Elecciones 2024 se perfilan para ser las más violentas en la historia

Históricamente, el blanco de los ataques ha sido contra personajes que ocupan cargos municipales o aspiran a ser alcaldes, regidores o síndicos; ahí se concentra más de 71% de los casos. Y por partido, en los últimos seis años los más atacados están vinculados a Morena, los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) o a sus gobiernos.

“La violencia criminal ya está en nuestras elecciones y mal se haría en negar este peligro que acecha a la más grande de nuestras prácticas democráticas”, concluyó el Instituto Nacional Electoral (INE) en su “Crónica del Proceso Electoral 2017-2018 junio 2018.”

Ahora, en el actual proceso electoral, expertos en violencia política advierten que éste será el más violento, de entrada porque con 20,367 cargos a elegir, estarán en circulación más de 50,000 aspirantes a diversas posiciones.

Además, porque se renovarán presidencias y cargos municipales en 30 de 32 entidades y es ese nivel de gobierno donde el crimen organizado, que se considera principal instigador de la violencia contra los políticos, centra sus agresiones.

Del total de los cargos a elegir 19,739 serán locales. De ellos 18,200 en la célula territorial básica del Estado mexicano: 1,802 alcaldías o presidencias municipales (sólo en Durango y Veracruz no se elegirán este año), 1,975 sindicaturas, 14, 423 regidurías y 431 cargos auxiliares.

También estarán en juego ocho gubernaturas, la Jefatura de Gobierno de la ciudad y 1,098 diputados de congresos locales.

Y la evolución de la violencia contra los políticos ha ido in crescendo, precisamente, entre candidatos, la mayoría a munícipes y alcaldes, lo que ha sido documentado por diversos think thank especializados, que con enfoques y metodologías diversas han analizado la problemática.

La consultora Integralia documentó 30 asesinatos de candidatos y aspirantes en ocho años, de las elecciones de 2008 a 2015. En el proceso electoral federal y locales de 2018 fueron 48 los asesinados, aunque sólo 41 de acuerdo al reporte del INE sobre ese proceso.

Esa misma firma contabilizó que en el proceso de 2018 –en que además de elección federal hubo relevo de 1,596 ayuntamientos– se presentaron 12 asesinados contra personas del PRI, 11 del Partido de la Revolución Democrática (PRD), seis de Morena, cinco del PAN, cinco de Movimiento Ciudadano (MC), tres independientes, dos del Verde (PVEM) dos de Encuentro Social (PES), uno del Trabajo (PT), y otro de otra fuerza política local.

En las elecciones intermedias de 2021, las más recientes, la cifra casi se cuatriplicó: fueron ultimados 179 políticos, entre ellos 36 aspirantes o candidatos a cargos de elección popular. Y de ellos, 64% buscaban ser o reelegirse como presidentes municipales.

Si se consideran las agresiones y atentados contra políticos que no terminaron en deceso, el número se quintuplicó a 239 entre 2018 y 2021, según el mismo centro de análisis, cuyo especialista, Armando Vargas, aclara que para Integralia la violencia política es entendida como agresiones o los asesinatos hacia los candidatos y candidatas.

Al añadirse otro tipo de violencia, ejercida no sólo contra abanderados, sino funcionarios de gobierno, legisladores y operadores políticos, en 2021 fueron un total de 1,066 actos violentos, de acuerdo con datos de la consultora Etellekt.

Desde otro enfoque, con una metodología que incluye, a diferencia de Integralia y Etellekt, a actores políticos pero también a servidores públicos y funcionarios del ramo de la seguridad pública, además de colaboradores y familiares de políticos y servidores públicos, México Evalúa en colaboración con Data Cívica, y el Programa para el Estudio de la Violencia del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) han desarrollado el proyecto Votar entre Balas .

El dato consolidado de 2018 a noviembre 2023 arroja 1,564 agresiones, atentados y homicidios. De ellos 71% fueron contra personas con aspiraciones o cargos a nivel municipal.

