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La Luna no miente: México y su deuda con la salud mental

El Estado miró las pirámides y nunca vio al joven.
jue 23 abril 2026 06:05 AM
La Luna no miente: México y su deuda con la salud mental
Una balacera se desató el pasado 20 de abril en la pirámide de la Luna de Teotihuacán, dejando al menos dos personas muertas, entre ellas el atacante y una ciudadana canadiense. (RAY MARMOLEJO/AFP)

El crimen que nadie quiso ver venir

El 20 de abril de 2026, al menos dos personas murieron en la zona arqueológica de Teotihuacán: una turista canadiense y el propio agresor, saldo de un tiroteo perpetrado desde la Pirámide de la Luna que dejó además a 13 extranjeros heridos.

Lo que parecía un hecho aberrante y aislado comenzó a revelar, con cada hora que pasaba, algo mucho más perturbador: no era el capricho de la fatalidad, sino el punto de llegada de un proceso de radicalización que nadie interceptó.

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Las investigaciones revelaron un perfil escalofriante del atacante, Julio César Jasso Ramírez, de 27 años, residente en Ciudad de México, quien no actuó por un móvil tradicional, sino bajo una severa alteración psiquiátrica marcada por una obsesión de años con masacres históricas y simbología extremista.

La fecha del ataque no fue coincidencia: Jasso Ramírez eligió el 20 de abril, aniversario de la masacre de Columbine y también el natalicio de Adolf Hitler.

No es un dato menor. Es la firma de una ideología cultivada en silencio, con el aplauso tácito de la indiferencia institucional.

El Estado como cómplice por omisión

El fiscal del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez, señaló que la evidencia apunta a un perfil psicopático del agresor, caracterizado por una tendencia a copiar situaciones de violencia ocurridas en otros países y momentos, hallándose en su mochila literatura alusiva a agresiones y referencias a figuras vinculadas con este tipo de acciones violentas.

Sin embargo, más revelador que la mochila del atacante es lo que las instituciones mexicanas llevan años cargando sin abrir: la ausencia real de políticas de salud mental vinculadas a la prevención de la violencia juvenil.

Los videos que circularon en redes sociales tras el ataque son perturbadores por más de una razón. En las grabaciones, el agresor gritaba a los turistas que habían llegado a un lugar construido para sacrificar, no para tomar fotografías, con un tono que mezclaba la violencia más visceral con un discurso de apropiación territorial del patrimonio histórico.

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Este uso distorsionado del simbolismo nacional prehispánico como argumento para el odio al extranjero no nace del vacío: es también el eco de un nacionalismo identitario que, cuando se instrumentaliza desde las tribunas gubernamentales como relato heroico y excluyente, encuentra en ciertos jóvenes vulnerables un receptor sin filtros críticos y sin red de contención emocional.

No se trata de calificar ideologías concretas, sino de advertir que el uso político de la historia patria tiene efectos en la subjetividad de quienes no tienen la formación ni el acompañamiento para procesarla.

El asesinato de Teotihuacán da cuenta de un tipo de violencia que ha anidado al margen de los cárteles, una violencia que cruza fronteras y llama la atención sobre la captura de jóvenes por los discursos de odio.

Y no es un caso único. En septiembre de 2025, un estudiante fue asesinado con un cuchillo por un hombre de 19 años que ingresó a un plantel de la UNAM; el victimario había publicado en foros mensajes que dejaban ver su disposición a matar, y se describía como un joven atrapado en la soledad y el resentimiento, además de lo que recientemente ocurrió en Lázaro Cárdenas, Michoacán, cuando un joven mató a dos maestras en una preparatoria particular, habiendo avisos en redes sociales previos.

Las señales estaban. El sistema de alerta temprana, no.

La prevención que nunca llegó: promesas en PowerPoint

La Subsecretaría de Prevención de las Violencias, encabezada por Miguel Torruco Garza, tiene bajo su responsabilidad el programa "México Imparable", mediante el cual se construirán 100 centros comunitarios en todo el país, enfocados en juventudes e integrando deporte, cultura y atención a la salud mental como ejes estratégicos para prevenir las violencias y reconstruir el tejido social desde las comunidades.

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Suena bien.

