"Mafiocracia", el riesgo para México que los partidos no quieren detener
Los expertos Edgardo Buscaglia y Sandra Ley exponen la falta de compromiso de los partidos para implementar "leyes antimafia" a las que se comprometieron a nivel internacional.
Los expertos advierten que en el país los partidos no han querido avanzar en poner freno a la participación de organizaciones criminales en procesos electorales.(Foto: Cuartoscuro/ Diseño: Expansión)
Legalmente, México sólo tiene documentadas seis elecciones en que los grupos armados o criminales han metido las manos, pero la injerencia de ese tipo es una realidad, el problema es que no existen causas penales abiertas por inexistencia de leyes que los propios partidos no han buscado implementar, señala el experto internacional en política anticrimen, Edgardo Buscaglia.
“México no tiene anticuerpos legislativos e institucionales para dificultar a la delincuencia organizada penetrar a las campañas. ¡Es barra libre!, como en Nigeria. El tejido político está infiltrado, pero no hay datos de prueba porque no hay leyes que obliguen a buscarlos. Sin eso no hay causas penales y dicen: todo está bien”, alerta Buscaglia.
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Antes de estas elecciones 2024, el país ha vivido casi tres años previos de activismo político y en tres semanas arrancará la contienda oficial por más de 20,000 cargos de elección popular, pero expertos en seguridad y crimen refutan lo que los gobiernos de los tres niveles buscan minimizar: que la injerencia de la delincuencia organizada en las elecciones es una realidad.
Para los especialistas, la influencia criminal es real y añeja: parte del financiamiento y la protección y llega hasta el asesinato de aspirantes, precandidatos y candidatos, vía por la que –en los hechos– los grupos del crimen deciden quién compite, quién no y quién gobierna.
“El hecho de que haya asesinatos de actores políticos te indica que existe una delincuencia organizada descontrolada que está ocupando el tejido político”, anota Buscaglia, catedrático de la Universidad de Columbia, en New York, y quien desde 1995 se ha dedicado a evaluar los sistemas electorales de 118 países para determinar los incentivos que promueven a la delincuencia organizada en elecciones.
Un candidato puede convertirse en víctima por ser honesto y enfrentar al crimen, pero también porque trabaja con una red criminal y lo asesina el adversario, o la misma red que lo contrató, expone Buscaglia:
“Es un hecho que la delincuencia organizada bendice o maldice a cada una de las candidaturas y determina quién es candidato y quién no, eso es una mafiocracia”, expone.
Sandra Ley, coordinadora del Programa de Seguridad de México Evalúa, explica que los asesinatos de personas relacionadas con las elecciones ponen muchas cosas sobre la mesa:
“La forma en que ocurren esos asesinatos de actores políticos demuestra que no se trata de delincuencia común. Las señales de muerte, el tipo de arma, nos dicen que estos sí tienen una relación con el crimen organizado. Más aún, su mayor incidencia en época electoral, señala un objetivo particular de sus perpetradores por incidir en la esfera política”, argumenta.
De 2018 y hasta el más reciente corte, del 3 de febrero de 2024, suman 1,649 ataques, asesinatos, atentados y amenazas contra actores del ámbito político o gubernamental, según la iniciativa “Votar entre Balas. Entendiendo la violencia criminal-electoral en México”.
Ese proyecto de Data Cívica y del Programa para el Estudio de la Violencia (PEV) del Centro de Información y Documentación Económica (CIDE) indica que considerando sólo a las víctimas de ataques, asesinatos, secuestros, amenazas que eran en ese momento o fueron en el pasado precandidatos, candidatos, aspirantes, dirigentes partidistas, legisladores, gobernadores, alcaldes, regidores, sumaron 646 personas.
“Estos ataques no ocurren de manera aislada, sino en las regiones donde la inseguridad y la violencia están a la alza", remarca Ley.
En enero pasado, el magistrado electoral Felipe de la Mata Pizaña lanzó públicamente la alerta sobre el “problemón” que significa la participación del crimen organizado en las elecciones.
