide en que viene una fase de control total de Morena y sin límites institucionales, por lo que plantea dar seguimiento estricto a las decisiones y actuaciones de los nuevos juzgadores, pues su influencia, advierte, será casi ilimitada.
“Morena creó la Reforma Judicial para poder impulsar su proyecto político, su proyecto de transformaciones sin ningún tipo de freno. Hoy ya no va poder culpar a nadie de no poder hacer las cosas, porque tiene una mayoría abrumadora en el Congreso, tiene la Corte, va obtener un gran control sobre la estructura del Poder Judicial”.
El especialista observa que ahora el reto será que la llamada Cuarta Transformación haga una "autocontención" en el ejercicio de tanto poder. "Y es deseable que así ocurra".
Al mismo tiempo, Gómez Bruera advierte el inicio de una etapa en la que es previsible que el electorado le "cobre todo" directamente a Morena porque no va a poder responsabilizar a nadie más.
Sin embargo, el constitucionalista Raúl Mejía Garza considera que existen riesgos más relevantes que el origen partidario, y lo es, insiste, la existencia de perfiles no idóneos para el cargo.
"La vinculación con un partido no impactaría tanto como carecer de conocimiento y técnica jurídica", recalca.
El problema, expone, es que la "ignorancia técnica" pone en riesgo instrumentos creados para hacer posible la justicia basada en criterios claros.
“Si no se ofrece esa certeza y esa estabilidad de criterios, entonces tendremos un Tribunal que básicamente funcionará de manera política dentro de un Estado, que ya está dominado políticamente por una tendencia ideológica”, alerta el especialista.
“Y, por lo tanto, tendremos un Estado sin contrapesos y un Estado cuya constitucionalidad estará en una crisis importante”.
El jurista Raúl Mejia, del Instituto para el Fortalecimiento del Estado de Derecho, también considera que se avecina un problema con la operación misma de la Corte y no solo con el contenido de lo que resuelva.
Esto, porque la Reforma Judicial modificó la estructura de la SCJN y ya no operarán las dos salas que se especializaban, una en asuntos civiles y penales, y la otra en las materias administrativa, laboral y agraria; ahora todo deberá ser avalado por el pleno.
Es previsible, anticipa, que se acumulen los asuntos de manera importante –hoy se estima que llegan a casi dos mil pendientes- porque ya no habrá esas salas como mecanismos de resolución.
Si la Suprema Corte sesiona de forma itinerante o usa inteligencia artificial para distribuir o resolver los asuntos es algo irrelevante frente a lo que viene, opina Mejía.
“La verdad creo que deberían estar más ocupados en cómo demonios van a resolver los problemas que tienen enfrente, que es compleja”, puntualiza.
Respecto al próximo presidente de la Corte, el ministro electo, Hugo Aguilar Ortiz, Mejía sostiene: “tengo la impresión que lo que está pretendiendo es delegar un montón de asuntos a tribunales inferiores. Esto no resuelve el problema y nada más lo complica”.
"Si la idea de renovar el Poder Judicial era cambiar las cosas tendríamos que tener una Corte súper activa y con un conocimiento del Derecho, de los precedentes y de lo que quieren, como objetivo muy claro, pero para fijar criterios, no sobre cosas como sacar la Corte a sesionar a otros lados", señala.
“Yo, en los perfiles que estoy viendo y lo que escucho que se dice, más allá de las barbaridades que dice la ministra (Lenia) Batres, yo no veo cosas claras sobre las condiciones de operación de la nueva Corte”, indica Mejía.
En este punto, Gómez Bruera vislumbra que un aspecto positivo es que la nueva Corte tendrá más capacidad de maniobra frente a los grupos empresariales.
“Creo que algo positivo que puede surgir de esto es, por ejemplo, evitar que los litigios en materia fiscal se alarguen por años, creo que al menos vamos a tener una Corte que va tener pues una capacidad de ser menos permeable a los intereses privados”, observa.
Pero si hay abusos de la Corte o los ministros no respetan las leyes, agrega el politólogo, habrá empresarios que tomen la decisión de no invertir en México.
