En la entrega anterior de esta columna documenté los datos que el Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026–2029 de la FGR prefiere no explicar: una tasa de conversión del 7.14% entre carpetas iniciadas y sentencias obtenidas, 94.6% de condenas por procedimiento abreviado sin juicio oral, 471 carpetas por delincuencia organizada en todo un año, y una percepción de corrupción que afecta a seis de cada 10 ciudadanos.
Corresponde ahora hacer lo que la crítica responsable exige: señalar con precisión qué políticas públicas concretas pueden corregir lo que el plan evitó enfrentar, y emitir el veredicto final sobre un documento que tiene todas las palabras correctas y ninguna de las decisiones valientes.
Porque el problema de fondo no es técnico.
Las Unidades de Fusión Operativa, la matriz de priorización criminal con sus ocho criterios de evaluación, el enfoque de inteligencia financiera y el diagnóstico territorial por regiones son propuestas sólidas que merecen reconocimiento.
El problema es que están diseñadas para una Fiscalía políticamente autónoma, presupuestalmente responsable y socialmente evaluada.
Esa Fiscalía no existe en México. Y el plan no contiene una sola medida para crearla.
Antes de las propuestas, es necesario nombrar con precisión lo que el plan decidió no escribir, porque esas ausencias son en sí mismas una política: la política del silencio cómodo.
No hay en el documento ninguna estrategia para investigar a funcionarios del gobierno federal en ejercicio.
No hay diagnóstico sobre la impunidad en casos de violaciones a derechos humanos atribuidas a fuerzas militares. No hay ninguna mención a la crisis de periodistas asesinados ni a los defensores de derechos humanos amenazados, en un país donde esas cifras ubican a México entre los más letales del mundo para ambos grupos.
No hay autocrítica sobre las condenas por lavado de dinero, que permanecen entre las más bajas de América Latina pese a décadas de reformas normativas.
Y el dato más grave de todos: la cifra negra del 90% — el porcentaje de delitos que no se denuncian — se cita una vez en el diagnóstico territorial del Sur-Sureste y no vuelve a aparecer.
Ninguno de los 10 ejes estratégicos tiene como objetivo reducirla. Esto significa que el plan construye toda su arquitectura de resultados sobre el 10% de la criminalidad real que sí se registra, y declara éxito o fracaso con base en una fracción estadísticamente no representativa del problema que pretende resolver.
Las propuestas que siguen no son ideales académicos.
Son políticas públicas ejecutables, referenciadas en los propios déficits que el plan reconoce y en experiencias comparadas que han funcionado en contextos de institucionalidad débil y alta penetración criminal del Estado.
Primera reforma: Evaluación externa vinculante con consecuencias reales. Crear mediante reforma legislativa un Consejo de Evaluación Independiente de la FGR, integrado por académicos especializados, organizaciones de víctimas con legitimidad comprobada y organismos internacionales como UNODC, con acceso garantizado a datos operativos reales y obligación de publicar informes semestrales sin filtro institucional. El consejo debe tener la facultad de recomendar la remoción de mandos medios ante incumplimiento sistemático de metas. Sin evaluación externa con consecuencias, ningún plan puede cumplirse porque ningún incumplimiento tiene costo.
Segunda reforma: Fiscales anticorrupción internos con autonomía real. No comités de ética ni talleres de valores: fiscales especiales con poder pleno de persecución penal contra servidores públicos de la propia institución, nombrados mediante concurso abierto con participación de la sociedad civil, protegidos por inamovilidad durante su periodo y con presupuesto propio que no dependa de la Fiscal General. Colombia, tras el colapso institucional de los años noventa, construyó sus mecanismos de depuración interna exactamente desde ese modelo. No hay razón técnica para que México no pueda hacerlo.
Tercera reforma: Presupuesto etiquetado por eje estratégico con revisión legislativa anual. El plan no asigna un solo peso a ninguno de sus diez ejes. Eso no es planeación: es una lista de intenciones. El Congreso debe exigir, como condición del ejercicio presupuestal de la FGR, una desagregación del gasto por objetivo estratégico con indicadores de resultado verificables por el Consejo de Evaluación independiente. Una institución que no rinde cuentas financieras por objetivo no puede rendir cuentas de resultados.
Cuarta reforma: Programa nacional de reducción de cifra negra como política de Estado prioritaria. Diseñar e implementar en los 61 municipios prioritarios que el propio plan identifica un modelo de denuncia multicanal — incluyendo denuncia anónima digital con protección criptográfica, módulos itinerantes de recepción y alianzas con organizaciones comunitarias con presencia territorial real — con metas anuales verificables de reducción de la brecha entre incidencia real y carpetas iniciadas. Mientras la cifra negra se mantenga al 90%, todos los índices de éxito del plan son estadísticamente irrelevantes.
Quinta reforma: Declaración operativa de igualdad investigativa frente al poder. Mediante reforma a la Ley de la FGR, establecer que ningún cargo público — incluyendo del Ejecutivo Federal y de las Fuerzas Armadas — confiere inmunidad de facto frente a la investigación ministerial, y crear un protocolo operativo con sanciones específicas para el fiscal que archive un caso por presión política documentable. El principio ya existe en la Constitución. Lo que no existe es el mecanismo que lo haga cumplible y verificable. La diferencia entre un principio y una política pública es exactamente ese mecanismo.
La FGR tiene hoy el plan estratégico más elaborado de su historia.
Tiene también la misma percepción de corrupción de hace 10 años, la misma tasa de condenas por procedimiento abreviado, la misma promesa incumplida del Servicio Profesional de Carrera y la misma ausencia de investigaciones que incomoden al poder. La sofisticación retórica del documento no cambia esa ecuación. En todo caso, la hace más difícil de ver porque la envuelve en un lenguaje técnicamente impecable.
México no tiene un problema de metodología de investigación criminal. Tiene un problema de instituciones diseñadas para parecer autónomas sin serlo, de pactos de gobernabilidad que incluyen selectividad explícita en la persecución penal, y de una clase política que aprendió hace mucho tiempo que el mejor instrumento de control no es una fiscalía sometida sino una fiscalía que se autolimita con elegancia.
El Plan Estratégico 2026–2029 es, en ese sentido, un documento que merece ser leído con mucho cuidado: no solo por lo que dice, sino por lo que, con toda precisión técnica y toda deliberación política, prefiere callar.
La pregunta que los ciudadanos deberían hacerle no es si sus propuestas son modernas. Lo son. La pregunta es más simple y más brutal: ¿a quién investigará la FGR cuando investigar resulte políticamente costoso?
Mientras esa pregunta no tenga una respuesta institucional verificable, todo lo demás — las Unidades de Fusión, la inteligencia financiera, la matriz de priorización, el nuevo modelo de investigación — es arquitectura perfectamente diseñada construida sobre arena.
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Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5: 25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