Pero sólo hay seis sentencias en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en las que se ha acreditado la participación de grupos violentos, uso de armas o participación del crimen organizado para secuestrar urnas, “embarazarlas” o intimidar votantes.
Fuera de las pruebas y expedientes, en prácticamente todo el país, afirmó el magistrado, la población alerta lo que pasa en las calles y no llega a tribunales:
“Dicen que hay personas que, previo a la jornada, incluso pocos días u horas, presionan a las candidaturas para que renuncien. Eso lo he oído en varios estados”, aceptó.
En otros casos, “comentan que se amenaza de muerte o secuestro a las candidaturas perdedoras o a sus familiares para que no impugnen los resultados obtenidos en la elección. No hay ningún expediente electoral que diga esto, ¿eh?. Pero lo oigo y lo repiten y lo repiten”, declaró De la Mata Pizaña.
También se habla –refuerza- “de secuestros de candidaturas para que dejen de hacer campañas” o hay “rumores de financiamiento de candidaturas por parte de grupos del crimen organizado. Eso ya es normal, esos rumores se oyen todo el tiempo”.
Ahora “lo nuevo”, según expuso el juzgador el 29 de enero, en un curso de derecho electoral en la sede del Tribunal del Estado de México, es atentar contra la vida, seguridad y libertad de los candidatos y sus familiares.
Se rumora –asegura el magistrado del TEPJF- “de candidaturas que forman parte o tienen algún vínculo con el crimen organizado" o que los policías son los que “hostigan y amedrentan a simpatizantes de determinadas fuerzas políticas”.
Sin embargo admite que nada de eso consta en los archivos judiciales, pues si así fuera “matarían al que lo denuncia”.
La experta Sandra Ley, de México Evalúa y excatedrática asociada del CIDE, reconoce que es un reto para votantes, funcionarios de casilla y otros actores “denunciar con total claridad, sin ponerse en mayor riesgo”.
“El TEPJF necesita de cierto tipo de evidencia y fundamentación para poder acreditar la injerencia de grupos armados en una elección dada y así anularla. No siempre tenemos tal evidencia en el sentido que la ley lo requiere, aunque sí existan tales injerencias”, explica.
Es por eso que por ahora sólo hay seis casos atendidos por el TEPJF en los que la participación criminal o de grupos armados en procesos electorales es una verdad legal.
El más reciente es también el más grave: fueron las elecciones en Michoacán de 2021, pues se corroboró que en cuatro municipios, en Múgica, Gabriel Zamora, La Huacana y Nuevo Urecho, el crimen organizado operó en las elecciones.
En unos casos, hombres armados impidieron el paso a representantes de oposición y sólo permitió la presencia de los de Morena; en otros "puso" resultados: secuestró urnas, las “embarazó” y las devolvió horas después rellenas de votos a favor de un candidato.
“Se anuló la votación de los cuatro municipios y seguía ganando el mismo candidato. Esa fue la primera elección en la cual se determinó la incidencia del crimen organizado”, expuso el magistrado De la Mata.
En esas elecciones ganó el morenista Alfredo Ramírez Bedolla y no se invalidó el proceso para la gubernatura, en que la oposición alegó que fue una “narcoelección”.
El primer caso que recuerda De la Mata data de hace 27 años, cuando hombres armados impidieron la instalación o quemaron urnas en 220 casillas de la zona de conflicto zapatista, en Chiapas.
Luego, en 2010, en Torreón, Coahuila, un grupo paramilitar amedrentó a votantes con disparos al aire, en la elección de gobernador, caso conocido como “los hombres de negro”.
En 2012 en Cherán, Michoacán –caso que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)–, los habitantes se rebelaron, decidieron no ir a elección ordinaria sino por usos y costumbres, pues acusaron a todos los partidos de estar cooptados por el crimen organizado, responsable de la tala ilegal, secuestro y cobro de derecho de piso.
También en la elección del ayuntamiento michoacano de Nahuatzen, en 2018, la autoridad local electoral autorizó a instalar las casillas en el ayuntamiento aledaño, ante el clima de violencia local.