Sandra Ley, investigadora de México Evalúa, destaca que han observado “una tendencia sostenida al alza durante los últimos años, casi dos décadas” por lo que no es atribuible al gobierno actual.

En el sexenio de Felipe Calderón “teníamos 400 casos de ataques del crimen organizado contra autoridades y personas candidatas, del 2006 a 2012” y ahora van casi 1,000 en dos años, expone.

La evolución de las cifras indica que en 2022 fueron 486 hechos de ese tipo, en 2023 aumentaron a 529, es decir 1,015 sólo en esos dos años.

¿Quiénes son los políticos atacados?

La revisión a la base de datos de Votar entre Balas, que ha sistematizado la violencia política desde 2018 y ha incluido entre los agredidos no sólo a militantes, dirigentes o candidatos de partidos, sino a sus familiares, colaboradores o las que trabajaban en una administración asociada con partidos políticos, incluso del ramo policiaco, revela en conjunto dónde se concentran los ataques.

Dado que Morena gobierna en 22 entidades y cientos de municipios, y no se considera sólo a líderes o abanderados, las víctimas recaen principalmente en ese partido y luego le siguen el PRI, el PAN y el PRD, MC, PVEM y PT en ese orden, además de partidos estatales.

Dirigentes, militantes, precandidatos, candidatos o servidores públicos de todo tipo en gobiernos de Morena se han convertido en 515 de las víctimas de ataques –281 muertos– y de ellos 313 son de nivel municipal, esto en el periodo de 2018 a noviembre de 2023.

Le siguen el PRI, con 252 personas atacadas, 281 resultaron asesinados. De las personas violentadas 206 eran de nivel municipal: alcaldes, presidentes municipales, regidores, comisarios, auxiliares municipales.

Del PAN son 221 de las víctimas y de ellas 1,246 han resultado muertos. Del total 199 eran servidores públicos locales.

Por el PRD o asociados a sus gobiernos fueron 108 de los atacados, 71 de los fallecidos. Y de nivel municipal eran 95.

Movimiento Ciudadano contabiliza 95 víctimas, 57 han terminado en decesos. Del total 76 eran de nivel local.

Del PVEM fueron 64 agredidos. 33 víctimas morales y 55 eran aspirantes, candidatos o funcionarios de rango local.

Del Partido del Trabajo fueron 38 atacados, de los que 22 fallecieron y 31 eran del ámbito municipal.

De partidos locales, personas sin partido o con dato desconocido, concentran 166 asesinatos, y 271 víctimas no sólo de homicidios sino atentados o amenazas.

Los datos de los expertos de Data Cívica permiten conocer que de 1,564 víctimas de ataques ocurridos en los últimos seis años, 1,111, es decir 71%, eran del ámbito territorial más pequeño: el municipio; 228 eran de nivel municipal y 84 de rango federal.

Sin embargo, la metodología de estos expertos consideró como ataques contra administraciones de un partido, la ejercida en contra integrantes de cuerpos policiacos de administraciones asociadas a fuerzas políticas, o bien en contra de fiscales o de autoridades judiciales de esas mismas entidades.

Además, el corte de Votar entre Balas es a noviembre de 2023 pero de entonces a la fecha la violencia ha sido constante.

Sólo de diciembre al 9 de enero se han agregado cuando menos seis casos más: tres muertos, un atentado, una amenazada y una quema de camioneta, enmedio de una disputa interna.

El 21 de diciembre fue ultimado Ricardo Taja, expriísta y quien buscaba una diputación por Morena y el mismo día el diputado federal del PRD, Mauricio Prieto, sufrió un ataque armado en Michoacán.

El año violento 2024 inició el jueves 4 de enero y la víctima fue Alfredo Giovanni Lezama, regidor de Cuautla, Morelos y del PAN, quien buscaba una diputación local; este habría sido amenazado por cárteles del narcotráfico.

El día 5 de enero el ultimado fue Sergio Hueso, aspirante de MC a alcalde de Armería, Colima y quien fue baleado, al igual que David Rey González Moreno, aspirante opositor a alcalde de Suchiate, Chiapas.

