El 20 de abril de 2026, mientras turistas nacionales y extranjeros caminaban por la Calzada de los Muertos en Teotihuacán, sonaron disparos.
Dos personas murieron, extraoficialmente. El sitio arqueológico más visitado de México, patrimonio de la humanidad, icono de nuestra identidad nacional, se convirtió en escena del crimen. No es metáfora.
Es la fotografía más brutal de un Estado que lleva décadas administrando su propia incapacidad con decretos presidenciales, discursos patrimoniales y presupuestos que jamás llegan a donde deberían.
La pregunta no es cómo ocurrió. La pregunta es por qué a nadie le sorprendió.
México tiene, en papel, uno de los regímenes jurídicos de protección patrimonial más completos de América Latina. La Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, vigente desde 1972, declara de utilidad pública la protección del patrimonio y le otorga al INAH la custodia, la vigilancia y la operación de las zonas arqueológicas.
El Instituto tiene facultades para inspeccionar, clausurar, denunciar, coordinar con fuerzas militares y policiales, y articular a las comunidades locales en la vigilancia de los sitios.
Todo eso está en el papel. En Teotihuacán, el papel no detuvo ninguna bala.
El problema estructural es este: el INAH es una institución de investigación y conservación patrimonial que ha sido forzada a ejercer, sin recursos ni doctrina apropiada, funciones de seguridad pública. Sus responsables de zona no son policías, no tienen formación táctica, no cuentan con protocolos de respuesta ante eventos violentos, y operan en sitios que pueden abarcar cientos de hectáreas con personal manifiestamente insuficiente.
Pedirle al INAH que garantice la seguridad de los visitantes en un contexto de criminalidad organizada territorial es como pedirle al médico forense que evite el homicidio.
Existe además una fractura jurídica que agrava todo lo demás. Los monumentos arqueológicos son propiedad inalienable de la Nación por ministerio de ley, pero el suelo donde se asientan frecuentemente pertenece a ejidos, comunidades o particulares.
El INAH custodia el pasado; la tierra la poseen otros. Esta disociación genera perímetros disputados, accesos no controlados, zonas de amortiguamiento sin vigilancia efectiva y conflictos con comunidades que perciben al Instituto como una autoridad invasiva antes que protectora.
Zonas arqueológicas de primer orden —Chichén Itzá, Monte Albán, Cacaxtla— operan sobre tierras cuya certeza jurídica sigue sin resolverse décadas después de que el Congreso etiquetara recursos específicos para su adquisición.
Esos recursos, según la evidencia documentada, no se aplicaron para ese fin. El resultado es un perímetro de seguridad que no existe, porque nadie sabe con precisión dónde empieza la autoridad del Estado y dónde termina la del ejido.
En ese vacío operan, con comodidad creciente, grupos criminales que controlan el comercio informal, las vías de acceso y, como hoy quedó demostrado, el uso de la violencia dentro del propio sitio.
La respuesta no puede ser otro comunicado del INAH lamentando los hechos.
Se necesitan decisiones de Estado, no declaraciones institucionales. Las siguientes medidas son técnicamente viables, jurídicamente fundadas y políticamente urgentes.
Primero, transferir la responsabilidad operativa de seguridad en zonas arqueológicas de alta afluencia a la Guardia Nacional, mediante convenios de coordinación vinculantes con el INAH, con protocolos específicos de intervención, presencia permanente y sistemas de videovigilancia interoperable. El INAH conserva la rectoría patrimonial; la seguridad de personas es tarea del Estado policial.
Segundo, crear un Protocolo Nacional de Seguridad para Zonas Arqueológicas, con rango de política pública federal, que defina cadenas de mando, tiempos de respuesta, mecanismos de coordinación interinstitucional y capacitación obligatoria para todo el personal que opera en estos espacios.
Tercero, resolver con urgencia la certeza jurídica territorial. El Congreso debe reactivar el Fondo Nacional Arqueológico y exigir su aplicación efectiva en la adquisición de los predios estratégicos donde hoy existe ese vacío de autoridad. Sin propiedad federal clara del suelo, no hay seguridad perimetral posible.
Cuarto, establecer mecanismos formales de gestión compartida con las comunidades que rodean las zonas arqueológicas, reconociéndolas como actores de seguridad territorial con derechos e incentivos reales, no como obstáculos administrativos a superar.
Teotihuacán tiene 5,000 años de historia.
Hoy tiene también dos muertos nuevos sobre su suelo. México lleva décadas protegiéndose detrás de la narrativa del patrimonio de la humanidad mientras abandona a su suerte tanto el sitio como a quienes lo visitan, trabajan o habitan cerca de él.
La ley existe.
Las instituciones existen.
Lo que no existe es la decisión política de hacerlas funcionar con los recursos, la coordinación y la seriedad que el problema exige.
Mientras eso no cambie, las zonas arqueológicas seguirán siendo, con dolorosa precisión, zonas de nadie.
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Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5: 25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
