Hace algunos años, en los pasillos del INAH, escuché algo que me dejó pensando:al interior de los recintos estaba prohibido hacer rituales, llevar ofrendas, etc. En algunos casos, incluso portar atavíos.
Tiempo después, al acercarme a la medicina tradicional mexicana, mi maestra- una curandera maravillosa de raíces otomíes- nos dejó una tarea: dejar una pizca de tabaco en un centro ceremonial.
Con una advertencia: “Con mucho cuidado, porque si los ven…”
Me congeló esa frase.
La sabiduría ancestral practicándose a escondidas en los lugares que alguna vez le pertenecieron.
Recientemente en Teotihuacán, en la Pirámide de la Luna, un hombre abrió fuego.La noticia recorrió el mundo. Tragedia internacional. Titulares inmediatos.
Pero hay algo que se está obviando en la conversación pública.
Quienes han visitado estos espacios —o han trabajado cerca de ellos— saben que los protocolos de acceso no son neutrales. Existen revisiones, controles, vigilancia. Y también existe algo más difícil de nombrar: criterios informales sobre a quién revisar con mayor detenimiento.
En múltiples testimonios de visitantes y comunidades se repite una experiencia: personas con rasgos indígenas o que portan elementos rituales son sujetas a revisiones más exhaustivas. Se inspeccionan mochilas, se cuestiona lo que llevan, se limita la posibilidad de dejar ofrendas o realizar prácticas simbólicas.
No siempre está escrito. Pero ocurre.
Y entonces aparece la contradicción.
Quienes intentan relacionarse con estos espacios desde una lógica cultural o espiritual lo hacen bajo sospecha.
Mientras tanto, alguien fue capaz de ingresar con un arma.
No es solo una falla de seguridad.Es una pregunta incómoda sobre cómo se define el riesgo.
Porque cuando los sistemas de vigilancia se apoyan —aunque sea de forma implícita— en estereotipos sobre quién es potencialmente peligroso para el patrimonio cultural, dejan de ver lo que no encaja en ese perfil.
Y eso tiene consecuencias.
No se trata de idealizar las prácticas rituales ni de ignorar que estos espacios son patrimonio nacional y requieren regulación.Se trata de reconocer que existe una tensión no resuelta entre la conservación institucional del patrimonio y su significado vivo para las comunidades que históricamente lo han habitado y resignificado.
En muchos casos, esa tensión se resuelve excluyendo.
No con una prohibición frontal, sino con mecanismos más sutiles: restricciones, vigilancia diferenciada, sospecha.
El resultado es una paradoja difícil de ignorar: los espacios que representan el origen de la civilización mesoamericana operan hoy bajo reglas que, en la práctica, limitan la expresión de quienes mantienen vivas esas tradiciones.
Y esto no ocurre en el vacío.
México tiene una larga historia documentada de discriminación estructural hacia pueblos indígenas. Distintos estudios del Conapred y el Inegi han señalado que las personas indígenas enfrentan mayores niveles de vigilancia, menor acceso a servicios y una percepción social que las asocia con informalidad o riesgo.
Esa lógica no desaparece en los recintos culturales. Solo cambia de forma.
Por eso, reducir lo ocurrido en Teotihuacán a un problema de detectores de metales —aunque seguramente también lo sea— es quedarse en la superficie.
La pregunta más profunda es otra: ¿cómo estamos decidiendo quién es sospechoso y quién no?
Porque cuando los guardianes de la memoria viva de este país sienten que deben rezar a escondidas, mientras otros pueden cruzar los filtros sin ser detenidos, lo que está fallando no es solo la seguridad.
Es el criterio.
Y ese criterio no es técnico. Es cultural.
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Nota del editor: Aranzazu Zacarías Guevara es Estratega en comunicación y sostenibilidad. Egresada de Sciences Po Paris, asesora a empresas y organizaciones en legitimidad institucional, asuntos públicos y agendas ESG. Es co-fundadora de la organización Sostenibilidad Activa y co-host del podcast SpeakESG. @aranzazuzg Síguela en Instagram como @aranzazuzg Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente a la autora.