El 7 de enero la diputada del PRI Guadalupe Barrón denunció que su camioneta fue baleada en horas de la madrugada, presuntamente como una amenaza por su trabajo.

Y el 8 de enero incendiaron la camioneta de la dirigente de Morena en Jalisco, Katia Castillo.

Violencia incontrolable

Por eso, en lo que sí coinciden los expertos es que la numeralia será superada con creces este año, debido a las elecciones federales simultáneas a las locales, para las que hay miles de postulaciones en juego.

“La evidencia científica indica que los ciclos electorales son puntos clave para el aumento de este tipo de ataques criminales contra autoridades y personas, por lo que se espera un año de más violencia política en México”, indica Sandra Ley.

Esto es de esperarse, pues es en la elección de autoridades municipales donde los grupos criminales buscan de los nuevos gobiernos la protección que necesitan a nivel local.

“Es la oportunidad para poder tender las redes de protección que necesitan: tener incidencia en el nombramiento de autoridades en el ámbito de seguridad, acceso a recursos públicos, información valiosa que les es importante para controlar territorios enteros”, explica.

Armando Vargas, especialista de riesgo político de Integralia, también coincide en vislumbrar un incremento de la violencia en el ámbito político:

Destaca la relevancia de las alcaldías como el puesto clave para ofrecer impunidad, pero apunta a otros dos factores:

“Ahora hay más actores, más organizaciones criminales buscando o disputando ese control territorial”, enfatiza.

Hay también, anota, una amplia diversificación de los mercados criminales que también exigen protección.

“Ya no solamente es el narcomenudeo y el tráfico de droga, sino hay nuevos mercados como el tráfico de personas migrantes o la extorsión”, desglosa.

Ese mismo panorama ha sido anticipado por el Proyecto de datos de eventos y ubicación de conflictos armados (ACLED), proyecto sin fines de lucro con sede en Estados Unidos, para el cual “es probable que las próximas elecciones generales (en México) previstas para junio de 2024 exacerben las tensiones y aumenten los riesgos de violencia.

“Los funcionarios y candidatos locales están especialmente en riesgo, y la competencia para asegurar un escaño electoral podría agravar aún más estas amenazas”, considera ese centro.

Ambos expertos Sandra Ley y Armando Vargas desestiman que el aumento en los casos de violencia política sea resultado de la llamada política de “abrazos y no balazos” del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Para Ley, porque la tendencia continua a la alza en ese tipo de violencia viene de sexenios atrás:

“Las redes de protección se sustentan desde el autoritarismo mexicano, y no se desmantelaron en el proceso de transición a la democracia. Además no hay ni un solo partido que se pueda salvar de haber brindado esas redes de protección”, detalla.

Mientras que Vargas, consultor senior en la Unidad de Riesgo Político de Integralia, recalca que la protección con que han operado los criminales es un factor añejo y no atribuible sólo a una administración, razón por la cual la violencia política ha sido un fenómeno continuado durante años.

Advierte que no toda la violencia tiene como fuente el crimen organizado:

“La política mexicana sobre todo la local, territorial, se caracteriza por esta visión patrimonialista, la búsqueda del poder de los cacicazgos: Y en ese sentido la violencia y la represión o la venganza política también es un factor de violencia política, aunque a mi juicio es menos frecuente”.

En el análisis de ACLED ese también es un factor relevante: “las rivalidades políticas y los conflictos interpersonales contribuyen a la violencia más allá de los ciclos electorales” pues en su informe especial detectó caso en los que los funcionarios locales están involucrados, sea como instigadores o víctimas.

Crimen y voto

Además de las consecuencias evidentes de muertes, heridos, presiones y violencia a que es sometida la clase política, todo esto tiene impacto en la calidad de la democracia, consideran los analistas.

Esto no sólo por el tipo de autoridades que al final resultan electas o los compromisos con los que asumen los cargos, sino porque el ejercicio democrático queda, en algunos casos, anulado, considera Ley.

