“Pareciera que la que la Suprema Corte ya no tiene fuelle para ver este tipo de asuntos", considera Raúl Mejía Garza, experto en el Poder Judicial e investigador del Instituto para el Fortalecimiento del Estado de Derecho (IFED).
"Lo que veo es que es muy menguante ya una importancia en los asuntos que se están viendo. Ya no se ve mucha intencionalidad de la Corte de resolver cuestiones importantes o que tengan un impacto político relevante”.
El 15 de junio, el Instituto Nacional Electoral (INE) declaró la validez de la elección de la nueva SCJN y expidió constancias de mayoría a los ministros electos, entre ellos Hugo Aguilar, quien será presidente durante los dos primeros años, y las ministras en funciones Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz.
Asumirán por primera vez como ministros María Estela Ríos González, Arístides Rodrigo Guerrero García, Giovanni Azael Figueroa Mejía, Irving Espinosa Betanzos y Sara Irene Herrerías Guerra.
De los nueve ministros electos, al menos cinco están ligados a Morena. Sin embargo, expertos ven que la llegada a la SCJN de perfiles identificados con esa fuerza política no necesariamente implicará un viraje inmediato en las decisiones por venir, aunque tampoco es predecible el rumbo.
“Nos estamos enfrentando a un cambio profundo tanto en el lenguaje como en los criterios, como en las condiciones de predictibilidad de cómo la Corte va decidir en el futuro”, valora Mejía.
Cada uno de los ministros electos, señala el especialista, tiene características definidas y, aunque tengan coincidencias entre sí, nada está escrito. Además, hay perfiles por conocer, pues por primera vez asumirán una función judicial.
“Curiosamente de los criterios más tradicionales podrían llegar a ser de la ministra Loretta Ortiz. Criterios más, digamos tendientes a favorecer ciertas condiciones empresariales y de competencia, la ministra Yasmín Esquivel”, considera Mejía.
"(Lenia Batres) básicamente llegó a ser contraria a los criterios de la Corte anterior, pero tampoco le hemos visto criterios importantes. De los demás ministros no tenemos mucha idea”.
Mejía reitera que, si bien es incierto el criterio que asumirán los nuevos ministros, está claro que Giovanni Figueroa es proclive a un derecho procesal constitucional "muy clásico", vinculado a los derechos humanos, mientras que Hugo Ortiz, se espera, ponga énfasis en cuestiones de justicia social y relacionadas con los pueblos originarios.
El investigador del IFED también anticipa un "cambio en el lenguaje de resolución" de la Corte.
“Alejándonos de los derechos humanos en sentido clásico, como lo había venido haciendo la Corte. Por otro lado, lo del principio democrático, la intervención en ciertos procedimientos de órganos legislativos, va a ser mucho menor”, vislumbra.
Esto, debido a que Morena ha impulsado el criterio de que no se puede alegar inconstitucionalidad de leyes o reformas por fallas en el procedimiento legislativo.
El rezago y los temas polémicos
La SCJN tiene más de mil asuntos pendientes por resolver y desde hace meses ha reducido el ritmo de trabajo. Primero por la Reforma Judicial y después por las campañas en las que participaron tres ministras en funciones: Batres, Ortiz y Esquivel.
Uno de los temas más relevantes por resolver en materia de derechos humanos es el relacionado con la constitucionalidad o no de la prisión preventiva oficiosa.
Esta semana, la Corte publicó un proyecto de sentencia elaborado por la ministra Margarita Ríos Farjat en el que se propone establecer una interpretación de la prisión preventiva oficiosa acorde a derechos humanos y estándares internacionales.
La acción de inconstitucionalidad 49/2021 fue promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra del decreto que amplió el catálogo de delitos contenidos en leyes secundarias que ameritan la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.
En su propuesta, la ministra Ríos Farjat propone eliminar el carácter automático de la prisión preventiva oficiosa, establecida en el artículo 19 constitucional, y que sea una medida que sea analizada por un juez sin que sea solicitada por el Ministerio Público, como ocurre con la prisión preventiva justificada.
De prosperar, se determinaría que la prisión preventiva oficiosa es inconstitucional e inconvencional, pues se vulneran los derechos humanos a la presunción de inocencia, libertad personal y debido proceso.
Para Alejandro Díaz Domínguez, profesor-investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tec de Monterrey, este tema, de quedar a cargo de la nueva conformación de la Corte, marcará su carácter.
“Ese es un pendiente importante de la Corte y el debate hoy es si lo va a alcanzar a discutir la Corte a la que todavía le quedan dos meses o de plano es algo que tendría que discutir la nueva. Ese es el tema central que tiene en la cabeza la clase política mexicana, creo yo”, observa.
