OPINIÓN: Financiamiento inadecuado a partidos y campañas

Nota del editor: Don Porfirio Salinas es híbrido de política, iniciativa privada y escenario internacional. Priista orgulloso de “el valor de nuestra estirpe” (Beatriz Paredes dixit); y antagónico al régimen actual, contrario a esta estirpe. Convencido de la política como instrumento de construcción de país, desde cualquier trinchera. Las opiniones expresadas en esta columna son exclusivas del autor.

(ADNPolítico) – Las reglas para el financiamiento de partidos políticos y campañas electorales probablemente son, sobre todo a partir de las modificaciones hechas en 2008 y en 2013-14, uno de los principales problemas del actual sistema electoral.

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Estas reglas han generado, al menos, dos grandes problemas para México. Por un lado, los partidos políticos se han vuelto grandes negocios económicos para sus cúpulas, y en el caso de los partidos pequeños, jugosos consorcios familiares.

Por otro lado, y aún más grave, la generación de inmensos mercados ilegales de financiamiento a partidos y campañas, que han derivado en los niveles más descarados de corrupción, particularmente en gobiernos estatales y en el federal. Al tener tantos “inversionistas” apostándole a candidatos y partidos, el nivel de correspondencia que se debe tener una vez ganada la elección ha derivado en situaciones como los exgobernadores Medina, Duarte, Padrés y un largo etcétera; o en varios casos que hemos visto durante el sexenio que está por terminar.

Tan grave es el problema, que no ha sido fácil calcular la magnitud de sus consecuencias. Aunque, como se mostró en la importante investigación presentada en mayo por María Amparo Casar y Luis Carlos Ugalde, Dinero Bajo la Mesa , por cada peso reportado como ejercido en una campaña a gobernador, hay 15 no reportados. Calculando que, de cada peso ilegal aportado a un candidato, se suelen retribuir entre 3 y 10 una vez en el gobierno, imaginen las dimensiones del problema Por supuesto, lo gastado por el PRI-gobierno para la elección de Estado de México en 2017 rompió cualquier techo imaginable de recursos ilícitos.

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En fechas recientes, la dirigencia nacional de Morena propuso públicamente reducir en un 50% las prerrogativas a partidos políticos, argumentando que los partidos no necesitan la cantidad de recursos que hoy reciben. Si bien es cierto el argumento, y buena la intención, la propuesta no ataca el problema de fondo, y de discutirse de manera aislada, podría cancelar la posibilidad de hacer una verdadera reforma integral.

Uno de los aspectos principales es revisar la proporción de financiamiento público y financiamiento privado. Es correcto reducir de manera significativa el financiamiento público, que debería cubrir únicamente los gastos de operación y administración diaria de los partidos. Pero al mismo tiempo, se deben incrementar los límites de financiamiento privado, particularmente para campañas y actividades adicionales de los partidos; pero con reglas claras de transparencia que permitan rastrear todas las aportaciones privadas, diferenciando a personas físicas y morales, y estableciendo posibles topes de transferencias y depósitos para evitar “macro donadores”. Esto reduciría visiblemente el mercado ilegal, así como los altos costos de las campañas por el sobreprecio que implica cualquier mercado negro.

Para abonar a desmontar los sobrecostos por el mercado ilegal, se debería de centralizar en el INE el pago de ciertos gastos de los partidos políticos, particularmente cuando implican cantidades significativas. Con esto, se evitaría mal uso de recursos, así como el privilegiar a proveedores “cercanos” a los partidos para simulación de gastos. Se daría mucho mayor certeza al uso adecuado de los recursos.

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Otro tema importante es separar en el Presupuesto de Egresos de la Federación los recursos dedicados al Instituto Nacional Electoral, de aquellos que deben ir a los partidos políticos. De esta manera se desmitificaría la idea de un INE exageradamente caro, y se tendría mayor claridad sobre los montos asignados a cada partido y el ejercicio de esos recursos.

Uno de los rubros en los que más se gasta, sobre todo con recursos ilícitos, durante procesos electorales son los llamados “estrategas” y los encuestadores; y son uno de los aspectos de mayor sobreprecio. En el caso de encuestadores, hay una normatividad que les exige registrarse ante el INE; habría que dar un siguiente paso para que se emita una suerte de certificación a quienes cumplan criterios mínimos indispensables en su metodología, y que sólo esas empresas puedan ser contratadas por partidos y candidatos, y sean las únicas cuyos datos puedan publicarse en medios.

Un mismo trato debería de darse a los llamados “estrategas”, que suelen venderse como expertos en estrategias electorales y de comunicación política. En este campo, se gasta mucho dinero en efectivo para pagar sus servicios. Eso, de entrada, debería generar duda sobre la calidad. Es fundamental obligar a todos estos estrategas a estar registrados ante el INE, y pensar en una certificación similar a la planteada para encuestadores.

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La correcta fiscalización y auditoría de los recursos para partidos y campañas debe ser una prioridad, que no puede ser responsabilidad del INE pues tiene ya demasiadas obligaciones, e implica un alto nivel de trabajo técnico. Esta responsabilidad debe trasladarse a la Auditoría Superior de la Federación, con la coadyuvancia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la PGR (o FGR), a través de las áreas especializadas en inteligencia financiera y lavado de dinero.

Otro asunto de importancia es hacer un cálculo mucho más realista de los topes de campaña para los diferentes cargos de elección popular, y homologar los criterios para calcularlos, evitando así disparidades en diferentes entidades federativas. A la par, se debe revisar la forma en la que se entregan los recursos, y los montos, particularmente pensando en aquellos partidos de nueva creación; y habría que considerar ya el otorgar un nivel indispensable de recursos a candidaturas independientes. Hay países en donde a los partidos nuevos solo se les entrega el 50% de los recursos para su primera campaña, y el restante se les entrega únicamente si ganan la elección; lo mismo podría pensarse para independientes.

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Finalmente, un tema urgente es revisar el tipo de sanciones para partidos y candidatos. Actualmente, las sanciones son económicas, lo que sigue representando un costo al erario público. Ya debemos pensar en sanciones reales, además de las económicas; en particular, restringir la participación de partidos y candidatos en procesos electorales. Dependiendo del proceso o campaña que hayan violado, la sanción debe ser impedirles participar en el proceso inmediato posterior, o incluso la cancelación de registro dependiendo de la magnitud. Esto realmente afectaría a los partidos al cancelarles la posibilidad de postular candidaturas a cargos de elección popular, lo que también implicaría cancelarles los recursos correspondientes a esas campañas. Y en el caso de las sanciones económicas, deberán deducirse automáticamente de las prerrogativas del partido para no generar un costo adicional al erario.

El actual sistema de financiamiento y fiscalización ha generado vicios demasiado profundos, y con ello un gran mercado ilegal y corrupción. Por eso debe ser prioritario reformarlo, pero de manera integral.

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