El crimen organizado, agrega la especialista de México Evalúa, “termina imponiendo candidatos eliminando otros unos días antes de la elección, o con amenazas. Y si solamente tienes un candidato en esos lugares, es claro que el mensaje ya lo mandó el crimen organizado y ya no hay incentivos para votar”.

Señala que una de las primeras afectaciones observadas en lugares de mayor violencia es la menor participación de los votantes e incluso de ciudadanos, de modo que no hay interés en ser funcionarios de casilla o no se puede hallar interesados por los desplazamientos a otros municipios propiciados por el crimen organizado.

Un caso emblemático, recuerda, es cómo en la elección de 2011 en Michoacán, “los ´Caballeros Templarios´ explícitamente mandaron decir a los votantes cómo tenían que votar en Michoacán para la gubernatura es decir, son procesos que hemos visto hace más de 10 años y que simplemente hemos dejado sin atender. Ahora lo vemos multiplicado por todo el país”.

Precisamente, por ese fenómeno de abanderados “favoritos” de la delincuencia, es previsible también que se observe justo lo contrario a la apatía, expone Vargas.

“Tal vez existen algunos territorios en donde la participación ciudadana pueda disminuir, por temor a la violencia, pero también va a haber otros territorios en donde vamos a ver un alto grado de participación ciudadana porque los grupos criminales también movilizan sus bases sociales y llaman al voto”, dice.

Incluso, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado a los ataques contra actores políticos o la violencia desatada en entidades con elección, como actos de propaganda o para ahuyentar a los votantes.

Tras hechos violentos ocurridos en las elecciones federales de 2021, por ejemplo, el mandatario expresó en conferencia de prensa mañanera, el 26 de mayo: “es una situación lamentable porque se da en medio del proceso electoral, estamos en vísperas de las elecciones y sí es gente que quiere generar inestabilidad, sin duda es delincuencia organizada”.

¿Hay solución a la violencia política?

Armando Vargas, el investigador de Integralia, plantea que la única forma de acabar con este tipo de violencia política, es combatir la delincuencia común y el crimen organizado.

Estrictamente con la mira en el proceso electoral, analiza que hay dos tipos de intervención: “la situacional, coyuntural, de corto plazo, la que tiene que buscar arruinar la oportunidad delictiva y las oportunidades para la violencia contra objetivos prioritarios.

“Estas se presentan cuando hay tres factores: víctima, victimario y la ausencia de guardianes. Ese esquema se rompe cuidando a objetivos o candidatos con mayor probabilidad de victimización con las fuerzas del orden público de los tres niveles de gobierno o cuando menos de el orden estatal y del orden federal que son las menos susceptibles a la corrupción”.

El objetivo sería dar seguridad a las personas políticamente expuestas, basados en inteligencia “y también a sus entornos cercanos, familiares, además de autoridades electorales”, lo que sería fundamental para que la jornada electoral trascurra con seguridad.

En cambio, para erradicar de fondo esa violencia se tendrían que “atender las causas más profundas de la violencia, pero digamos, no solamente desde una perspectiva tradicional de atender las causas sociales como la desigualdad o la pobreza que es algo que están en discurso”, sino ir incluso al contexto internacional, la demanda de droga, las motivaciones sociales y culturales, la descomposición social, todo lo cual permite la proliferación del crimen organizado.

Para Ley, de México Evalúa, “si tuviéramos que apuntar a lo que se requiere es desmantelar esas redes de protección sería ir hacia un proceso profundo de reforma al aparto de seguridad y de justicia, pero es difícil cuando no hay un solo partido que pueda encabezar esa agenda y todos tienen un nivel de involucramiento en ese proceso de descomposición”.

Esto porque hay antecedentes de alcaldes, legisladores, gobernadores funcionarios de los tres niveles, que en el pasado han sido acusados o sentenciados por vínculos con grupos criminales, o incluso han sido evidenciados en reuniones con líderes de la delincuencia organizada, casos que involucran a todas las fuerzas políticas sin excepción.