Al año siguiente, 2019 en Ahuazotepec, Puebla, hubo violencia en el proceso, robo de paquetería electoral a manos de un comando armado, y posterior asesinato de dos policías que custodiaban material electoral.
El panorama descrito por el magistrado De la Mata, sostiene el experto internacional Buscaglia, es parte de la problemática, pues aunque están prohibidas las conductas delictivas –narcotráfico, portación de armas, tala de árboles, amenazas, secuestro– existe debilidad institucional y legal en México para que específicamente la injerencia criminal en las elecciones sea detectada, denunciada, perseguida y sancionada.
Buscaglia ubica el problema en que el país no ha querido legislar en la materia, pese a que asumió el compromiso internacional de emitir “16 leyes antimafia” como las de países avanzados.
Así, la falta de pruebas de “narcoelecciones” o de que la delincuencia pone “ganadores” no significa que eso no exista, sólo comprueba que no hay procedimientos obligatorios establecidos en ley que arrojen datos para confirmar o descartar ilícitos y emitir sentencias.
Es como si no hubiera una ley contra el homicidio, entonces no habría homicidios. Sí los hay, pero sin ley no se denuncia”.
Los países que colocan barreras para que la delincuencia no capture a sus sistemas políticos ni penetre a las campañas tienen al menos tres instituciones ausentes en México, indica: auditorías obligatorias a todos los partidos y candidatos para determinar el origen del dinero que entra a la campaña.
Otra es la realización de elecciones primarias para que los partidos –y no el crimen– defina a sus candidatos, y la tercera consiste en prohibir todo tipo de financiamiento privado en la política.
Esos son tres requisitos legales que en México no existen para frenar a la delincuencia organizada.
“¡Claro que no hay causas de injerencia del crimen organizado en elecciones, porque no hay ley, no hay datos, ni procedimientos ni obligación para reunirlos!”, insiste.
En el país existen reglas para la fiscalización de precampañas y campañas, pero la realidad es que se revisa prácticamente lo que los partidos y candidatos informan al Instituto Nacional Electoral (INE) respecto a sus ingresos y gastos.
El sistema electoral mexicano obliga a la revisión simultánea a las campañas y al concluir éstas el INE cuenta con 37 días para revisar cientos de miles de informes, a lo que agrega recorridos para detectar posibles gastos no reportados (principalmente en mítines o propaganda).
Además, el INE es auxiliado por el cruce de datos y verificación que realizan autoridades fiscales y bancarias. Y se permite a candidatos y partidos financiamiento privado sujeto a topes, pero no recursos de empresas.
Pero en 2018 ese Instituto revisó en tiempo récord más de 57,000 informes de campañas locales y federales. Y hay investigaciones más exhaustivas sólo ante denuncias específicas o cuando detecta alguna anomalía, pero también exprés, en dos meses, pues de sus resultados dependen las declaratorias de triunfos electorales.
Eso da cuenta el nivel de “auditoría” real al financiamiento de las campañas mexicanas. Y aún así, los partidos se resisten a la revisión.
El ejemplo más próximo, pero no único, es que desde 2021 aspirantes de Morena realizaron viajes, recorridos y mítines para posicionarse, encabezados por la hoy precandidata presidencial Claudia Sheinbaum, entonces jefa de gobierno de la ciudad. En los hechos no se revisó nada pues ella dijo haber sido invitada por liderazgos locales o pagar de su bolsa.
El INE revisó sólo una parte de 2023, ya dentro del proceso interno de ese partido, y vio gastos no reportados por los aspirantes –Sheinbaum y sus competidores- por más de 60 millones de pesos. Pero el partido insiste en haber hecho erogaciones mínimas o en deslindarse del pago de la profusa propaganda que corrió durante meses.
En realidad, no hay ningún partido conforme con la fiscalización, aunque estos mismos acusan la superficialidad de las revisiones del INE, pues todos promueven múltiples denuncias para señalar a sus adversarios de recibir recursos prohibidos y haber burlado las revisiones del instituto.
Muy pocas veces se ha comprobado esto, como fueron los míticos casos de los Amigos de Fox y Pemexgate, pero no se han confirmado recursos de la delincuencia organizada.