El problema es que sonaba igual hace veinte años, cuando los programas del SUBSEMUN y el PRONAPRED —hoy extintos— exigían diagnósticos comunitarios reales, mapas de riesgo psicosocial y evaluación de impacto como condición para acceder a recursos federales. Todo eso fue desmantelado.

La pregunta que el cargo de Torruco Garza obliga a formular no es personal, sino estrictamente de política pública: ¿puede una subsecretaría responsable de la prevención de las violencias y de la atención a la salud mental de las juventudes ser conducida eficazmente sin una formación especializada en criminología, psicología social o intervención psicosocial?

En momentos ordinarios, la respuesta podría debatirse.

Frente a una masacre con las características del ataque de Teotihuacán —radicalización digital, perfil copycat, deterioro severo de salud mental no detectado—, la respuesta se vuelve urgente.

La subsecretaría señala que impulsará políticas públicas sustentadas en evidencia para prevenir el delito, fortalecer la cohesión comunitaria y construir una cultura de paz.

Pero la evidencia que respalda la prevención de este tipo de violencia es técnica, clínica y criminológica. No es un asunto de gestión pública genérica ni de activación comunitaria vía deporte y cultura, por necesarios que éstos sean como complemento.

El ataque ocurrió menos de dos meses antes de que México co-organice el Mundial de Futbol 2026, y la presidenta Sheinbaum subrayó que el gobierno garantizará la seguridad de los asistentes, anunciando mayor presencia de fuerzas en destinos turísticos y patrullajes digitales.

La respuesta reactiva es comprensible.

Lo que resulta inaceptable es que siga siendo la única.

Lo que sí se puede hacer, si hay voluntad

La respuesta no puede ser la transferencia de dinero sin corresponsabilidad ni la construcción de canchas multiusos presentadas en conferencia mañanera. Se requieren políticas públicas concretas, evaluables y urgentes:

Primero, institucionalizar la detección temprana de conductas de riesgo en el sistema educativo, vinculando a orientadores escolares con protocolos clínicos de salud mental validados por la Secretaría de Salud, reactivando el modelo de las Unidades de Salud Mental Comunitaria con presencia real en municipios de alta marginación.

Segundo, condicionar los recursos del programa "México Imparable" al cumplimiento de diagnósticos psicosociales territoriales rigurosos, con indicadores de resultado medibles y verificables, no actividades de foto.

Tercero, crear un Registro Nacional de Alertas de Radicalización Online, bajo supervisión de la Fiscalía General, que permita a las autoridades identificar perfiles de riesgo extremista sin criminalizar la disidencia ni violar garantías individuales.

Cuarto, recuperar la obligación que en su momento tenían las corporaciones policiales estatales y municipales de diseñar programas de prevención con énfasis en salud mental juvenil como requisito para acceder a subsidios federales, mecanismo que fue desmontado y que probó ser eficaz como palanca de política pública local.

Quinto, establecer un protocolo interinstitucional de respuesta ante crisis de salud mental que involucre a la SSPC, la Secretaría de Salud, la SEP y el sistema nacional DIF, con rutas claras de derivación y atención que no dependan de la voluntad política del funcionario en turno.

La pirámide siempre estuvo ahí

Teotihuacán es uno de los sitios arqueológicos más visitados del mundo. Su seguridad era, hasta el 20 de abril, un trámite. Lo que no era trámite —y nunca lo ha sido en México— es la salud mental de sus jóvenes más vulnerables.

Entre las pertenencias del atacante se encontraron panfletos y símbolos asociados a la subcultura digital conocida como "True Crime Community", que glorifica los asesinatos masivos, además de registros fotográficos donde realizaba el saludo nazi.

Todo eso estaba ahí, en algún perfil de red social, en alguna habitación de la Ciudad de México, esperando que alguien del Estado volteara a verlo. Nadie lo hizo.

La tragedia de Teotihuacán no comenzó cuando Julio César Jasso subió a la Pirámide de la Luna. Comenzó mucho antes, en el momento en que México decidió que la salud mental de su juventud era un rubro secundario del presupuesto, un ítem decorativo de los planes de desarrollo y un buen tema para el discurso, pero nunca una prioridad real de política pública. Ese vacío tiene responsables.

Y tienen nombre y cargo.

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Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5: 25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

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