El hermetismo oficial habla más que cualquier comunicado.
Cuando un gobierno tarda en confirmar quiénes murieron, cómo murieron y bajo qué marco legal operaban, la opacidad se convierte en confesión involuntaria.
Lo que se sabe es fragmentario pero revelador: la operación tenía escala, coordinación logística y un nivel de inteligencia previa difícilmente alcanzable por una fiscalía estatal actuando en solitario.
Los laboratorios desmantelados en zonas de alta peligrosidad serrana no se localizan con recursos propios de una institución cuyo presupuesto operativo es históricamente insuficiente. Alguien aportó inteligencia técnica. Alguien aportó capacidades. Y ese alguien no habla español como lengua materna.
La arquitectura jurídica que nadie respeta
El marco legal mexicano es meridianamente claro —y conveniente para ser ignorado. La Ley sobre la Celebración de Tratados, la Ley de Seguridad Nacional y los propios criterios de la Suprema Corte establecen que cualquier presencia de personal operativo extranjero en territorio nacional debe estar amparada por convenios formales, notificación a la Secretaría de Relaciones Exteriores y autorización explícita del Ejecutivo Federal.
La Iniciativa Mérida —hoy reformulada como Marco Bicentenario— establece canales institucionales precisamente para evitar la improvisación que cuesta vidas.
En la realidad operativa, estos protocolos son papel mojado con frecuencia lamentable.
Las agencias estadounidenses —DEA, FBI, HSI, CIA en sus vertientes de inteligencia— llevan décadas operando en México bajo distintas coberturas: agregadurías diplomáticas, programas de "asistencia técnica", capacitación y, en los casos más discretos, participación directa en operativos con contraparte mexicana.
El Estado mexicano lo sabe, lo tolera y en ocasiones lo solicita. Luego lo niega.