Además, de vez en vez los partidos presentan denuncias cada que una revelación periodística indica que alguna campaña recibió una inyección de recursos de fuentes no permitidas.
Y hasta el presidente Andrés Manuel López Obrador admitió en su conferencia mañanera del 27 de febrero de 2021, días antes del inicio de las campañas federales en las que también se eligieron 15 gubernaturas y 1,923 presidencias de ayuntamientos: “cuando hay elecciones se mete el crimen organizado, se meten a financiar campañas y toman partido a favor de candidatos porque quieren el control en los municipios y en los estados”.
El mismo Edgardo Buscaglia refiere, sobre la debilidad de las revisiones, la reciente publicación de reportajes sobre la supuesta recepción de recursos del crimen organizado a la campaña de 2006 del hoy presidente López Obrador.
“El presidente pide pruebas a un periodista que no es fiscal como para tenerlas. Y un fiscal podría pedirle las auditorías del financiamiento de su campaña. Pero como no hay obligación de auditar campañas en México no hay datos. Entonces, no se puede determinar si violaron una ley o no”, argumenta.
Un juez, recuerda, no puede procesar algo sin ley “entonces el presidente López Obrador, como no es abogado, no lo entiende. Él dice oye no hay causas (penales) no hay problema. No, no funciona así el mundo las causas. Se procesan con base en una ley antimafia en el ámbito electoral, que es lo que venimos proponiéndole al Congreso (mexicano) de manera gratuita desde hace 18 años pero los políticos no les conviene aceptar”.
Buscaglia también advierte que en México sólo se revisan casos en los que hay videos de personas recibiendo o entregando dinero, pero no cuando se tiene que hacer investigación y es muy difícil comprobar que los recursos se entregan desde manos de personas con actividades ilegales.
“Tiene que haber video para que haya investigación... la única forma en que podría acreditarse con certeza dinero sucio en la política –no porque no lo haya- es que hubiera un video de un político abrazado a El Chapo Guzmán recibiendo dinero de él o de El Mayo Zambada”, comenta.
Recuerda el caso de René Bejarano, el exsecretario particular de López Obrador siendo jefe de gobierno de la ciudad, en 2004, y quien fue captado en video recibiendo fajos de billetes del empresario Carlos Ahumada.
Pese a los videos, la laxitud legal ayuda al carpetazo de las investigaciones. En ese caso, el experredista y ahora morenista alegó que los 11 millones de pesos recibidos no eran fruto de una extorsión sino “aportaciones voluntarias” para campañas.
Luego, pese a los videos y la confesión, fue absuelto de delito electoral porque cuando recibió recursos no era candidato. Y además eso no era delito grave, con lo que concluyó todo.
Para Ley, la especialista de México Evalúa, e investigadora especializada en violencia criminal y comportamiento político, la injerencia de la delincuencia organizada en las elecciones ocurre porque ésta ha encontrado sustento en las estructuras del Estado.
“Ha podido expandir las redes de protección que le han sostenido por décadas” y la solución no es fácil: pasa por desmantelar eso que permite al crimen actuar con impunidad.
“No basta proteger candidatos”, como recién acordaron autoridades electorales y de seguridad del país, considera.
El problema, anota Buscaglia, es que “el tejido político está totalmente gangrenado en México” y se requiere un pacto entre todos los partidos para crear el marco jurídico que ha ayudado a otros países.
Italia en épocas de la Cosa Nostra pudo combatir al crimen hasta que se aprobó la ley de Auditoría Electoral. En Colombia y Rusia en los años 70 “tampoco había causas penales y no porque no hubiera dinero sucio en las campañas”.
Pero en México “hay un problema grave: hay un pacto político de impunidad mafiosa. No de todos los políticos, pero no hay voluntad de avanzar en leyes que les quiten la discrecionalidad a los politicos para recibir dinero dulce, dinero fácil”.
“Y eso beneficia solo a la delincuencia organizada y perjudica a las personas a pie, que siguen siendo masacradas, secuestradas, desaparecidas y asesinadas”, concluye el experto.
