Cuarenta muertos después, el Plan sigue siendo Plan

Un Estado que cede territorio sin reconocerlo

El indicador más grave no es el número de muertos, aunque cuarenta fallecidos y más de sesenta heridos ya constituyen una tragedia que exige respuesta.

Lo que los datos del Observatorio revelan con claridad es un proceso de sustitución territorial: grupos criminales que siembran minas en caminos rurales, controlan el acceso a comunidades, determinan quién entra y quién sale, y provocan desplazamientos masivos.

Eso no es delincuencia organizada en el sentido convencional.

Es ejercicio de funciones soberanas por parte de actores no estatales.

Y el Plan Michoacán, con sus operativos intermitentes y su presencia rotativa, no ha revertido ese proceso. Lo ha tolerado con presencia uniformada.

La discusión ya no puede encuadrarse únicamente como un problema de seguridad pública. Es una discusión sobre soberanía territorial. Y ningún gobierno puede ganar esa discusión con conferencias de prensa.

Minas que siguen activas, políticas que siguen dormidas

El caso de Cueramato sintetiza con brutalidad la lógica del fracaso institucional.

Una comunidad fue desplazada por la violencia. Las autoridades facilitaron su retorno. Una semana después, dos trabajadores agrícolas murieron al pisar una mina terrestre.

No hubo desminado sistemático. No hubo verificación territorial. No hubo condiciones reales de seguridad.

Hubo una foto de regreso y un comunicado oficial.

Desde cualquier estándar de protección humanitaria internacional, exponer a una población desplazada a un territorio sin sanear constituye una falla gravísima en el deber de protección del Estado.

Desde cualquier estándar de política pública básica, constituye negligencia operativa documentada.

El Plan Michoacán no contempla un programa visible, sistemático y con recursos suficientes de identificación, georreferenciación y neutralización de artefactos explosivos. Esa omisión no es un detalle técnico. Es la prueba de que el plan fue diseñado para ser anunciado, no para resolver.

El costo económico invisible que nadie contabiliza

Las minas terrestres y los drones explosivos no solo matan.

Destrozan economías rurales silenciosamente. Las parcelas se abandonan. Las cosechas disminuyen. Los costos logísticos se disparan. La inversión huye. La migración forzada vacía comunidades enteras.

El resultado es una economía regional debilitada que no aparece en los índices nacionales pero que produce exactamente el efecto que el crimen organizado necesita: dependencia social de las estructuras criminales por parte de poblaciones que el Estado abandonó primero.

El Plan Michoacán no tiene un componente económico territorial serio.

Tiene, en el mejor de los casos, programas sociales genéricos que no están articulados con la recuperación de zonas bajo control criminal.

La pobreza que alimenta al crimen no se atiende con transferencias desvinculadas de estrategia territorial.

El laboratorio táctico que nadie quiere ver

Los datos del Observatorio documentan algo que las autoridades han evitado nombrar con claridad: Michoacán funciona como un laboratorio táctico de aprendizaje criminal avanzado.

El uso sistemático de drones armados, minas artesanales y, en 2025, dos eventos con coches bomba en Coahuayana, representa una evolución operativa que supera con creces la criminalidad convencional.

Si estas tácticas no se contienen aquí, los estados vecinos —Jalisco, Colima, Guerrero, Guanajuato— enfrentan la perspectiva real de importar ese modelo.

No es especulación. Es la lógica del aprendizaje organizacional en estructuras criminales que comparten personal, rutas y financiamiento.

El Plan Michoacán no tiene una dimensión regional articulada.

Trata el problema como si tuviera fronteras administrativas. El crimen organizado, evidentemente, no las respeta.

Lo que debe cambiar: una agenda mínima no negociable

Los datos del Observatorio de Seguridad Humana de Apatzingán no solo documentan el fracaso. Permiten construir una agenda de intervención real:

-Primero, crear una unidad especializada de desminado y neutralización de AEI con capacidad permanente en el territorio, no destacamentos rotativos. Sin esto, cada retorno de desplazados es una ruleta rusa institucionalizada.

-Segundo, establecer condiciones verificables de seguridad territorial antes de cualquier retorno de población desplazada, con acompañamiento de organismos humanitarios independientes que puedan certificar el proceso.

-Tercero, diseñar una estrategia de recuperación económica territorial vinculada directamente a zonas liberadas del control criminal, no programas sociales genéricos desarticulados de la realidad operativa.

-Cuarto, articular una respuesta regional con los estados colindantes para evitar la migración táctica del modelo explosivo a nuevos territorios.

-Quinto, reconstruir la institucionalidad local: los municipios afectados no tienen capacidad administrativa, policial ni financiera para enfrentar esta amenaza solos. El federalismo no puede ser una excusa para el abandono.

El costo de seguir fingiendo

Cuando una comunidad rural necesita verificar si un camino tiene minas antes de regresar a sus propias tierras, el Estado ha fallado en su función más básica.

No hay eufemismo que alcance para describir eso de otra manera.

El Plan Michoacán, tal como ha operado, ha sido un conjunto de medidas cosméticas aplicadas sobre una herida que requiere cirugía.

Los datos del Observatorio de Seguridad Humana de Apatzingán lo demuestran con precisión incómoda: los eventos continúan, se diversifican, se expanden territorialmente y se sofistican tecnológicamente.

Cuatro años de planes, operativos y comunicados después, las minas siguen activas. Eso no es un problema de implementación. Es un problema de voluntad política y de diseño estratégico.

Y mientras no se reconozca así, el occidente de Michoacán seguirá pagando el costo de esa ficción institucional con vidas y con territorio.

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Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5: 25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com y síguelo en redes sociales como @guerrerobaenamx Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.